Las Ampas erigen como uno de los garantes de la igualdad educativa en tiempos de crisis

Las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros educativos catalanes son uno de los garantes de la equidad en materia educativa. Cuando la crisis económica golpea con mayor intensidad a las familias, algunos niños y niñas tienen la oportunidad de acceder a actividades extraescolares, el servicio de comedor o a los libros de texto porque son las Ampas las que lo gestionan mayoritariamente. Esta es una de las conclusiones que se derivan del informe El potencial de las familias para cambiar la escuela, que ha presentado este viernes “Familias con Voz”, un proyecto dentro de la Fundació Jaume Bofill que con este primer estudio demuestra la fortaleza actual de las Ampas -en contra de lo que pueda parecer- y reclama que se tenga más en cuenta lo que las familias pueden aportar a la educación.

Por medio de una encuesta a 1.228 asociaciones de padres, cerca del 40% de las existentes tanto en centros públicos como concertados y privados, el estudio muestra como un 73% de las Ampas de escuelas públicas ofrecen de manera exclusiva las actividades extraescolares de sus centros, como el 76% hace lo mismo con el suministro de los libros -con la ayuda o no del centro-, y como en el 54% de los centros son las familias las que autogestionan el servicio de acogida matinal. En el caso de los comedores escolares, las Ampas que se hacen cargo de manera autónoma de esta oferta representan el 34% del total, que asciende al 80,5% si la organización es conjunta con el centro.

“En muchos casos están amortiguando las desigualdades que causa la crisis”, expresa Marta Comas, directora de Familias con Voz. Un ejemplo es el hecho de que con los retrasos en el pago de las becas comedor en algunos centros han sido las asociaciones las que han asumido el gasto de sus bolsillos para evitar que ningún niño quedara excluido. Pero confiar en las Ampas tiene un peligro, alerta Comas, y es que son las propias familias las que las hacen viables económicamente. En 2010 la Generalitat les retiró todas las subvenciones -cerca de 4 millones en total y 380.000 euros a las federaciones de Ampas como Fapac y Fapaes-, de modo que, con un 60% de familias que les cuesta llegar a fin de mes-según cifras del INE-, las capacidades de muchas Ampas también están en la cuerda floja, sobre todo las que se encuentran en entornos socioeconómicos desfavorecidos.

En la continuación de este informe, que se presentará en octubre, se ofrecerán datos de las comparativas entre Ampas de entornos socioeconómicos variados, pero de momento el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, ya adelanta que generalmente “la oferta de las Ampas está relacionada con las cuotas que pagan los padres” y, por tanto, con el nivel de renta de las familias. Con la supresión de la sexta hora en los institutos, por ejemplo, Palacín califica la oferta complementaria de las Ampas casi como “un servicio de estado del bienestar que afecta, en este caso, la conciliación laboral”.

Más presencia de la familia en la escuela

Lejos de rehuir el debate, la Fundación Jaume Bofill propone a la Administración nuevas formas de relación entre las Ampas y las escuelas. Según Comas, hay que combatir la idea de que dar más poder de decisión a las familias convertiría los centros en un “gallinero”, y Palacín pone el ejemplo de que, en un cambio que las afecta tan de cerca como es la introducción de la jornada compacta -horario sólo de mañana-, las familias deberían poder decir la suya.

Desde la fundación, en este sentido, se ponen tres retos. En primer lugar, mejorar el reconocimiento de las familias, cuyo papel no es periférico, como suele pensarse, sino “estructural”, como defiende Comas. En segundo lugar, “garantizar la viabilidad de las actuaciones de las Ampas”, dada su función igualadora entre los niños de familias con recursos económicos diversos. En este sentido, la fundación no hace propuestas concretas pero sí pide un replanteamiento de la financiación de estos organismos. Y, por último, los coordinadores del estudio proponen que “se dejen de hacer políticas para familias y se empiecen a hacer políticas educativas con las familias”.

Una red de Ampas robusta

Contra “el tópico de que en las Ampas sólo hay cuatro personas ajetreadas”, el informe presentado hoy revela que hasta 400.000 personas están afiliadas a asociaciones de padres y madres de escuelas catalanas, tanto públicas como privadas. En total, el 81% de las familias participan de estos organismos escolares, y un 97% de las escuelas tienen Ampa. Ciertamente, menos de un 20% de los afiliados toman parte de las asambleas de sus Ampas pero, según el estudio, la participación aumenta hasta un 60% cuando se trata de organizar actividades.