Barcelona regularizará la situación de familias vulnerables que ocupan pisos vacíos
La alcaldesa Ada Colau ha anunciado este jueves un nuevo paquete de medidas de vivienda, con la incorporación de 255 viviendas de la banca en el parque público. El Ayuntamiento prevé comprar 130 viviendas a entidades bancarias por debajo de precios de mercado, un 57% de las cuales están actualmente ocupadas. CaixaBank cederá por un período de 8 años un paquete de 50 viviendas para la gestión municipal, la mitad de ellas ocupadas. El pasado diciembre Colau anunció que la Sareb, el banco malo, que tenía 562 pisos vacíos declarados en la ciudad, cedería 200 viviendas al Ayuntamiento, 100 de las cuales están ocupadas. El ayuntamiento pagará 125 euros mensuales para los pisos que se ceden vacíos y 75 para los que se ceden ocupados. El paquete anunciado hoy incorpora también la compra de 74 pisos de grandes tenedores en régimen de tanteo y retracto y uno particular, que suman un total de 255 viviendas.
El consistorio aborda con un plan de actuación la problemática creciente de las familias que ocupan pisos vacíos en precario. Se calcula que en los distritos de Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí hay un total de 1.200 pisos ocupados: un millar son propiedad de entidades bancarias y 200 propiedad de particulares. Los barrios más afectados son Ciudad Meridiana, Besòs-Maresme y Trinitat Vella.
En este plan, que el concejal de Vivienda Josep Maria Montaner ha remarcado que es “transitorio y extraordinario” y se aplica a los pisos que compraron o que les han cedido, se prevé, como avanzó Catalunya Plural la semana pasada, que las familias que lleven más de dos años ocupando un piso y acrediten una situación de vulnerabilidad puedan regularizar su situación automáticamente. Los que lleven más de un año y demuestren arraigo en su barrio, también. En caso de que lleven menos de un año ocupando podrán optar con un informe de servicios sociales.
Montaner ha anunciado que la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) creada por el Ayuntamiento irá regularizando las viviendas ocupadas en precario, así como garantizando la actuación de la autoridad ante los grupos y redes que ocupan pisos ilegalmente con fines lucrativos. Han identificado que hay quien vende a familias los derechos de entrada al piso ocupado por dos o tres mil euros. Hay quien incluso vende las llaves o cobra un alquiler. En estos casos lo pondrán en conocimiento de la policía.
El papel de las entidades bancarias
El Ayuntamiento ha invitado a las entidades financieras a aplicar sus propios criterios para los pisos que tienen estén ocupados. “El principal problema que se encuentran las entidades es la ocupación irregular, pero las que están regularizando ocupaciones están aplicando criterios muy parecidos a los nuestros”, explica Javier Burón, gerente de la concejalía de Vivienda.
Ada Colau ha remarcado que “hay entidades bancarias que han colaborado más que otras”, y ha hecho referencia a la cesión de 200 pisos de la Sareb y 50 de CaixaBank. En cambio, la alcaldesa ha sido muy crítica con el BBVA, que con la incorporación de las viviendas de CatalunyaCaixa, es el principal tenedor de vivienda vacía de la ciudad según el registro de pisos vacíos de la Generalitat en que las entidades informan voluntariamente de sus pisos. “Sólo hemos podido adquirir a precios inferiores al mercado 67 viviendas de BBVA y CatalunyaCaixa y en cambio son más de 1000 los pisos que tienen declarados”.
Regulación del mercado de alquiler
El gobierno de Barcelona ha expresado una preocupación especial con el aumento de los precios del mercado de alquiler en la ciudad. El precio del metro cuadrado de alquiler durante los primeros nueve meses de 2015 subió un 7,4% en relación al 2014. Colau ha alertado del crecimiento de una nueva burbuja especulativa con los precios del alquiler. “Lo que no puede ser es que de forma pasiva desde las administraciones públicas se permita que se produzca un nuevo ciclo especulativo, si se deja solo en manos de la especulación ya sabemos lo que pasa, un desastre absoluto, una enorme vulneración derechos fundamentales ”, ha declarado la alcaldesa, que ha reclamado a la Generalitat y al gobierno del Estado medidas para regular el precio del alquiler.
