Dos de cada tres personas atendidas por la Cruz Roja -un 66% - asegura tener dificultades para pagar su piso, y un 48% de los usuarios de la entidad manifiesta directamente que está en riesgo de perder su vivienda. La emergencia habitacional que viven muchas familias en Cataluña queda reflejado en el quinto estudio elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Cruz Roja, que a través de 820 encuestas entre las familias a las que suelen atender han llegado a conclusiones tan crudas como que el 11% de los encuestados, es decir, uno de cada diez, ya no puede pagar el alquiler o la hipoteca.
“La precariedad está aumentando”, alerta Josep Marquès, presidente de la entidad. El 41% de las familias usuarias de la Cruz Roja, según el estudio, acumulan impagos relacionados con su vivienda, y los desahucios se han multiplicado por cuatro sólo en los últimos dos años. Si en 2011 un 3,8% de los beneficiarios de la entidad habían sido expulsados de su casa, ahora son el 15%. Personas y a veces familias que se ven obligadas a alquilar habitaciones, a reocupar viviendas o a malvivir en infraviviendas, como apunta el informe.
También como consecuencia, la entidad calcula que un 39% de las familias encuestadas se ha visto obligada a cambiarse de piso en los últimos cuatro años, en la mayor parte de los casos para adaptarse a un alquiler más económico. Aún así, del total de usuarios encuestados sólo un 7% asegura estar recibiendo ayudas de la Administración para cuestiones de vivienda.
Pobreza energética: un 58% no puede mantener una temperatura adecuada
La falta de recursos creciente entre las familias no sólo afecta al pago de alquileres e hipotecas, sino también a los suministros. El 71% de los usuarios de Cruz Roja admite tener “dificultades graves” para poder abonar los recibos del agua, la luz y el gas de su casa, y alrededor de un 30% acumula facturas impagadas. De esta manera, el 58%, más de la mitad de los encuestados, reconoce no poder “mantener una temperatura óptima” en su hogar.
Para hacer frente a la situación, Marquès ha pedido a las compañías de suministros que echen una mano en forma de “bonos sociales”, ya que la entidad, a pesar de aumentar sus ingresos este año en 1,8 millones, se ve desbordada. En este sentido, ha mencionado el acuerdo firmado con la empresa de aguas Agbar que debe suavizar las facturas del consumo de agua a personas mayores de 65 años, y ha manifestado su deseo de que se amplíe al ámbito del gas y de la luz.
Por último, el informe también deja entrever las consecuencias psicológicas que pueden conllevar los procesos de precarización de la vivienda sobre las personas afectadas. “Deteriora la convivencia, las relaciones sociales, la adaptación de los hijos y al entorno...”, expresan desde Cruz Roja. Un 65% de los encuestados confirma que los problemas de vivienda han deteriorado sus relaciones.den
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