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CATALUNYA

Pelotas de goma y mucho más

Amnistía Internacional denuncia la impunidad de las fuerzas de seguridad y reclama al Govern herramientas para que se respeten los derechos de las personas y se puedan evitar los abusos policiales

El pasado martes una representación de Amnistía Internacional Catalunya (AIC) comparecía ante la Comisión de Estudio del Parlamento de Catalunya sobre modelos de seguridad y uso de materiales antidisturbios. Más allá de la cuestión de prohibir o no las pelotas de goma, está en juego la necesidad de lograr mayores garantías democráticas y nuevas medidas de rendición de cuentas de las actuaciones de la policía para evitar nuevos abusos.

El contexto actual de manifestaciones en la calle por los efectos de la crisis y contra los recortes y las políticas de austeridad han provocado que en los últimos tiempos hayamos asistido a algunas actuaciones policiales que han vulnerado derechos. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de uso excesivo de la fuerza y ​​malos tratos por parte de fuerzas policiales en Catalunya y en el resto del estado. Recientemente, la organización también ha publicado el informe 'Actuación Policial en las Manifestaciones en la Unión Europea', donde se recogen casos documentados sobre el uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de armas "menos letales " como las pelotas de goma o los gases lacrimógenos, la obstrucción del acceso a asistencia médica y la detención arbitraria en países como España, Grecia o Rumanía.

Entendiendo siempre que la actuación policial en las manifestaciones no es nada fácil, hay que entender también que ésta, siempre y sin excepción, debe respetar el derecho internacional. Hay normas internacionales y directrices sobre buenas prácticas que la policía debe cumplir y que recuerdan, por ejemplo, que el uso de la fuerza policial sólo se hará cuando sea estrictamente necesario y siempre deberá ser proporcionado. Y no siempre ha sido así.

Los hechos de Plaza Catalunya de mayo del 2011 con el movimiento 15M, por ejemplo, mostraron cómo se vulneraba el derecho básico a la manifestación pacífica. Todos tenemos todavía en mente las imágenes del uso excesivo de la fuerza con la que se desalojó a los manifestantes sentados ese día, o la utilización desproporcionada de pelotas de goma y gases lacrimógenos en las huelgas generales de 2012.

Los mismos hechos del 15M en Plaza Catalunya también demuestran la impunidad efectiva que en muchas ocasiones rodea la actuación policial. La mayoría de denuncias contra los agentes por malos tratos o abusos son archivadas después de una mínima investigación, que es interna y no independiente. Cuando son condenados, pocas veces, poco tiempo después llega un indulto gubernamental. Es el último eslabón de la impunidad.

Así, para AI son fundamentales las medidas efectivas de rendición de cuentas, que no deben verse como un intento de persecución y criminalización de las fuerzas de seguridad, sino como el cumplimiento de lo que establece la legislación internacional de derechos humanos.

En Catalunya, han sido frecuentes las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos policiales. Aunque estos hechos no pasan de manera rutinaria, tampoco se pueden despachar como se suele hacer diciendo que son "casos aislados". Hay que darles respuesta. A todos. Y la razón por la que se siguen produciendo tiene mucho que ver con la escasez de medidas legislativas, judiciales y administrativas para impedirlos, por ejemplo, con investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas. Esto debe cambiar y la comisión del Parlament que estudia los modelos de seguridad en Catalunya haría bien en repensar las medidas con las que hoy contamos para evitar esta impunidad de facto.

Ante la comisión, desde AI, también recordamos la ausencia de un organismo independiente que persiga los abusos policiales. Sin mecanismos de este tipo, el corporativismo o el miedo del responsable político a enfrentarse con su cuerpo policial evitan que se investiguen y se castiguen los abusos de manera adecuada.

El debate de la comisión del Parlament se ha centrado mucho en la utilización de las pelotas de goma por parte de los Mossos. Es lógico y comprensible que haya sido así por la alarma que han provocado los últimos casos de personas gravemente heridas en Catalunya y el impacto de sus testimonios personales. Desde Amnistía Internacional no tenemos una posición clara sobre estas armas (tampoco la tenemos sobre posibles alternativas como los cañones de agua). No lo hacemos simplemente porque la legislación internacional permite la utilización de estas armas; incluso permite el recurso de la policía a las armas de fuego en caso de defensa de la propia vida o para salvar otras vidas. Y porque, de hecho, todas las armas pueden ser letales y peligrosas: incluso una porra puede provocar la muerte.

Las cuestiones clave son, primero, el uso que hacemos y, segundo, ¿qué ocurre cuando se utilizan inadecuadamente y provocan abusos de derechos humanos?

Lo que nos preocupa es que las fuerzas de seguridad utilicen estas armas sin que éstas hayan sido evaluadas por órganos independientes encargados de determinar los efectos para la salud y las consecuencias de su uso indebido. En Catalunya, a pesar de la proliferación de casos de personas heridas de los últimos años, se ha continuado haciendo uso de las pelotas de goma sin las suficientes garantías para evitar su uso abusivo.
Es necesaria, pues, una revisión urgente de la utilización de las pelotas de goma, así como la introducción de directrices estrictas sobre el diseño y el uso de este equipamiento.

Por lo tanto, analizamos y revisamos si es necesario los dispositivos policiales que permiten el uso actual de pelotas de goma, pero vamos mucho más allá. Hay que recuperar mecanismos como el Código Ético de la policía. Hay que crear un organismo externo e independiente con competencias para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos por parte de la policía. Hay que pensar en las víctimas de abusos y malos tratos policiales para proporcionarles una reparación adecuada. Hay que cumplir la normativa vigente sobre identificación de los agentes policiales y evitar que los abusos queden en el anonimato, la puerta abierta hacia la impunidad.

Las fuerzas de seguridad tienen una labor complicada. Pero tienen también una obligación clara, establecida por la legislación internacional: deben proteger los derechos de los manifestantes pacíficos, todos los derechos, y no actuar en contra. Como las manifestaciones en la calle continuarán, la no profundización en los mecanismos de rendición de cuentas de la policía abre la puerta a nuevos abusos y una impunidad efectiva.

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