La consulta venezolana en Barcelona se celebra en la calle en vez de en un centro cívico por falta de permiso municipal

La consulta organizada por la oposición venezolana en Barcelona sobre el proceso constituyente que impulsa el presidente del país, Nicolás Maduro, se ha tenido que celebrar este domingo en la calle por la falta del permiso municipal que permitiese llevarla a cabo en el Centre Cívico Joan Oliver, como estaba previsto.

Según ha informado el concejal del distrito de Les Corts, Agustí Colom, la Asociación Movimiento Libertador no había pedido el permiso municipal para realizar esta consulta en un espacio público como es el Centro Cívico del barrio de Les Corts, sino en uno privado. La organización no disponía así de la autorización que se requiere para montar un acto político en un centro cívico municipal, ha explicado.

Colom ha indicado que, junto a la falta de permiso, planes de protección y otros formularios, los “riesgos” de saturación del Centro Cívico (se espera que acudan 16.000 personas a votar), llevaron al consistorio a no autorizar la votación en el Centro Cívico. Por “prudencia y responsabilidad”, ha añadido el concejal, se optó por indicar a la plataforma que trasladara la votación a la calle.

El Ayuntamiento, ha dicho Colom, “ha facilitado la votación con condiciones de riesgo menores”. En este sentido, ha explicado que el consistorio ha cedido las mesas y las sillas para la votación, que se ha celebrado frente a las puertas del centro cívico. Además, la Guardia Urbana ha cortado la circulación de coches en la calle para garantizar la movilidad y la seguridad de la votación.

Colom ha garantizado que “evidentemente”, de haber tenido permisos, el consistorio habría autorizado a la organización a montar la consulta en el centro cívico, como se haría con “cualquier fuerza política que cumple con requisitos de legalidad y está debidamente registrada”.

Según Colom, el Ayuntamiento tuvo constancia de que la organización venezolana en Barcelona iba a instalar las urnas en el centro cívico ayer por la tarde, cuando un representante acudió a la Guardia Urbana para pedir “protección” por la gran afluencia de votantes que se esperaba para este domingo.

Por el contrario, la organización venezolana ha asegurado que habían presentado los documentos pertinentes para “alquilar” la sala principal del centro y habían abonado 800 euros para disponer de ella durante toda la jornada del domingo. En este sentido, la coordinadora de la Asociación y de la consulta, Adriana Rubial, ha asegurado a Europa Press que tomarán acciones legales, puesto que ha considerado que “ha sido una respuesta política”, y ha acusado al gobierno de Ada Colau de censurar y vetar esta consulta.