El departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya suprimirá para el curso 2013-2014 un total de 73 líneas del primer curso de infantil, el llamado P-3, 61 de las cuales pertenecen a la escuela pública. La decisión la ha tomado la consellera, Irene Rigau, a la vista del descenso demográfico que ha experimentado la población catalana en los últimos años: en 2008 se llegó al pico de 89.024 nacimientos, mientras que en 2011 bajó hasta 80.861, una caída que, sumada a la situación de crisis económica en que vive inmersa la Generalitat, obliga, según el departamento, a reordenar el número plazas a la espera de que se publique la lista definitiva para las preinscripciones del próximo curso.
La reestructuración, como la denomina la consellería, afectará a decenas de centros de todo el territorio catalán, que deberán eliminar una de sus líneas de P-3, pero es una mala noticia especialmente para siete colegios. Dos de ellos deberán echar el cierre a final de curso y se integrarán en otros centros. Es el caso de El Castell, de Tona (Osona), y Can Motlló, de Terrassa. Otras tres escuelas, Poble Nou, de Pineda de Mar; Xarau, de Cerdanyola, y Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, se veran sometidas a un cierre progresivo. Esto es, se suprimirán todas las líneas de primero de infantil y el centro se irá vaciando a medida que pasen los cursos. Y finalmente, habrá tres escuelas que cerrarán también sus grupos de P-3 pero que, a su vez, la Generalitat asegura que se irán reconvertiendo en institutos. Se trata de los colegios Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor, y Sant Baldiri, de Lliçà d'Amunt.
En el caso del centro Xarau de Cerdanyola, sin embargo, su futuro ha cambiado en las últimas horas. Después de que la comunidad educativa de la escuela se manifestara este lunes ante el Ayuntamiento del municipio, y tras anunciar más movilizaciones para este miércoles, la Generalitat ha rectificado parcialmente. En una reunión con la alcaldesa, la consellera Rigau cedió: Xarau podrá mantener una de sus líneas de P-3 abiertas el curso que viene siempre que consiga más de 20 alumnos en el aula. Pero solo el curso que viene, de modo que el Ayuntamiento ya ha asumido que el cierre definitivo llegará, aunque un curso más tarde.
Por otro lado, a partir del próximo curso, y aduciendo a la misma razón demográfica, la Generalitat abrirá en primaria un total de 353 nuevos grupos (317 en la pública; el resto, en la concertada), y en secundaria (ESO), 61 más (32 en la pública y 29 en la concertada). De hecho, aunque haya bajado la natalidad estos últimos años, el número de alumnos sigue creciendo en primaria y secundaria, y lo hará hasta el año 2022.
Se extienden las protestas en las escuelas afectadas
La noticia de los cierres y reestructuraciones se ha ido extendiendo estos días por Cataluña, a medida que los Servicios Territoriales locales iban comunicando a los centros los planes de la conselleria de Rigau. Es el caso de lo ocurrido en Cerdanyola, pero también en la escuela El Castell, donde ya la semana pasada empezaron las protestas contra el temor -ya confirmado- de la clausura, y este mismo lunes el Ayuntamiento aprovó de urgencia y por unanimidad una moción en la que alerta a la Generalitat de que el centro que deberá absorber los alumnos en septiembre, la escuela Era de Dalt, no tiene capacidad para ello.
Tampoco se quedaron de brazos cruzados cuando recibieron la noticia en la escuela Joan Corominas, de Mataró, que deberá suprimir una de sus líneas en septiembre. El pasado viernes organizadon una acampada dentro del centro con casi un centenar de padres, madres y alumnos. “El modelo pedagógico es un referente en innovacion, centrado en la comunidad de aprendizaje, muy parecido a lo que la Generalitat quiere impulsar”, defendía el presidente del AMPA, Enric Castellà, indignado por la decisión tomada por el departamento de manera unilateral.
Las circunstancias de cada escuela afectada son muy variadas, pero la Generalitat asegura que se ha tenido en cuenta, a la hora de cerrar líneas, la tendencia demográfica local, las ratios reales de algunas aulas y las posibilidades de reubicación en otros centros. Con las arcas de la Generalitat vacías, el departamento ha considerado inaceptable que, en algunos casos, hubiera menos de 20 alumnos por aula. No se han contemplado, sin embargo, los proyectos pedagógicos particulares, algo que denuncian en su mayoría las familias de los centros afectados.
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