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Frente de ayuntamientos y partidos en Catalunya contra las subidas de alquiler del fondo Azora a decenas de familias

Miembros del Sindicato de Inquilinos en su acto a las puertas del Parlament

Pau Rodríguez

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El Sindicato de Inquilinos ha reclutado a los principales ayuntamientos de Catalunya y partidos políticos del Parlament en el pulso que mantiene contra el fondo Azora, que plantea subidas de alquiler “abusivas”, según la entidad, a decenas de familias de hasta once fincas distintas. Los consistorios de Barcelona, l’Hospitalet, Badalona, Terrassa y Granollers han respaldado la causa del sindicato en un acto frente el Parlament junto al president de la Cámara, Roger Torrent, y representantes políticos de JxCat, ERC, PSC, Comuns y CUP.

Los afectados han logrado de esta forma un amplio respaldo dentro del espectro político en una reivindicación que por ahora Azora no ha querido atender. El fondo de inversión, que a través de su filial Lazora gestiona unas 7.000 viviendas en toda España, mantiene su intención de incrementar los alquileres en estas fincas en hasta un 130%, y se niega a aceptar una negociación colectiva con todos los inquilinos. En total hay 250 familias viviendo en estos once bloques, repartidos por las cinco ciudades cuyos ayuntamientos han participado en el acto de este miércoles.

La finca en la que se dispararon las alarmas por primera vez fue una de Badalona, en el barrio Progrés, que se enteró en noviembre de 2019 que el propietario de sus 100 viviendas había pasado de ser Solvia -la inmobiliaria de Banc Sabadell- a Lazora. “En un primer burofax nos dijeron que mantenían las mismas condiciones contractuales, pero pronto empezó a haber los primeros casos de vencimiento de contrato y de subidas de hasta el 80%”, ha explicado junto a los partidos y autoridades Paqui, vecina del inmueble. Les planteaban subidas de 1.000 a 1.800 euros, aproximadamente.

“Es simplemente una locura, ni siquiera una familia con dos sueldos puede enfrentarse a eso”, lamentaba este jueves la mujer. Y tras contactar con el Sindicato de Inquilinos, se dieron cuenta que no eran los únicos perjudicados por la filial de Azora, sino que había más fincas en la misma situación. El problema es que ahora, tras denunciar conjuntamente las subidas y negarse a aceptarlas, los afectados denuncian que Lazora ya ni siquiera les plantea estos aumentos, sino que ha empezado a comunicar a algunos vecinos que directamente no les renovará.

El acto de este jueves les ha servido también a los vecinos para presumir de apoyos en una semana que se antoja clave para ellos, con una manifestación el domingo en Badalona para exigir a Azora que se siente a la mesa a negociar. Además, en los cinco consistorios citados se han aprobado -o se hará, en el caso de Barcelona, el viernes- declaraciones institucionales a favor de las demandas de estos inquilinos. También han recibido el respaldo del Govern a través de la consellera de Justicia, Ester Capella, que finalmente no ha podido acudir a la concentración.

“Azora, junto a Blackstone y Cerberus, es la punta de lanza de la especulación que hoy ahoga a tantas familias”, ha denunciado el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya, Jaime Palomera, que les ha acusado de “influir en el mercado” del alquiler con unas subidas que luego otros rentistas y propietarios “imitan”. Palomera ha exigido que se regulen los precios del alquiler para evitar subidas desorbitadas y ha emplazado en este sentido a los partidos a pasar “de las palabras a los hechos”.

“¿De qué sirve subir el salario mínimo un 5% si te suben luego el alquiler un 40%?”, ha puesto como ejemplo el portavoz de la entidad, que ha defendido que la regulación del mercado de la vivienda ha de servir para que “vivir de alquiler sea sinónimo de estabilidad”.

Más allá de Catalunya, Lazora es conocida en varios municipios madrileños por haber adquirido carteras de pisos de protección oficial durante los años crisis. Se trata de una firma que en 2018 tenía unas 6.800 casas en toda España, lo que la convierte en un gigante del alquiler y uno de los principales caseros del país, más aún si se cuentan los pisos, en total 15.000, de la gestora inmobiliaria a la que pertenece: Azora.

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