“La UE ha perdido el equilibrio entre los objetivos sociales y los macroeconómicos”

El pago de la deuda ha conllevado la merma de derechos vía recortes sociales en buena parte de los países europeos durante los años de crisis. Juan Pablo Boholavsky  se encarga de estudiar la relación entre endeudamiento y merma o goce de derechos. Es el actual experto independiente de las Naciones Unidas sobre el impacto de la deuda externa en los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales. Boholavsky ha estado esta semana en Barcelona, donde se ha reunido con representantes del Ayuntamiento de Barcelona y ha presentado su último informe sobre la situación en Grecia.

¿Qué puede aportar la ONU en el escenario internacional en relación a la deuda y a los derechos sociales?

El derecho internacional de los derechos humanos permite dar pautas o un marco a los gobiernos y a los acreedores sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer. Hay maneras de minimizar el coste social asociado a la austeridad y a las crisis financieras, pero también hay opciones y decisiones que lo exacerban.

¿Cómo afecta a la población la prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria, que en España se plasmó en el artículo 135 de la Constitución?en España se plasmó en el artículo 135 de la Constitución

Afecta de una manera muy profunda y dramática. Tomando el caso de Grecia, cuando a fin de pagar la deuda se implementan recortes y políticas de consolidación fiscal significa que hay que tomar recursos de un sector para transferirlos al financiero. Esto implica que sectores de la población van a dejar de percibir servicios o que serán de peor calidad de la que marcan sus derechos. Por ejemplo, en el campo del agua, si no se mantienen las redes de provisión de agua potable las personas empezarán a beber agua no apta para el consumo.

¿No hay alternativa a que el pago de la deuda tenga que repercutir en merma de derechos?

Sí que la hay. En Islandia se implementaron medidas de austeridad de una manera respetuosa con los derechos humanos. Hubo un consenso generalizado en que ciertos sectores, como la educación de los niños más pequeños, no debía sufrir recortes. También hubo investigaciones criminales de los banqueros que participaron en esquemas de fraude y participación popular para decidir cómo se repartían las pérdidas.

¿Islandia no es un país demasiado pequeño para tomar como ejemplo a exportar?

Cada país tiene sus características. Lo que estoy diciendo es que ha sido posible implementar medidas de austeridad tendientes a sanear la economia y recuperar camino del crecimiento. No es algo teórico, lo hemos podido ver en concreto.

Algunos representantes de la izquierda europea han lanzado un Plan B para Europa antiausteridad. ¿Es en la Unión Europea donde deben empezar los cambios?un Plan B para Europa antiausteridad

La Unión Europea ha perdido el equilibrio histórico que había tenido entre objetivos macroeconómicos y de estabilidad financiera, por un lado, y los objetivos sociales, el respeto a los derechos humanos y a la cohesión social, por el otro. Esto está más o menos claro con diferentes expresiones y con diferentes nivele de profundidad según el país. Hay una disociación entre los objetivos sociales y los objetivos macroeconómicos.

Un acreedor de deuda griega le dirá que con la quitas su inversión ha perdido valor y que tiene derecho a recuperar lo que invirtió.

El derecho internacional en derechos humanos viene a ofrecer pautas para armonizar dos derechos. El derecho de propiedad de los acreedores y el de los titulares de los derecho económicos del Estado que debe pagar, es decir, la población de los estados. El Estado tiene sus recursos, la actividad económica producida en el país. Exigir el 100% de una deuda insostenible basándose en el sacrificio de pedirle a los jubilados que cobren la mitad de sus jubilaciones es algo que no pasa un test de legalidad. Sin embargo, lo vemos a menudo tanto en países en desarrollo como en países desarrollados.

Con gobiernos del PSOE o del PP, España no ha propuesto una receta anticrisis alternativa a la europea.

España, al igual que el resto de países que transitan por el proceso de reducción del déficit y otros en situación más grave como Grecia, tiene déficits en derechos humanos. Basta ver los indicadores de desarrollo humano, que han empeorado en todos los países con problemas de déficit.  En Grecia entre el 2008 y 2013 los recortes en Salud ascendieron a un 41% y en Educación al 15%. Las tasas de desempleo también crecieron. En conjunto, son indicadores sociales que dan la pauta de la masividad de la afectación de derechos económicos y sociales cuando se implementan medidas de austeridad. La violación de derechos económicos y sociales ha sido masiva.

¿Cómo puede la ciudadanía incidir para que las decisiones de sus gobiernos no mermen sus derechos?

Es muy importante mantener canales de participación efectiva ciudadana, que la gente pida y participe en los procesos de toma de decisión. Esto no se reduce solo a una reforma más o menos ortodoxa en el campo laboral como la que estos días se debate en Francia, sino que se refiere en general a las políticas económicas tanto a nivel regional como estatal.

Una participación mas activa de los colectivos en defensa de los derechos de las mujeres permitiría, por ejemplo, mejorar el entendimiento de la incidencia de genero en ciertas políticas de austeridad y al mismo tiempo poner límites a la actuación de las autoridades en el momento de definir políticas, por ejemplo de ajustes en servicios sociales vinculados al cuidado de menores o jardines de infancia que suelen impactar de manera más gravosa en las mujeres.

¿Una de las formas para que la deuda no lastrara el resto del gasto sería aumentar los ingresos combatiendo más la elusión y la evasión fiscal?

Es importante la diferencia entre elusión y evasión. Evasión es directamente evitar pagar un impuesto mediante el fraude o la tergiversación. Elusión es el ejercicio legítimo, en principio, de opciones fiscales decididas en base a una determinada planificación tributaria. El problema es que muchas veces la elusión implica erosionar el espíritu de una ley tributaria. Lo pudimos comprobar con los Papeles de Panamá: se triangulan actividades económicas en lugares que ofrecen legalidad para basar allí actividades económicas cuando a todas luces es falso, pero se ofrece un manto de legalidad. En esto casos es muy difícil hablar solamente de elusión.

¿Qué podemos aprender de los papeles de Panamá además de que a algunos ricos no les gusta pagar impuestos?

Una de las lecciones de los Papeles de Panamá es que es muy importante conocer la verdad. Una vez conocimos la punta del iceberg que nos ofrecen los papeles, nos dimos cuenta de la necesidad de abordar el problema. Una de las maneras de abordarlo es haciendo más global y automático el intercambio de información desagregada de las empresas que operan en más de un país a fin que los fiscos de los distintos estados tengan una visión clara acerca del volumen de sus activos económicos.

¿Los problemas de endeudamiento y derechos sociales son similares en todos los países del mundo? ¿Hay algún patrón común a nivel global?

Depende de la región y del país. Mozambique, por ejemplo, está travesando problemas ya que aparecieron contratos que no eran conocidos ni siquiera por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunos acreedores multilaterales oficiales han suspendido la provisión de préstamos por estos pasivos que se desconocían y ha generado la aprobación de un comité de auditoria en el Parlamento. Por otro lado está Argentina, que acaba de pagarle el 100% a los fondos buitres y en algunos casos con tasas que superan el 1000% de ganancia. El abanico de problemas financieros vinculados a la deuda es muy amplio y mucho más rico que el que ofrece solamente Europa.

¿Hay alguna solución global para los problemas de endeudamiento de los países?

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el año pasado los principios de reestructuración de deuda soberana y los derechos humanos forman parte de ellos. También ofrece a los países el ejercicio de defensa del estado de necesidad cuando pagar el 100% de deuda implicaría imponer sacrificios ilegales sobre su propia población.