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CATALUNYA

Barcelona expedirá una 'Tarjeta de Vecindad' para evitar el internamiento de migrantes en el CIE

La medida persigue acreditar frente a los jueces el arraigo y que no se pueda decretar el internamiento en el CIE o la expulsión de los vecinos

El Área de Ciudadanía del ayuntamiento plantea como objetivo que ningún vecino sea detenido en el CIE "mientras no conseguimos cerrarlo"

Junto a esta propuesta el Gobierno municipal anuncia la puesta en marcha de planes de empleo para facilitar la regularización

En una imagen de archivo, una de las naves ocupadas del barrio del Poblenou. / Edu Bayer

El Gobierno de Barcelona ha presentado esta mañana una batería de medidas para evitar la irregularidad sobrevenida. / Edu Bayer

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene su pulso con el Estado por el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y para evitar la deportación de vecinos de la ciudad. El Gobierno municipal de Ada Colau ha presentado este lunes una batería de medidas entre las que se encuentra la puesta en marcha, a partir de setiembre, de la expedición de una 'Tarjeta de Vecindad' que acreditará al menos la residencia de los vecinos durante un año en España y seis meses en la ciudad.

El documento recogerá los vínculos familiares, el conocimiento del entorno y la lengua o el estatus jurídico de los migrantes de la ciudad que se encuentren en situación irregular. El teniente de alcaldía y director del Área de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, ha recordado la "lucha que llevamos adelante para cerrar los CIE" para señalar que harán "lo imposible para que ningún vecino de la ciudad tenga que entrar mientras no consigamos cerrarlo".

Según los responsables municipales, este documento servirá como prueba para que los jueces reconozcan la situación de arraigo de los migrantes. Así, en caso de detención de una persona en situación irregular, el juez podría poner en marcha un procedimiento sancionador, pero el ayuntamiento espera que no decretase su internamiento en el CIE, en virtud del arraigo.

Asens ha contextualizado esta iniciativa con otras que ya se encuentran en marcha como el impulso a las cooperativas de vendedores ambulantes, los planes de empleo para las personas migrantes, y la implicación del ayuntamiento en las situaciones de irregularidad sobrevenida. Una implicación que el responsable municipal ha contrapuesto a la actitud del Gobierno central: "A diferencia del Estado, que tratan estas personas como números, nosotros las tratamos como personas". 

El cuarto teniente de alcalde ha asegurado que esta propuesta tiene como objetivo "apuntalar Barcelona como ciudad libre de CIE" que lidere "un paradigma de política migratoria diferente, con un pacto de ciudad donde todos los vecinos puedan ser tratados de forma igual". Asens se ha mostrado convencido de que esta iniciativa situará la ciudad en el "liderazgo en la lucha por una ciudadanía plena" y ha avanzado que otras ciudades se han interesado por las propuestas presentadas.

Planes de ocupación para la regularización

Fuentes municipales destacan que estas medidas no se concretan sólo con este documento que recoja la vecindad del titular, sino que parte del interés de la administración por "detener las amenazas de las deportaciones y ofrecer asesoramiento jurídico". Así, han recordado que aunque hay "personas que han hecho un gran esfuerzo para regularizar la situación, en una situación de crisis pueden caer de nuevo en la irregularidad" por encontrarse sin trabajo y no poder renovar su permiso de residencia.

Por ello, el consistorio detalla que se han puesto en marcha planes de empleo de 12 meses en Barcelona Activa, el organismo de promoción del empleo municipal, para facilitar la regularización. "Si las detectamos a tiempo, pueden cotizar en estos planes de formación", ha asegurado Lola López, comisionada de Inmigración del Gobierno municipal.

En la presentación de este programa municipal ha comparecido el Decano de del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, que ha denunciado la "hipocresía de un estado que no aporta soluciones, para que estas personas no pueden hacer nada, no les dejan ni respirar y en cambio el Estado no tienen ningún interés en buscar una solución". El decano de los abogados se ha felicitado del programa de medidas para que surjan "iniciativas que aprovechen el marco legal para construir en positivo".

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