La fiscalía pide dos años y medio de cárcel al exalcalde de Lloret y diputado Xavier Crespo
La Fiscalía Anticorrupción pide 2 años y 6 meses de cárcel para el diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo, como presunto autor de un delito de cohecho pasivo continuado por aceptar dádivas de la mafia rusa, a la que habría favorecido para construir un complejo inmobiliario y un aparcamiento subterráneo.
En el escrito de calificación, los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda también piden inhabilitar a Crespo para cualquier cargo público durante ocho años como presunto autor de un delito continuado de prevaricación, y que pague una multa de 831.600 euros, además del decomiso de los regalos recibidos.
Los fiscales piden igualmente dos años de cárcel para Andrei Borisovich Petrov, presunto cerebro de una trama de blanqueo de dinero de la mafia rusa en la Costa Brava, por cohecho activo, y otros dos años y tres meses de cárcel para Josep Valls (PP), que era el concejal de Urbanismo de Lloret de Mar.
Los fiscales han concluido que el exalcalde, su concejal de Urbanismo y la arquitecta Pilar Gimeno, para la que también piden dos años y un mes de cárcel por cohecho, aceptaron regalos de Petrov a cambio de favores urbanísticos.
Según los fiscales, en una reunión, los dos cargos públicos le trasladaron a Petrov “la idea de que podría obtener facilidades administrativas” para construir un complejo inmobiliario en la antigua plaza de toros “a cambio de determinados favores”.
A Petrov, administrador único de Development Diagnostic Company SL (DDC) y que negó siempre que recibiera trato de favor por parte del alcalde, le sugirieron “tratar bien” a los dos cargos municipales porque de ellos dependían los permisos y demás cuestiones administrativas y técnicas necesarias para la obra.
Así, según los fiscales, en febrero de 2008 Petrov invitó a Crespo, su esposa y su hijo y a la arquitecta, su cónyuge y su hijo a viajar a Rusia, con todos los gastos pagados y con una petición expresa a la agencia de viajes de que “no constase factura”.
Según los fiscales, “el total pagado por el señor Petrov para lograr el trato de favor del señor Crespo fue de más de 5.000 euros”.
Los fiscales argumentan que DDC no prestó el aval de 1,9 millones pactado en el convenio para garantizar la ejecución de las obras, ni hizo la escritura de la obra nueva en la fecha prevista, un aval que no fue exigido por el ayuntamiento pese a que tenía que haberse otorgado en el plazo de dos meses desde la aprobación del proyecto.
“En realidad, DDC comenzó las obras incluso antes de haberse aprobado el proyecto, lo que era conocido y consentido por los señores Crespo y Valls”, aseguran los fiscales, que remarcan que los dos cargos dijeron a Petrov que “mientras durasen las obras podría construir sin problemas si hacía determinados favores”.
Entre estos, le indicaron que tenía que patrocinar durante cuatro años a los clubes deportivos de hockey sobre patines, con 60.000 euros anuales, y fútbol, con 30.000, de Lloret de Mar, dos entidades privadas, aunque Crespo fue presidente durante tres años del club de hockey antes de ser alcalde, cargo en el que le relevó Joan Perarnau, mientras que la esposa de Crespo era la vicepresidenta del club y el concejal de Urbanismo regentaba el bar del club de fútbol.
“Tanto el señor Crespo como el señor Valls tenían familiares en ambos clubes que resultaron beneficiados por los pagos de DDC”, concluyen los fiscales, que aducen que los acusados sabían de “lo ilegal del patrocinio”.
El último pago que Petrov hizo a los clubes fue en julio de 2010 y, según los fiscales, abonó un total de 270.000 euros.
Por otra parte, los fiscales consideran acreditado que Petrov regaló a Crespo por su cumpleaños en septiembre de 2010 un reloj de lujo valorado en 2.200 euros y que el ruso pidió, en compensación por los patrocinios deportivos, “un ahorro en el coste de la licencia de obra”.
Para ello, Crespo y Valls pidieron al resto de la corporación municipal, que desconocía los regalos, que declararan de especial interés la obra y concediesen una bonificación del 50 % del impuesto sobre construcciones.
Según los fiscales, la actitud de los acusados supuso un perjuicio para el Ayuntamiento de Lloret de 133.754 euros, pese a las advertencias que les hizo el secretario y el interventor.
