Tres medios de comunicación llevan la ley mordaza al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La coordinadora Defender a Quien Defiende (DQD) ha presentado este martes la primera demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente denominada como Ley Mordaza. La denuncia está firmada por tres medios de comunicación, Ahotsa, Diagonal y La Directa, que en calidad de “víctimas potenciales” se personarán como acusación particular en el caso.
La presentación formal de la demanda ha ido acompañada de un acto al que han asistido Anaïs Franquesa (abogada de Iridia y de DQD), Felipe Daza (coordinador DQD), así como la periodista Gemma Garcia y fotoperiodista Anna Celma (La Directa). Franquesa ha expuesto que la demanda se fundamenta en las “restricciones” del derecho a la información que se concretan en el artículo 36.23 de la ley, que considera infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales” de miembros de los cuerpos policiales. Este artículo, según la abogada, vulnera los artículos 10 y 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Franquesa ha criticado además el redactado “ambiguo” del artículo, que abre la puerta a “arbitrariedades” –ha asegurado– que tienen como único objetivo conseguir la autocensura de los profesionales de la información. “Cuando se habla del 'uso' de estas imágenes no se concreta si es su captación, su reproducción... Buscan que los profesionales no sepan si cumplen la ley y así opten por censurarse”, opina.
Los tres medios han presentado la demanda como “víctimas potenciales” porque esta es una fórmula prevista por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para colectivos afectados por leyes que interfieren en el ejercicio de derechos establecidos en su convenio. En el caso del medio navarro Ahotsa, sin embargo, su calidad de víctima está más cerca de la realidad que de la potencialidad.
El 30 de septiembre de 2015 recibieron una advertencia de la Delegación del Gobierno en Navarra, que les acusaba de haber grabado un vídeo en el que aparecían algunos agentes de policía en un operativo en la Taberna Ezpala. En la misiva la Delegación les recordaba que podrían haber cometido una “infracción grave” de la ley, y los conminaba “evitar este tipo de hechos” en adelante.
Las periodistas de La Directa han remarcado la necesidad de “seguir ejerciendo la profesión desde la calle y combatir esta ley por todos los medios posibles, hay que habilitar todos los mecanismos jurídicos y políticos, estatales e internacionales, para frenar su aplicación”. En esta línea, Anna Celma ha destacado: “las prácticas represivas a la prensa ya se sucedían anteriormente, pero ahora hay un marco legal que pretende ampararlas”.
La coordinadora DQD agrupa activistas defensores de los derechos humanos, juristas y periodistas de todo el Estado, y cuenta con el apoyo de los tres medios de comunicación citados en calidad de “víctimas potenciales”. Con esta denuncia, DQD ha querido resaltar que el Gobierno “vulnera el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales para la vida democrática”.
