La macroeconomía por un lado, la vulnerabilidad por otro
“Si bien es cierto que desde ámbitos gubernamentales o empresariales llegan noticias relativas a una incipiente recuperación económica en Catalunya y en el resto de España basada en una evolución positiva de determinados indicadores macroeconómicos, no percibimos los mismos signos de recuperación en el ámbito social, o una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Al contrario, en determinados casos, las situaciones de vulnerabilidad social se han agravado”. Así se expresa la directora de la Fundación Campalans, Esther Niubó, en la presentación del informe social 2014 “Desigualdades y exclusión social en Catalunya” que acaba de dar a conocer esta entidad.
El informe ha sido dirigido por Eva Granados, responsable del área socioeconómica del PSC y portavoz de este partido en la comisión de Bienestar Social y Familia del Parlamento, y coordinado por los licenciados en Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra Silvia Dotras y Raúl Izquierdo y la responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Campalans, Cristina González.
Doce artículos conforman este estudio, que analiza la exclusión social desde el ámbito económico, residencial, formativo y la protección social. Silvia Dotras y Raúl Izquierdo consideran que “la salida de la recesión económica no está comportando que los colectivos más afectados durante estos años vivan mejor, por lo que no se puede hablar de una recuperación social” y afirman que los estragos causados por la crisis harán “que el ritmo de recuperación social será más lento que el de la recuperación económica”. Recuerdan también que el hecho de disponer de un empleo no implica que la persona disponga de un nivel de vida aceptable, que la mejor estrategia para combatir la exclusión es la acción preventiva y que es un error fiar la lucha contra esta exclusión a las acciones correctivas.
Raquel Gil, secretaria de Apoyo a las Personas Desempleadas de UGT, insiste en la idea de que se puede trabajar y ser pobre. Según datos de su sindicato, hay más de medio millón de personas que se encuentran en esta situación, aunque señala que esta realidad ya se daba antes de la crisis económica actual. Entre otras cifras, Raquel Gil aporta la del incremento en un 64% de los hogares donde sus miembros ingresan menos de 9.000 euros anuales. Ante esta realidad, Gil pide incrementos salariales, políticas de inversión y no de austeridad y el reparto de las horas de trabajo sin que ello suponga menores retribuciones.
La ex-presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Sara Berbel, afirma que el escenario de crisis ha agravado el retroceso del camino hacia la igualdad de las mujeres y destaca que tres de cada cuatro empleos públicos destruidos correspondían a mujeres según la Encuesta de Población Activa. Berbel también denuncia que se han intensificado los trabajos no remunerados que hacen las mujeres y que están sobrerrepresentadas en los puestos de trabajo a tiempo parcial. Estos hechos, unidos a la ya existente brecha salarial, hacen que el riesgo de exclusión social de las mujeres sea muy superior al de los hombres. Entre sus propuestas para cambiar esta realidad incluye el recurso a nuevos modelos de economía social y cooperativa, una organización diferente del tiempo social y de trabajo, la ampliación del sector público y la superación de la segregación horizontal y vertical, impulsando planes de igualdad a todos los niveles.
Un 27% de niños catalanes pobres
Un 27% de niños catalanes pobresEl análisis del efecto de la exclusión social en la infancia corre a cargo del director general de la Asociación Educativa Itaca, Felipe Campos, que recuerda que en un informe de la Mesa del Tercer Sector Social, de noviembre de 2013, se fijaba en un 27% el número de niños de Catalunya que vivían en situación de pobreza, de los cuales un 15% lo hacía en condiciones de pobreza grave. Campos cree que hay que priorizar la lucha contra la pobreza infantil, huir de la acción meramente asistencial y poner la inversión en políticas de atención a las familias al nivel del resto de la Unión Europea.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, Jordi Giró, reproduce la estadística comunicada por los sindicatos de bomberos que imputa un 60% de los incendios con víctimas mortales a la pobreza energética. Este concepto, que se ha instalado desde hace meses en los debates sobre la inclusión social, está en la raíz de la muerte prematura en invierno de miles de personas. Giró apela a varios textos y declaraciones universales para exigir que nadie se quede sin los suministros básicos por no poder pagar las facturas correspondientes. Un 15% de los españoles sufren este tipo de pobreza. Y a más de un millón le cortan anualmente el servicio eléctrico por impago.
El alquiler asequible es la respuesta que debe darse, según Pablo Pérez de Acha, director de la Fundación Fomento de la Vivienda Social, de Cáritas, a la exclusión residencial y el precariado. La pérdida de la vivienda habitual es, según él, uno de los factores que muestra con más fuerza la situación dramática actual. “No hay nada más degradante y excluyente que la pérdida de la vivienda”, escribe y pide viviendas sociales donde el alquiler no supere el 30% de los ingresos de las familias y que pueda reducirse al 10% en los casos donde estos ingresos sean mínimos. Lo que hace falta, según Pablo Pérez de Acha es “conectar en un circuito virtuoso a los 1,6 millones de personas en riesgo de exclusión social en Catalunya (incluyendo un buen número de ellas con trabajo) con los miles de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras fuertemente subvencionadas por la Administración, ponerlas a disposición de los ciudadanos de Catalunya y aumentar así de forma rápida el parque público de vivienda de alquiler asequible”.
Universidades más caras y con menos becas
Universidades más caras y con menos becasLa exclusión en el ámbito formativo es estudiada por el periodista de Catalunya Plural João França y el doctor en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Mir. El periodista detecta que el paro afecta en tiempos de crisis más a los jóvenes que tienen menos estudios. La crisis, sin embargo, también ha reducido los sueldos y el nivel de empleo de las personas con licenciaturas universitarias. El aumento del coste de las matrículas y el número insuficiente de becas complican el acceso a la universidad de los hijos de clases humildes.
Jordi Mir resalta las condiciones precarias con que se contrata actualmente al profesorado asociado universitario. Muchos profesores reciben sueldos inferiores a los mil euros y no entran en el régimen de la Seguridad Social. Recuerda, sin embargo, que la figura del profesor asociado es previa al estallido de la crisis. Mir considera que “es momento ya de buscar una solución. Hace tiempo que toca. Una solución que sea buena para todos. La precariedad genera dolor y malestar, es intolerable que esto lo haga la administración pública en ninguno de sus ámbitos, tampoco la universidad”.
El informe se cierra con un capítulo dedicado a la dimensión político-administrativa y de protección social. Josep Maria Sabaté, que dirigió el Servicio Catalán de la Salud entre los años 2007 y 2010, abre su aportación diciendo que “el crecimiento constante de las grietas que separan los más ricos de los más pobres evidencia que las políticas de salud de los gobiernos actuales fragmentan la sociedad ” y que“ los países con mayores desigualdades económicas tienen más problemas de salud y la esperanza de vida de su población es inferior a la de países con menos desigualdades”. Sabaté extrae una conclusión del informe sobre determinantes de la salud del Observatorio del Sistema de Salud de Catalunya: “El empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población catalana, no se ha traducido en peores resultados de salud. La evolución de estos indicadores es estable para el conjunto de la población, pero cuando se analizan los datos por grupos de población en función de su situación laboral o clase social, se observan diferencias significativas y peores resultados de salud entre la población más desfavorecida ”. Volver a las cifras de inversión públicas en políticas de salud existentes antes de la crisis es imprescindible, para Sabaté, para recuperar los niveles perdidos por la sanidad pública catalana.
Maria Mas, consultora en políticas públicas y cuestiones de género, aporta reflexiones sobre la maternidad como factor de desigualdad y los problemas de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Lamenta que todavía no se haya desterrado la creencia de que son las mujeres quienes tienen que compaginar las tareas de cuidado y reproducción con las tareas productivas remuneradas. Hay una conclusión evidente para Mas: “si bien el hecho de ser padre tiene efectos positivos en el acceso al empleo en el caso de los hombres, las mujeres ven penalizada su maternidad con una menor tasa de empleo”. Y concluye que “se debería abandonar la estricta dicotomía entre ámbito familiar y ámbito de trabajo para caminar hacia la idea de una sociedad donde estos dos mundos se plantean conjuntamente y se persigue la maximización del bienestar de la ciudadanía donde mujeres y hombres puedan disfrutar de una vida plena en todos los niveles”.
La relación entre envejecimiento, desigualdad y exclusión, vinculado a las pensiones de jubilación, es analizada por el ex-diputado socialista Bernardo Fernández, Acusa al PP de hacer una reforma de las pensiones que agrava la situación de los pensionistas con remuneraciones más bajas y reclama una nueva reforma que tenga más presente que este sistema es uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Finalmente, el abogado Àlex Solà acusa también al PP de haber elaborado una legislación que provoca “el agravamiento de la desigualdad en el acceso al servicio público de justicia”.
El informe sobre “Desigualdades sociales y exclusión en Catalunya” de la Fundación Campalans se cierra con unas notas finales de Eva Granados, que subraya que “la lucha contra las desigualdades es un rasgo de los buenos gobiernos, sean del color que sean” y que “en políticas sociales, en cuatro años hemos perdido una década en gasto social”.
“Tenemos que ser capaces de restablecer un estado de bienestar renovado, que vuelva a ser el instrumento más potente para la garantía de los derechos de la ciudadanía y para la promoción de la igualdad de oportunidades. Es imprescindible ”, concluye.
