Colau amenaza con expropiar para vivienda pública los solares inactivos durante más de dos años
Nueva medida del gobierno de Ada Colau para ampliar el parque de vivienda asequible en Barcelona. La alcaldesa ha firmado un decreto que prevé la creación de un registro de solares inactivos, con la finalidad última de que sus propietarios edifiquen en ellos bajo amenaza de expropiación si no lo hacen en un período de dos años. La medida, según ha anunciado la cuarta teniente de alcaldía Janet Sanz, debe servir para “movilizar los solares privados que estén en desuso” en la capital catalana y que “no cumplen con su obligación de edificar”.
Pese a que el registro se ha creado este mismo martes, con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, la efectividad de la medida va para largo. Aparte de recabar información sobre los solares de la ciudad, el gobierno municipal deberá sacar adelante una modificación del Plan General Metropolitano, para el que necesita el consenso del pleno, para especificar cuál es el plazo máximo de inactividad de un solar, que prevén que sea de dos años. Así, Sanz ha calculado que no prevén ninguna expropiación antes de 2020.
De hecho, su objetivo, ha detallado la teniente de alcaldía, no es necesariamente adquirir las fincas, sino forzar a los propietarios a que cumplan con la obligación de edificar, tal como queda establecido en la ley catalana de urbanismo. Esta norma estipula que los propietarios deben construir vivienda en aquellos solares en los que haya construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas, aunque deja a manos de los ayuntamientos que fijen el plazo a partir del cual se considera que el solar está inactivo. La ley contempla también la creación de registros como el que ha estrenado el consistorio barcelonés, aunque muy pocos municipios lo han desarrollado.
Sanz considera asimismo que el registro impedirá que algunos propietarios retengan las fincas sin edificar con “voluntad especulativa”. Si lo hacen durante durante más de dos años, el Ayuntamiento los inscribirá en la lista de solares inactivos, con lo que se abrirá un plazo de otros dos años durante el que el consistorio podrá ejercer el derecho de expropiación, compra o sustitución forzosa de la propiedad.
En el plano político, la administración de Colau no lo tendrá fácil para convencer a los partidos de la oposición sobre la medida. Antes de verano ya le costó convencer a PSC y ERC de que aprobaran otra modificación del PGM, la que debe forzar a las promotoras inmobiliarias a destinar al menos un 30% de las viviendas a uso social. Esta vez los socialistas han salido al paso del anuncio para calificarlo de “improvisación” que difícilmente tendrá “efectos reales”.
