“Se declara extinguida, con efectos 1 de enero de 2014, la personalidad jurídica de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, prevista en el artículo 15.1 de la Ley 18 /2009, de 22 de octubre, de salud pública. El Govern establecerá la estructura mediante la cual el departamento competente en materia de salud debe llevar a cabo los objetivos y las funciones asignadas a la Agencia de Salud Pública de Cataluña”. Este es el texto que encabeza la enmienda presentada por los grupos parlamentarios de CiU y ERC a los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. Un texto que afecta de forma a similar la Agencia de Seguridad Alimentaria.
Lógicamente, la mayoría que conforman CiU y ERC permitirá aprobar esta enmienda que supondrá la degradación de esta Agencia de Salud Pública, que perderá su carácter de ente interdepartamental e independiente y pasará a depender de la secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud, que dirige Boi Ruiz. Esta medida está previsto que tenga efectos a partir del 1 de enero de 2014, aunque la enmienda se apruebe e incorpore a los presupuestos con posterioridad.
La Agencia de Salud Pública se creó en 2009, con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Parlament de Catalunya. Pretendía involucrar a todos los departamentos en la prevención y promoción de la salud de la ciudadanía. Tenía que poner en común los diferentes departamentos implicados en este tema e intentar potenciar la acción transversal. Tal y como consta en su web, la Agencia de Salud Pública de Catalunya trabaja con los departamentos de agricultura, ganadería y pesca, medio ambiente, relaciones laborales, bienestar social, protección civil, consumo y enseñanza, y el mundo local, a través de entidades municipalistas.
Ahora esta acción transversal desaparecerá y quedará sólo en manos de la conselleria de Salud.
Entre las funciones de la agencia está desde prevenir las epidemias y los consumos de riesgo hasta investigar sobre las causas y problemas de salud de la población, prevenir enfermedades transmisibles o infecciones. También vigilar el consumo de tabaco y alcohol, la práctica de deporte, el control alimentario o la contaminación.
Carme Borrell, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Profesora Asociada de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del CAPS (Centro de Análisis y Programas Sanitarios), recuerda que “la voluntad de la Agencia era que fuera independiente de las decisiones más políticas y de gobierno. Que llevara a cabo todos los aspectos técnicos de prevención, promoción y protección de la salud colectiva” y lamenta la decisión de eliminarla: “La voluntad de la ley era funcionar mejor que hasta entonces. Por ello se aprobó la Ley de Salud Pública y la creación de la Agencia de Salud Pública. Por eso se hizo esta apuesta, refrendada por todos. Cuando terminó el tripartito estaba a medio camino. Ahora lo que hacemos es volver atrás. Por eso lo vivo como un retroceso”.
El diputado de ICV David Companyon, miembro de la comisión de investigación de la sanidad catalana, denuncia la voluntad de suprimir la Agencia de Salud Pública y recuerda que hay un primer antecedente de esta voluntad del Gobierno, cuando presentaron un decreto-ley que fue anulado por el Consejo de Garantías porque entendía que no estaba justificada la urgencia de la extinción de la Agencia de Salud Pública. Ahora, sin embargo, esta extinción se ha incluido en las enmiendas de CiU y ERC a la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2014.
“Era una agencia novedosa y que ha tenido muy poco tiempo para desarrollarse”, recuerda Companyon, que explica que la Sociedad Española de Epidemiología califica la Agencia como “un ejemplo no sólo para España sino para la comunidad internacional”. Y que su eliminación ha causado “estupor” en el sector.
“El decreto rompe la espina dorsal de la Agencia y, sobre todo, su independencia”, lamenta el diputado de ICV-EUiA, que añade que “el cambio de dependencia administrativa tiene una importancia capital porque conlleva, además de la pérdida de categoría, el riesgo de que el consejero Boi Ruiz lo aproveche para privatizar o encomendar la gestión de competencias de la Agencia en sociedades privadas”.
Companyon resalta también que en las enmiendas que presentan CiU y ERC a la Ley de Medidas de Acompañamiento también prevén que el Instituto Catalán de la Salud pase a ser un proveedor más del Servicio Catalán de la Salud, poniéndolo al mismo nivel y consideración que los operadores concertados o privados, y la supresión de los Consejos Territoriales de Salud: “En el Departamento de Salud sufriremos una recentralización de todos los aspectos relacionados con la Salud”.
La doctora Carme Borrell considera que “la salud pública debe seguir funcionando. Si hay una epidemia, se deben poner todos los recursos para solucionarla. Igual con los mecanismos de prevención y debemos esperar que la secretaría de Salud asuma las funciones de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, pero su ventaja era que al ser un organismo independiente quedaba separado de la política del día a día”.
La impugnación del PP y Ciudadanos de los presupuestos de la Generalitat para incluir una partida dedicada a la preparación de la consulta soberanista retrasará el debate parlamentario de la supresión de la Agencia de Salud Pública en el mes de enero, pero todo apunta a que sus días están contados.
La pregunta que se cierne entre los expertos en salud pública es qué repercusión tendrá el cambio de ubicación y de funcionalidad de la Agencia Catalana de Salud Pública en cuanto a las desigualdades en salud.
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