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CATALUNYA

El Ayuntamiento de Barcelona compra un edificio para evitar que un fondo de inversión expulse a sus inquilinos

El banco propietario del edificio había iniciado los trámites de venta a un fondo de inversión que comunicó a los vecinos que los expulsaría

El consistorio barcelonés ha estudiado si se habían producido situaciones de acoso inmobiliario

Edifici Carrer Leiva 37 de Barcelona

Edificio de la calle Leiva, 37 ©SANDRA LÁZARO

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido comprar el edificio número 37 de la calle Leiva para evitar que el fondo de inversión que lo iba a adquirir acabe expulsando a los actuales inquilinos, tal como se proponía. El consistorio ha ejercido así el derecho de tanteo antes de que el fondo, Vauras Investment SL, completara la compra del inmueble al actual propietario, una empresa que pertenece a BBVA. 

El fondo de inversión había comunicado a los vecinos que serían expulsados por la rescisión de los contratos de alquiler vigentes, puesto que su intención era revalorizar los pisos aprovechando la burbuja inmobiliaria del alquiler que vive la ciudad, y que este año ha llegado a precios históricos. El ayuntamiento había estudiado los casos denunciados de acoso inmobiliario como un caso paradigmático de la situación del mercado del alquiler en Barcelona. 

Apoyándose en los informes de sus servicios jurídicos, el Ayuntamiento ha decidido comprar el edificio por 2,75 millones de euros. En estos estudios, los técnicos del consistorio habían constatado que la propiedad pretendía traspasar la totalidad de la finca a un fondo de inversión sin comunicarlo a la administración. 

Precisamente, esta semana la Síndica de Greuges de la ciudad de Barcelona (la defensora del pueblo) ha recogido la queja de los vecinos y ha pedido la modificación la de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) tras constatar la compra de inmuebles enteros en la ciudad y la imposibilidad de defensa de los inquilinos que se encuentran en ellos. "No tiene ninguna justificación en unos momentos de alta especulación inmobiliaria", afirmaba, una situación que, añadía, es contraria a "la función social de la propiedad ".

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