ERC apuesta por reformar la ley de política lingüística junto al PSC y comuns aunque Junts se desmarque

ERC está dispuesta a aprobar una modificación de la ley de política lingüística junto al PSC y los comuns, aunque Junts se desmarque. La formación ha dado 24 horas a sus socios en el Govern para tratar de encontrar un texto que les satisfaga para actualizar la norma lingüística, que data del año 1998 y que, según consideran, puede servir para evitar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone un 25% de clases en castellano en la escuela catalana. Si Junts continúa desmarcándose de esta reforma, los republicanos tienen previsto continuar adelante con la iniciativa, que se aprobaría en el próximo pleno del Parlament, es decir, la próxima semana.

Los republicanos han dado este plazo después de que Junts anunciara la semana pasada que finalmente no darían apoyo a la propuesta que ellos mismos habían registrado, junto a PSC y comuns, en el Parlament. Sin embargo, tras la polémica que se inició debido al contenido de esta modificación, desde Junts optaron por dar marcha atrás a su apoyo. La cuestión que ha levantado más polvareda es que la reforma haría por primera vez un reconocimiento al castellano como lengua vehicular, para cumplir así como lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la reforma también rechaza la aplicación del 25% de castellano de forma generalizada en todas las escuelas, por lo que a juicio de los grupos que lo impulsan serviría para evitar que se imponga este porcentaje.

En paralelo a estas modificaciones parlamentarias, el Govern está también trabajando en un nuevo decreto para dar “protección a los proyectos lingüísticos de los centros”, ha explicado este martes la portavoz Patricia Plaja. Según ha indicado, en este momento ya se está protegiendo a los directores de los centros pues las responsabilidades se asumen desde el Ejecutivo, pero el nuevo decreto “refuerza las garantías jurídicas con un nuevo marco normativo”, ha dicho. La portavoz ha evitado dar más detalles sobre el decreto en el que trabaja el Govern con el argumento de que hace falta hacerla “con discreción” para garantizar el “máximo consenso”.

Este mismo lunes Junts había anunciado que presentaría una propuesta de decreto-ley al Govern que, a su juicio, serviría para garantizar que se no aplica la sentencia del 25% de castellano, sin necesidad de cambiar la ley de política lingüística. La propuesta había sido desdeñada por ERC, pues entendía que una ley del Parlament está normativamente por encima de un decreto-ley de la Generalitat. La portavoz del Govern ha asegurado que el objetivo es alcanzar el máximo consenso. “Los grupos parlamentarios están trabajando en sus ámbitos de actuación y el Govern del suyo”, ha dicho. “No estamos en una contrarreloj, pero es evidente que hay poco tiempo”, ha añadido Plaja.

Esta falta de tiempo es uno de los problemas que más ha presionado al Govern desde que llegó la sentencia del Tribunal Superior catalán en marzo pasado y que fue confirmada hace dos semanas. El Ejecutivo catalán ya anunció entonces que presentaría un recurso de reposición, que ha presentado este mismo martes, pero que se trata de una iniciativa que debe resolverse en la propia sala que dictó la sentencia y que, por tanto, tiene un recorrido limitado. Con el recurso se busca ganar tiempo, a un mes de que acabe el curso.

La portavoz ha resumido además algunos de los argumentos que el Gabinete Jurídico de la Generalitat ha plasmado en este recurso. Entre otros, el Govern entiende que la entidad Asamblea para una Escuela Bilingüe, que era parte en la causa, no tiene ahora legitimidad para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Además defiende que según la jurisprudencia del Supremo, el retraso en el cumplimiento de una sentencia no permite modificar el contenido de esta sentencia, algo que estaría haciendo el tribunal, a juicio del Govern. Por ello reclama que se paralice la Ejecución de la sentencia.

ERC está dispuesta a aprobar una modificación de la ley de política lingüística junto al PSC y los comuns, aunque Junts se desmarque. La formación ha dado 24 horas a sus socios en el Govern para tratar de encontrar un texto que les satisfaga para actualizar la norma lingüística, que data del año 1998 y que, según consideran, puede servir para evitar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone un 25% de clases en castellano en la escuela catalana. Si Junts continúa desmarcándose de esta reforma, los republicanos tienen previsto continuar adelante con la iniciativa, que se aprobaría en el próximo pleno del Parlament, es decir, la próxima semana.

Los republicanos han dado este plazo después de que Junts anunciara la semana pasada que finalmente no darían apoyo a la propuesta que ellos mismos habían registrado, junto a PSC y comuns, en el Parlament. Sin embargo, tras la polémica que se inició debido al contenido de esta modificación, desde Junts optaron por dar marcha atrás a su apoyo. La cuestión que ha levantado más polvareda es que la reforma haría por primera vez un reconocimiento al castellano como lengua vehicular, para cumplir así como lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la reforma también rechaza la aplicación del 25% de castellano de forma generalizada en todas las escuelas, por lo que a juicio de los grupos que lo impulsan serviría para evitar que se imponga este porcentaje.

En paralelo a estas modificaciones parlamentarias, el Govern está también trabajando en un nuevo decreto para dar “protección a los proyectos lingüísticos de los centros”, ha explicado este martes la portavoz Patricia Plaja. Según ha indicado, en este momento ya se está protegiendo a los directores de los centros pues las responsabilidades se asumen desde el Ejecutivo, pero el nuevo decreto “refuerza las garantías jurídicas con un nuevo marco normativo”, ha dicho. La portavoz ha evitado dar más detalles sobre el decreto en el que trabaja el Govern con el argumento de que hace falta hacerla “con discreción” para garantizar el “máximo consenso”.

Este mismo lunes Junts había anunciado que presentaría una propuesta de decreto-ley al Govern que, a su juicio, serviría para garantizar que se no aplica la sentencia del 25% de castellano, sin necesidad de cambiar la ley de política lingüística. La propuesta había sido desdeñada por ERC, pues entendía que una ley del Parlament está normativamente por encima de un decreto-ley de la Generalitat. La portavoz del Govern ha asegurado que el objetivo es alcanzar el máximo consenso. “Los grupos parlamentarios están trabajando en sus ámbitos de actuación y el Govern del suyo”, ha dicho. “No estamos en una contrarreloj, pero es evidente que hay poco tiempo”, ha añadido Plaja.

Esta falta de tiempo es uno de los problemas que más ha presionado al Govern desde que llegó la sentencia del Tribunal Superior catalán en marzo pasado y que fue confirmada hace dos semanas. El Ejecutivo catalán ya anunció entonces que presentaría un recurso de reposición, que ha presentado este mismo martes, pero que se trata de una iniciativa que debe resolverse en la propia sala que dictó la sentencia y que, por tanto, tiene un recorrido limitado. Con el recurso se busca ganar tiempo, a un mes de que acabe el curso.

La portavoz ha resumido además algunos de los argumentos que el Gabinete Jurídico de la Generalitat ha plasmado en este recurso. Entre otros, el Govern entiende que la entidad Asamblea para una Escuela Bilingüe, que era parte en la causa, no tiene ahora legitimidad para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Además defiende que según la jurisprudencia del Supremo, el retraso en el cumplimiento de una sentencia no permite modificar el contenido de esta sentencia, algo que estaría haciendo el tribunal, a juicio del Govern. Por ello reclama que se paralice la Ejecución de la sentencia.

ERC está dispuesta a aprobar una modificación de la ley de política lingüística junto al PSC y los comuns, aunque Junts se desmarque. La formación ha dado 24 horas a sus socios en el Govern para tratar de encontrar un texto que les satisfaga para actualizar la norma lingüística, que data del año 1998 y que, según consideran, puede servir para evitar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone un 25% de clases en castellano en la escuela catalana. Si Junts continúa desmarcándose de esta reforma, los republicanos tienen previsto continuar adelante con la iniciativa, que se aprobaría en el próximo pleno del Parlament, es decir, la próxima semana.

Los republicanos han dado este plazo después de que Junts anunciara la semana pasada que finalmente no darían apoyo a la propuesta que ellos mismos habían registrado, junto a PSC y comuns, en el Parlament. Sin embargo, tras la polémica que se inició debido al contenido de esta modificación, desde Junts optaron por dar marcha atrás a su apoyo. La cuestión que ha levantado más polvareda es que la reforma haría por primera vez un reconocimiento al castellano como lengua vehicular, para cumplir así como lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la reforma también rechaza la aplicación del 25% de castellano de forma generalizada en todas las escuelas, por lo que a juicio de los grupos que lo impulsan serviría para evitar que se imponga este porcentaje.