Antifraude investigará el presunto caso de corrupción y acoso laboral en la Diputación de Barcelona
CGT de la Diputación de Barcelona y CUP Poble Actiu Diputació han llevado al Tribunal Antifraude de Catalunya el presunto caso de de corrupción, acoso laboral y sexual en la Diputación de Barcelona que avanzó Catalunya Plural hace cerca de un año. La Diputación de Barcelona habría repartido entre empresas y fundaciones privadas catalanas un mínimo de un millón de euros de las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo que normalmente iban hacia proyectos de cooperación en los países pobres, según se desprende de la documentación desde 2012 analizada por Catalunya Plural.
En 2011, después de las pasadas elecciones municipales, Convergència i Unió (CiU) conquistó la institución supramunicipal de la provincia de Barcelona y durante el mandato modificó sustancialmente las políticas de cooperación al desarrollo. El máximo responsable del reparto de los fondos de Cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona era Jordi Castells Masanés, director de Relaciones Internacionales. Castells Masanés aterrizó en el lugar de la mano de Jordi Matas, ex coordinador general de la entidad, que fue destituido en 2012 en trascender sus negocios con la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando su presidente era el hoy máximo responsable de la Diputación, Salvador Esteve, y Matas era también su coordinador general a la entidad municipalista.
La CUP ha destacado que a lo largo de este año desde la sección sindical de la CGT de la Diputación de Barcelona se ha hablado con trabajadoras del área. Además de recibir el testimonio de diferentes anónimos. Finalmente han tenido acceso a los expedientes del área mencionada para saber las malas praxis y posibles corrupciones y las situaciones de riesgos laborales para las trabajadoras que ha habido en los últimos años.
Este martes se ha presentado la exposición de los hechos así como los expedientes correspondientes para que el Tribunal Antifraude de Catalunya adopte las medidas necesarias para corregir las posibles irregularidades administrativas producidas. Al mismo tiempo, en caso de apreciar indicios de ilícito penal, se ha puesto toda la información disponible y resultado de las actuaciones a disposición del Ministerio Fiscal.
