El inescrutable sistema de reparto de dietas entre los altos cargos de la Generalitat

Formar parte del Consejo Catalán de la FP da derecho a percibir una dieta de 37,86 euros por asistencia a las reuniones, doce al año. En cambio, ser miembro del consejo de administración de Infraestructures de la Generalitat (la antigua Gisa) conlleva una retribución de 627,45 euros por reunión, que también son doce anuales. Así pues, al cabo del año los primeros ingresan 454 euros y los segundos 7.530 por una inversión en tiempo similar. Entre estos dos extremos hay un amplio abanico de importes con los que está gratificada la presencia en los órganos de gobierno de un montón de agencias, institutos, entidades autónomas, comités, observatorios, consorcios y sociedades mercantiles públicas que cuelgan de la administración catalana. Todas estas cifras en detalle están publicadas en el portal de transparencia que la Generalitat puso en marcha hace unos meses.

La mayor parte de estos órganos de gobierno los ocupan miembros de la misma administración, casi siempre secretarios y directores generales, y esporádicamente también algún conseller, que están ahí por razón de su cargo institucional. Pero también hay personas ajenas a la administración, si bien a la hora de estipular las dietas no se hacen distinciones entre unos y otros. Con una excepción. El departamento de Benestar Social i Família es el único que especifica que en los organismos que tiene adscritos sólo cobran dietas (modestas, de entre 35 y 64 euros) los miembros externos a la Generalitat. En cambio, “el personal al servicio de la administración de la Generalitat no tiene derecho a percibir dietas” por asistencia a las reuniones, por ejemplo, de la Comisión Interdepartamental de Apoyo a las Familias o de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración. En ningún otro departamento rige esta norma.

La variabilidad de tarifas no parece responder a ningún criterio concreto, al igual que las dietas no parecen estar ligadas a los resultados económicos del órgano administrado. El caso más claro es precisamente Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, la que más generosamente gratifica las reuniones, y que según los presupuestos de la Generalitat para 2014 prevé cerrar el año con unas pérdidas superiores a los 11 millones de euros. La última memoria de esta compañía pública colgada en su web corresponde al ejercicio de 2011, que también se cerró con números rojos, de 6,8 millones. En este contexto, quizá es que ya no viene de aquí destinar 124.884 euros a la repartidora de dietas (105.411 a catorce miembros del consejo y 19.473 a los seis miembros del consejo de seguimiento del regadío del sistema Segarra-Garrigues, todos ellos también altos cargos de la Generalitat). O sí...

Si se hiciera un ranking de personas con más ingresos en concepto de dietas lo lideraría la secretaria general de Salut, Roser Fernández Alegre. A parte del consejo de Infraestructures, Fernández pertenece al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), lo que se premia con 573 euros por reunión, a la comisión permanente y a la junta del patronato del Hospital Clínico (440 euros por reunión en cada caso), y a la comisión ejecutiva y al consejo de administración del Instituto Catalán de la Salud (378 euros por reunión en cada caso). Sumando todas las partidas, en el año 2013 Roser Fernández ingresó 25.163 euros brutos en primas de asistencia, que es más de lo que ganan muchos asalariados a lo largo de un año. El salario anual bruto de Fernández como secretaria general de Salut es de 79.651 euros.

Lluís Beltrán Saura, secretario general de Governació i Relacions Institucionals, y Pau Villòria Sistach, secretario general de Territori i Sostenibilitat, ocuparían el segundo y tercer lugar, con, respectivamente, 22.739 y 21.239 euros percibidos en dietas durante el año 2013. Además de Infraestructures y del CTTI (donde coinciden casi todos los secretarios generales), Bertran también es miembro de la comisión ejecutiva y el consejo de administración del ICS, del consorcio Administració Oberta de Catalunya (225 euros por reunión) y de Aeroports Públics de Catalunya (251). La lista de Villòria es más larga: Infraestructures, CTTI, Ifercat (378), Incasol (571), Agència Catalana de Residus (346,18) , Comisión de Cooperación Local de Cataluña (37,86), y sería el líder absoluto si no hubiera renunciado a las dietas de la Agencia Catalana del Agua , Agencia de la Vivienda de Cataluña, Autoridad Metropolitana del Transporte y la empresa de parques logísticos públicos Cimalsa. A lo largo de los larguísimos listados de perceptores de dietas las personas que renuncian se pueden contar con los dedos.

Un poco más abajo de este hipotético ranking hay dos casos más que conviene reseñar. El secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, sólo ingresa 17.579 euros en dietas (por formar parte de Infraestructures, CTTI, Agencia Catalana del Agua y Sistema de Emergencias Médicas). Pero su salario bruto anual ya es de 102.907 euros, prácticamente como el de un conseller. Y lo mismo sucede con el secretario del Govern, Jordi Baiget, que cobra un salario idéntico y suma 19.786 euros de las dietas de Infraestructures, CTTI, Instituto Catalán de Finanzas y EADOP ( Entidad Autónoma del Diario Oficial y Publicaciones).

Los consellers del Govern aparecen muy esporádicamente en todo este cúmulo de entidades y organismos públicos. Destacan únicamente Santi Vila y Felip Puig. El conseller de Territori preside la Agencia Catalana del Agua, la Autoridad Metropolitana del Transporte, el Instituto Catalán del Sol, el Servicio Meteorológico de Cataluña, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Instituto Cartográfico de Cataluña y el Instituto Geológico de Cataluña. Todo ello le reporta un extra de 11.588 euros brutos al año. Por su parte, el conseller de Empresa i Ocupació preside el CTTI, la empresa Avançsa y el ICAEN (Instituto Catalán de Energía), y esto le supone 11.477 euros en primas de asistencia. Aparte de esto, la vicepresidenta Joana Ortega también figura en el CTTI (6.300 euros) mientras que el conseller de Justícia, Germà Gordó, forma parte de los consejos del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada y del Centro de Iniciativas para la Reinserción (total: 2.270 euros). Y el conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, preside la mercantil Promotora de Exportaciones Catalanas SA, pero en su caso renunció a los 486 euros que le habrían correspondido por dietas.