El gobierno de Cataluña tiene un problema que le crece día a día. Cuando en 2012 decidió no pagar la paga extraordinaria a los funcionarios se dejó, parece, un fleco en el proceso legal. Aplicó el recorte desde 1 de junio pero el decreto no se publicó hasta 44 días más tarde. Los sindicatos inmediatamente reclamaron esta diferencia en las mesas de diálogo social, pero no hubo manera. UGT inició la reclamación por la vía legal. Al cabo de dos años se han presentado unas 2.000 denuncias. Y ya empiezan a llegar las sentencias, unas 200, y todas contra la posición de la Generalidad.
Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat considera que el gobierno catalán debería haberse avenido a negociar en lugar de cerrar todas las vías de acuerdo y de no dejar otra que la judicial: “ahora esto será continuo” explica. Según este sindicalista si la Generalitat no adopta ninguna medida dialogada detrás de los 2.000 funcionarios que han presentado denuncia muchos otros se podrían añadir, sobre todo viendo que la mayoría de las sentencias son favorables a los trabajadores.
“El proceso desde que se hace la denuncia hasta que llega la sentencia tarda casi un año. Pero ahora esto ya es imparable ”asegura Casas. Sin embargo la acción sindical está afectando a los ya de por sí muy atareados juzgados catalanes, que optan por agrupar denuncias similares para pronunciar sentencias en grupos numerosos, la última en Girona, donde un juzgado de lo social ha condenado a la Generalitat a pagar los atrasos a los doce denunciantes. Pero esta vez el juez ha añadido la exigencia de sufragar intereses de demora, explica Casas, lo que complica aún más las perspectivas económicas de la Generalitat, porque aunque las denuncias que gestiona el gabinete jurídico del sindicato ugetísta sólo son 2.000 , en la doctrina judicial se podrían sumar individualmente los aproximadamente 100.000 trabajadores de la Generalidad a los que les afectó el recorte de 44 días trabajados sin que se pagaran en la paga extra de 2012.
Una media de 500 euros por persona
Según calcula UGT dependiendo de categorías y situaciones personales la cifra media a pagar sería de unos 500 euros por persona. Además, las últimas sentencias fijan a ingresar el dinero a más tardar dos meses después de la resolución judicial contra la que no hay recurso posible, asegura Casas.
Las conversaciones mantenidas entre los sindicatos y la Generalitat no han dado frutos. La única salida no judicial, asegura Casals “ha sido una vaga promesa de la vicepresidenta Ortega que databa una posible solución, que no puede ser otra que el pago de lo que nos deben, hacia 2016. Nosotros queremos que se pague todo este año próximo sino continuaremos recurriendo a los tribunales, porque queremos lo que nos han quitado ”, dice Casals.
Sobre este blog
El Diari del Treball es un blog con voluntad de reflejar, tanto desde la información como la opinión, la lucha por preservar los derechos laborales y económicos que la crisis pone ahora en peligro. El blog está coordinado por el periodista Tomeu Ferrer.
