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En prisión un exalcalde por falsear padrones de migrantes para regularizar su situación

El exalcalde Marcel Surià, en un reportaje de TV3

elDiario.es Catalunya

El exalcalde de Santa Fe del Penedès, Marcel Surià, duerme desde este lunes en la prisión de Can Brians. Cumplirá una condena de dos años y tres meses por falsedad documental, después de haber realizado decenas de certificados de residencia con documentación falsa para que migrantes sin papeles pudieran regularizar su situación. “Sufrían auténticos dramas personales”, adujo Surià en el juicio para explicar por qué aceptó dar fe a documentos que mentían sobre los periodos de estancia de los migrantes en la localidad, sin recibir ningún tipo de retribución por ello.

Aquellos actos fueron siempre defendidos por Surià por motivos humanitarios. El exacalde asegura que intentaba ayudar a los migrantes, que habían trabajado en la Santa Fe del Penedès o en municipios de las inmediaciones y que necesitaban dar constancia de su residencia para poder regularizar su situación. Pero esta argumentación no convenció al primer tribunal que le juzgó condenándolo a dos años de prisión, ni tampoco al Supremo, que después de un recurso de la Fiscalía a la primera sentencia aumentó la condena a dos años y tres meses al considerar que el de Surià era un delito continuado.

La historia de Surià comienza en 2006, cuando accedió a entregar a un vecino un informe de residencia falso para un familiar, acreditando que había estado viviendo en Santa Fe. A partir de ahí, los casos fueron aumentando, hasta que en 2007 se produce una auténtica avalancha de peticiones de informes. “Corrió la voz. Un día tuve que llamar a los Mossos, porque no podíamos salir del pleno por la gente que había pidiendo certificados”, explicó Saurià a La Vanguardia.

De lo que el alcalde consideraba buenas obras se aprovechó el regente de un locutorio de Vilafranca del Penedès, que lideraba una red de inmigración ilegal. Su forma de proceder era introducir a marroquís desde Algeciras y ayudarles a obtener papeles y permisos de residencia, para lo que los ponía en contacto con Surià. Lo hacía, este sí, a cambio de dinero y fue condenado por ello a 7 años de prisión.

Surià llegó a falsificar hasta medio centenar de informes desde 2006 y hasta que el caso se destapó en 2009. El alcalde, que dejó el cargo entonces, colaboró con la justicia y aceptó la primera condena, de dos años, con la que no debía entrar en prisión. Pero la Fiscalía recurrió al Supremo, que aumentó en tres meses la condena, lo que sí requiere de ingreso en la institución penitenciaria. Surià recogió firmas para reclamar el indulto, pero fue denegado por el Gobierno a finales del año pasado.

El “Saldremos de ésta”, prometió este lunes a los familiares y amigos que le acompañaban, poco antes de ingresar en la prisión de Can Brians. Sabrià aseguró que encaraba los más de dos años de privación de libertad “con ganas de adaptarse a todo y seguir aprendiendo”.

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