La Fiscalía archiva la investigación contra el número dos de Trias por pagar el alquiler del Banc Expropiat
La Fiscalía ha archivado su investigación al exteniente de alcalde de CDC Joaquim Forn y a cuatro técnicos municipales de Barcelona por pagar el alquiler del Banc Expropiat de Gràcia, pese a reprocharle que diera cobertura a una situación “ilegal, cuando no delictiva”. En un escrito, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, descarta responsabilidades penales en el pago del alquiler del local okupado del barrio barcelonés de Gràcia, que el Ayuntamiento sufragó durante cerca de un año con 65.500 euros, pero aprecia múltiples “irregularidades” e “incongruencias” en el expediente municipal para el arrendamiento del inmueble.
Tras meses de investigación, el ministerio público ha concluido que los responsables municipales no incurrieron en un delito de prevaricación ni malversación de dinero público por pagar un alquiler al propietario del local, dado que, por el principio de autonomía local, las corporaciones locales “tienen un margen de iniciativa para el acometimiento (y por tanto financiación) de servicios atípicos, expresamente contemplados en la ley pero tampoco excluidos, que redunden en beneficio de la comunidad vecinal”.
“Es justamente el pluralismo en la concepción de lo que redunda en beneficio o no de una comunidad lo que pertenece al ámbito de lo político y lo que solo políticamente debe ser dilucidado”, añade el ministerio público en su escrito. La Fiscalía descarta también el delito de malversación en el pago del arrendamiento porque el destino de ese dinero “no puede considerarse realizado en beneficio privado”.
No obstante, el ministerio público advierte de que al pagar el alquiler del local okupado el Ayuntamiento no solo “proporcionó cobertura a una situación manifiestamente ilegal” sino que, además, las razones y motivaciones que se esgrimieron para documentar dicha decisión “no fueron adecuadamente plasmadas en el expediente”, que según la Fiscalía adolece de “numerosas y flagrantes irregularidades”.
En opinión del ministerio público, el pago del alquiler del banco expropiado ocultaba “una decisión política sin precedentes, tributaria de las más contundente de las censuras”, ya que dio amparo a un comportamiento “claramente ilegal, cuando no delictivo, de un grupo indeterminado de personas legitimando, al menos temporalmente, su derecho de posesión sobre el local (...)”.
El desalojo del local, situado en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona y que estaba ocupado desde 2011, desencadenó manifestaciones de protesta que, en tres noches consecutivas, provocaron numerosos incidentes y cargas policiales en las calles del barrio barcelonés de Gràcia. Los okupas entraron en 2011 en el local, una antigua sede de Caixa Catalunya que entonces estaba abandonada y que compró posteriormente una empresa inmobiliaria.
El anterior gobierno de CiU pagó durante un año el alquiler del local okupado a su propietario, el empresario inmobiliario Manuel Bravo Solano. El consistorio convergente desembolsó 5.500 euros mensuales de dinero público, que según el portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn, se pagaron para dar tiempo a buscar soluciones. Este acuerdo era desconocido por los okupas y fue cancelado una vez tomó posesión el actual ejecutivo que encabeza Ada Colau.
