Las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 han provocado un escenario inédito en la ciudad de Barcelona. Con la derrota del alcalde Xavier Trias ante la candidatura encabezada por Ada Colau, junto con el hundimiento del PSC y del PP –superados por ERC y Ciutadans–, se abre un incierto periodo de negociaciones para formar gobierno y dotar a la ciudad de un plan de actuación municipal para los próximos años.
La victoria de Barcelona en Comú (BeC), y la pérdida de apoyos de los partidos tradicionales, ha puesto de manifiesto la voluntad de cambio entre el electorado barcelonés. Una voluntad de cambio con un marcado contenido de carácter social, en la medida en que la victoria de la nueva coalición de izquierdas se ha construido sobre la base del apoyo de los seis distritos más populares de la ciudad, los mismos que tradicionalmente habían forjado las mayorías socialistas en el consistorio.
Sin embargo, el resultado requerirá construir pactos entre tres o más fuerzas políticas si se quiere dotar al nuevo gobierno de una mayoría suficiente en el plenario. Por lo tanto, es el momento de preguntarse: ¿hay margen para un acuerdo programático para hacer posible una mayoría en el plenario? La cabeza de la lista más votada ya ha expresado su preferencia para construir una mayoría con ERC-MES y la CUP, pero la CUP ya ha expresado que no formará parte del gobierno municipal. Por tanto, parece oportuno preguntarse si Barcelona en Común, ERC-MES y el PSC se podrían poner de acuerdo para aprobar un Programa de Actuación Municipal (PAM) para el próximo mandato.
Parece claro que el modelo de ciudad se ha puesto en cuestión, pero habrá que reconstruirlo a partir de nuevas bases. Tomando como referencia tres ámbitos principales de la acción municipal (la política social y urbana, el desarrollo económico y la participación ciudadana) en este artículo analizamos las similitudes y las diferencias entre los programas de estas tres fuerzas políticas.
Política social y urbana
En relación a la política urbana, hay una clara coincidencia en la idea de que el barrio es la unidad básica de actuación sobre la que hay que planificar y gestionar la ciudad. Los 73 barrios de Barcelona son, por tanto, piezas claves del urbanismo social que defienden las tres fuerzas políticas. Un urbanismo que debe ser una herramienta para la mejora social a través de la apuesta prioritaria para la rehabilitación de barrios.
En este sentido, resulta relevante la visión compartida entre BeC y el PSC de convertir la inversión en los barrios en un motor para la recuperación económica de la ciudad y la cohesión social, recuperando el espíritu de la Ley de Barrios aprobada por el gobierno de izquierdas presidido por Pasqual Maragall en 2004. Barcelona en Comú propone la inversión de 120 millones de euros en 12 barrios prioritarios de la ciudad: Ciutat Meridiana, Verdum, Roquetes, Can Peguera, La Guineueta, Turó de la Peira, Trinitat Vella, Bon Pastor, Verneda-La Pau, Besòs-Maresme, La Marina-Zona Franca y la Bordeta. Por otra parte, el PSC propone una inversión de 15 millones de euros al año en 10 barrios que coinciden parcialmente con los anteriores.
Las inversiones en ambos casos pasan por la mejora de las viviendas, el espacio público y los equipamientos, así como la regeneración de espacios y la dotación de un nuevo uso a los locales vacíos. El objetivo de estas medidas es que la inversión pública se convierta en una palanca de creación de puestos de trabajo, especialmente en el sector de la rehabilitación residencial y urbana; el PSC, en su plan RUMB, cifra en 10.000 los puestos de trabajo directamente vinculados a este sector durante los próximos cuatro años.
La principal divergencia entre BeC y PSC sería la apuesta por las grandes infraestructuras: el PSC propone una inversión de más de 2.000 millones de euros en infraestructuras estratégicas de la ciudad (Sagrera, L-9, conexión del Puerto con el corredor mediterráneo...) mientras que Barcelona en Comú afirma que hay que repensar algunas de estas grandes infraestructuras dando una escala más humana a grandes proyectos como el de la Sagrera. En este aspecto, la posición del PSC es más cercana a la que defiende ERC, que pone un especial énfasis en la participación de la ciudad en la gestión de las grandes infraestructuras.
El programa de ERC-MES también pone énfasis en la necesidad de utilizar el urbanismo como herramienta de progreso social, declarándose herederos del urbanismo de Pasqual Maragall. Su Plan Bosch de Urbanismo Social subraya la necesidad de conectar mejor los barrios de la ciudad para cohesionar Barcelona. El Plan apuesta por la necesidad de impulsar un nuevo planeamiento en la ciudad, que una los espacios centrales con las nuevas polaridades, creando nuevos espacios para el desarrollo económico basados en el impulso de una nueva industria verde.
En este sentido, un proyecto clave para ERC-MES –que coincide con una propuesta del PSC– es la apuesta para cubrir progresivamente las rondas de Barcelona, para que sean espacios de conexión entre barrios y sus ciudadanos. Una gran “ronda verde” que se convierta en un nuevo eje urbano que fomente la movilidad sostenible.
Desarrollo económico
En relación al crecimiento económico, las tres fuerzas políticas apuestan por fomentar la reindustrialización con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo y defienden el comercio de proximidad y tradicional en Barcelona como elemento definidor del tejido socioeconómico de la ciudad y como ayuda a la cohesión social de los barrios barceloneses. Pero BeC es más tajante en la necesidad de paralizar la ampliación de centros comerciales ya existentes y ERC-MES tiene una posición menos intervencionista en el fomento de la actividad económica, en la medida en que defiende que la administración actúe como apoyo a la actividad emprendedora a partir de una nueva “Agencia de Desarrollo y Empleo”. En cambio BeC y PSC parecen coincidir en la apuesta por la inversión pública como motor de la recuperación económica.
En relación a la innovación, tanto el PSC como BeC mantienen una posición crítica con la estrategia de smart city liderada por Xavier Trias, mientras ERC tiene una posición más cercana a CiU en este ámbito, planteando la creación de la Barcelona Digital Academy. El PSC, por su parte, propone dedicar un 10% del presupuesto municipal a la investigación e impulsar la creación de fablabs a disposición de los emprendedores, mientras Barcelona en Comú defiende que los nuevos sectores económicos, así como la actividad generada entorno de grandes eventos como el Mobile World Congress, revierta positivamente en los barceloneses y encaje mejor en el tejido económico y social de la ciudad.
En cuanto al turismo, subsector que tiene un fuerte impacto en Barcelona, las tres fuerzas políticas coinciden en la necesidad de aplicar una moratoria a la expansión de los apartamentos turísticos y de regular más y mejor el impacto del turismo en la ciudad. El PSC incide en la necesidad de una mayor regulación del comercio y en el liderazgo municipal en la gestión del turismo, pero es la formación que encabeza Ada Colau quien presenta un programa más contundente para intentar revertir la situación actual.
Barcelona en Común defensa aplicar una fiscalidad más dura para que los beneficios del turismo reviertan de manera directa en la ciudad, recabando íntegramente la tasa turística y destinándola a proyectos decididos con los vecinos. Apuestan por ayudar al pequeño comercio y desarrollar el alquiler social en los barrios con mayor presión turística, y desarrollar unas ordenanzas más contundentes para hacer frente al incivismo derivado del turismo. Propuestas que sólo son parcialmente asumidas por ERC y el PSC.
Participación ciudadana
Finalmente, en relación a la participación ciudadana, Barcelona en Comú ha hecho bandera de una nueva forma de gobernar que tenga en cuenta permanentemente la opinión de los ciudadanos. En Barcelona existen múltiples órganos de participación, de carácter territorial y sectorial, y el proyecto liderado por Ada Colau apuesta claramente por dar más poder a los Consejos de Barrio, que en este modelo debería tener capacidad decisoria. En esta idea coincide con ERC-MES. En cambio, el PSC apuesta por mantenerlos como órganos de participación y relación entre vecinos y administración, pero no como órganos de decisión.
En lo que sí coinciden las tres fuerzas políticas es en la elección democrática de los Consejeros de Distrito por parte de los vecinos y vecinas y en avanzar hacia unos presupuestos participativos en los que los ciudadanos puedan decidir de forma directa una parte de las inversiones públicas. Barcelona en Comú apuesta porque el 5% del presupuesto de la ciudad sea debatido entre toda la ciudadanía a través de los distritos, el PSC propone consultar a los ciudadanos el 10% de los presupuestos de los distritos para que fijen las prioridades de inversión y ERC-MES no define ninguna cifra, aunque recoge la voluntad de promover un presupuesto participativo, donde se definirán el volumen de las inversiones y la prestación de algunos servicios.
En este ámbito, Barcelona en Comú mantiene una posición más clara, defendiendo que es necesario un debate ciudadano en todos los grandes proyectos y grandes inversiones de ciudad, abriendo la puerta a la celebración de consultas ciudadanas antes de tomar estas decisiones. Consultas que tendrían su antecedente en la consulta sobre la reforma de la Diagonal, promovida por ERC y liderada por el PSC en 2010, con un resultado nefasto para el gobierno municipal.
El próximo 13 de junio se constituirá el plenario del Ayuntamiento de Barcelona que deberá elegir un nuevo alcalde o alcaldesa por la ciudad. Ada Colau será elegida probablemente en segunda votación como cabeza de la lista más votada, ya que es improbable que se construya una mayoría alternativa de 21 concejales con otro candidato a alcalde. Pero el trabajo de gobernar Barcelona comenzará el día 13 de junio. A partir de entonces habrá que sentarse a hablar de proyectos concretos para intentar desarrollar un programa de gobierno coherente sustentado con un presupuesto que permita llevar a cabo sus actuaciones.
Los programas de las tres principales fuerzas de izquierdas, como hemos apuntado en este artículo, tienen más similitudes que divergencias y sería de esperar que puedan llegar a los acuerdos necesarios para desarrollar sus propuestas, que han recibido un apoyo mayoritario de los barceloneses. El Programa de Actuación Municipal (PAM) de este nuevo mandato, que deberá contar con la participación directa de los ciudadanos y necesitará el apoyo de una mayoría del plenario, puede ser el instrumento más útil para construir un acuerdo amplio.
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