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CATALUNYA

Hacia unas finanzas públicas éticas

Acción de denuncia de la campaña Banca Armada delante de una sede del BBVA

Los conflictos armados son una de las principales causas de pobreza en el mundo pero a la vez son un negocio muy rentable para unas pocas personas que se enriquecen a expensas de la vida de miles de personas. Este negocio no funciona sin una serie de actores clave que, además de mantenerlo vivo, sacan partido: las entidades bancarias.

La ratio de endeudamiento de las empresas de armamento españolas es de un 73% de media, según el informe «Los bancos que invierten en armas» del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, lo que significa que estas empresas requieren de la financiación de los bancos para poder fabricar las armas. O lo que es el mismo: sin la financiación de las entidades bancarias, tres de cada cuatro armas no se podrían fabricar. La banca tradicional, con sus inversiones, contribuye a mantener niveles altos de producción de armas que facilitan la proliferación y la permanencia de los conflictos bélicos y aumentan los niveles de violencia y las consecuencias.

No obstante, invertir en empresas que vulneran los derechos humanos no tiene ningún tipo de coste ni por las empresas ni por las entidades bancarias que las financian, hecho que facilita que las inversiones al sector armamentístico sean una práctica extendida en el ámbito financiero y que la mayoría de bancos convencionales, cajas de ahorro y cooperativas de crédito dediquen recursos a hacer crecer la producción de armas, ya sea con la concesión de créditos y préstamos o con la emisión de acciones y bonos a estas emprendidas fabricantes. Los principales bancos que participan de esta financiación en el estado español son el BBVA, el Banco Santander, Barclays, Deutschebank, ING, Banca March, Bankia, el Banco Sabadell, CaixaBank, Banco Popular y Bankinter.

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España y Catalunya, dos mayorías discordantes

La Vía Laietana de Barcelona llena manifestantes

Pocos niegan que la cuestión territorial en España es un problema de difícil solución. Frente a opiniones simplificadoras de su complejidad, la persistencia histórica del problema revela que su origen no puede achacarse únicamente a la mala voluntad, a la desidia o a la incompetencia de las elites dirigentes en España y en Catalunya. Hay bastante o mucho de ello. Pero hay algo más y de mayor peso. Aparece cuando se entiende la política, no como lo que hacen las elites de cada momento, sino como una práctica colectiva condicionada por antecedentes históricos en los que se combinan intereses, ideas y emociones.

Es sobre este poso acumulado sobre el que se construyen actitudes y opiniones. Así ocurre también en lo que se refiere a la problemática posición de Catalunya en España, una posición que se percibe de forma muy discordante por unos y otros. Una muestra más de que hay diferencias sustantivas en estas percepciones nos la dan de nuevo los datos de las últimas encuestas del CIS (3191 y 3198) publicadas estas últimas semanas.

En dichas encuestas se pregunta otra vez sobre las preferencias de los ciudadanos sobre la organización territorial del Estado. Las opciones que se les ofrecen son el regreso a un Estado más centralizado, la conservación del modelo vigente, el aumento del autogobierno de las CCAA y el reconocimiento de un derecho a la independencia. He agrupado las preferencias recentralizadoras (“Estado sin CCAA” y “CCAA con menos autonomía”) y las preferencias por una mayor descentralización, incluida la independencia. Junto a ellas, se sitúa la posición conservadora que considera aceptable la situación actual. El gráfico adjunto muestra que la ciudadanía española en su conjunto sigue pronunciándose de manera muy diferente a la opinión expresada por la ciudadanía catalana.

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Las realidades paralelas

Cartel electoral en Barcelona

Lunes 4 de diciembre. Once y media de la mañana. Camino por la rue de Rivoli mientras chafardeo las tiendas de souvenirs de los laterales a la búsqueda de un regalo navideño que sea digno, algo imposible se mire por donde se mire.

De repente, aparecen. Son cuatro y caminan de frente, hablan muy alto y pasan de largo sin haber reparado en nuestras palabras. Llevaban el lazo amarillo de solidaridad con los presos. En París su simbología no cuenta, pero no lo saben. Sonríen convencidos, como si el mundo fuera suyo y la razón estuviera de su parte.

Lo narrado acaece el mismo día en que todos los Consellers menos Junqueras y Forn salen a la calle previo pago de una fianza ostentosa. Això qui ho ha paga? Sí, la ANC. I qui paga els diners a l’ANC? Misterio de misterios.

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Nadie es más que nadie

Los acontecimientos vívidos en los últimos meses, que amenazan con consolidar la fractura social entre las clases populares de Cataluña, están dando alas a los sectores más peligrosos de la derecha española y ponen de manifiesto la incapacidad de gran parte de la izquierda para definir y poner en práctica propuestas de convivencia solidarias y federales.

Consideramos que los sucesos del 6 y 7 de septiembre, con la convocatoria ilegítima de un falso referéndum, con la aprobación de las leyes de transitoriedad y desconexión, supusieron la ruptura unilateral del sistema democrático en Cataluña. Tal ruptura quedó puesta de manifiesto por el procedimiento de aprobación de las normas citadas, saltándose la legalidad, impidiendo el debate, y laminando los derechos de la oposición parlamentaria, que ostentaba la representación de la mitad del electorado.

La peor consecuencia de esa ruptura de la democracia fueron los sucesos del 1 de octubre. El bloque secesionista mantuvo una convocatoria sin legitimidad y sin garantías, contraria a cualquier votación democrática. El Gobierno del Partido Popular (PP), utilizó injustificada y deliberadamente la represión contra muchas de las personas que acudían a la convocatoria del falso referéndum. Ambas actuaciones se enmarcan dentro de la espiral acción reacción que busca el bloque secesionista para encontrar justificación a sus pretensiones, al no existir ninguna opresión nacional que las avale. También son expresión de la política del Gobierno del PP, interesado en potenciar respuestas que le permitan envolverse en la bandera que esconda tanto sus políticas liberticidas y antisociales, como su corrupción estructural.

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De la utopía a la alternativa

Fíjense en los blockbusters recientes de Hollywood: desde Mad Max a la Trilogía de los Juegos del Hambre, pasando por In Time, o la secuela de Independence Day. Catástrofes naturales, pasajes desérticos, agotamiento de recursos naturales, y distopías orwellianas varias representan el imaginario compartido sobre lo que vendrá. Es mucho más problemático de lo que parece. Las imaginaciones del futuro se construyen a partir de una lectura del presente. De aquí la célebre frase de Slavoj Zizek de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Vamos a intentar hacer un ejercicio de literatura ficción e imaginarnos otro camino. Porque en la medida en que seamos capaces de imaginarlo podremos pasar de utopía a alternativa. Sería algo así: 

La robotización y la computación cuántica alteraron radicalmente el paradigma del empleo. El pleno empleo, paradigma ideal de la sociedad industrial del S. XX dio paso al paradigma del desarrollo profesional. Ya no había empleo para todos, ni falta que hacía. La substitución de los empleos por máquinas se compensó con la entrada de la Renta Básica Universal garantizando los niveles de igualdad de oportunidades con los que los Estados del Bienestar habían soñado.

Los inversores y propietarios de las máquinas sacaban un rédito por su inversión, pero a la vez el impuesto sobre las mismas fue clave para revertir las desigualdades de principios de S. XXI. Con la liberación del empleo se ganaron dos cosas: tiempo y talento.

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Los Estados del pánico moral

Refugiados en Calais frente a la policía / Eduardo Granados

Hace unas semanas se estuvo discutiendo si Carles Puigdemont pediría (o no) asilo en Bélgica y si podía hacerlo. O sí podía, como mínimo, intentarlo. El Protocolo nº 24 sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la UE permite, en casos excepcionales, que una petición de asilo por parte de un nacional de un Estado miembro pueda ser considerado por otro Estado miembro. ¿Y por qué en casos excepcionales? Porque a pesar de que en los últimos años el proyecto europeo se está viendo cada vez más endeble, uno de sus pilares fundamentales sigue siendo el mismo: haber creado un “espacio de libertad, seguridad y justicia”.

Así, el reconocimiento de la necesidad de protección internacional para un nacional de un Estado miembro se entiende excepcional, pues se parte del presupuesto de que la Unión Europea es un espacio de libertad, seguridad y justicia donde los motivos por los cuales se concede el asilo son, por lo tanto, excepcionales: según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se considerará una persona como refugiada cuando tenga fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen a causa de dichos temores. Pero ¿hay un espacio de libertad, seguridad y justicia?

Macron acaba de firmar la Ley Antiterrorista, que algunos han llamado la Patriot Act francesa, comparándola con la ley antiterrorista que EEUU aprobó después de los atentados de 2001. Francia llevaba sumida en un estado de excepción desde noviembre de 2015 después de los atentados en París, y la nueva ley convierte algunas medidas del estado de excepción en permanentes.

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Honduras: el secuestro del estado de derecho

Urnas en Honduras

El pasado domingo 26 de noviembre tuve el privilegio de presenciar las elecciones en Honduras en calidad de Observador Internacional. Es cierto que había varias irregularidades; urnas sin sellar, falta de material, sistema poco garantista, censos deficientes, que dio por muertas a personas que se presentaron a votar y por vivas a algunas ya fallecidas, etc. No obstante, considero que el problema fundamental del sistema electoral no es el sistema de votación en sí mismo, sino el secuestro total de las instituciones controladoras del país.

Les pongo en antecedentes:
• En el 2009 se produjo un golpe de Estado, destituyendo al entonces Presidente, Manuel Zelaya, como resultado de la propuesta de convocar un referéndum sobre una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial. Pocas horas después, la Corte Suprema de Honduras asumió la responsabilidad y anunció que había ordenado al ejército la expulsión del presidente por su insistencia en realizar una consulta popular, declarada ilegal conforme a la Constitución vigente.
• En el 2012, el Parlamento destituyó cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al haber declarado inconstitucional unas pruebas de confianza presentadas por el poder ejecutivo. Varios magistrados criticaron la decisión alegando que el poder legislativo no tiene facultades para una decisión de tal naturaleza.
• El 2016, la misma Corte Suprema de Honduras, que en el 2009 declaró inconstitucional la convocatoria del referéndum de reforma Constitucional, haciendo un giro de 180º respecto a su interpretación de 2009, declarando inconstitucional el propio artículo 293 de la Constitución.

El artículo 239 de la Constitución señala: “Artículo 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”. El artículo 42 numeral 5 constitucional establece: “Artículo 42.- La calidad de ciudadano se pierde: (Omissis) 5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.

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Los CIE, irreformables mecanismos de control

Inmigrantes presos en Archidona

El Estado español vuelve a agitar la bandera de las “avalanchas” y el “efecto llamada”. Es el discurso al que siempre recurren las autoridades europeas para justificar cualquier atropello de derechos en la guerra contra los migrantes. El pasado 21 de noviembre 500 personas que llegaron a las costas del estado español fueron encarceladas en la prisión de Archidona. Un internamiento ilegal pero del que el Ministro del Interior presume de haber sido avalado hasta por doce jueces. Zoido justificaba el encierro de estas quinientas personas en una prisión alegando que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) estaban saturados.

Aprovechando la coyuntura, el pasado lunes 20 de noviembre presentaba, revestido de un discurso legitimador y con vídeo musical incluido, el proyecto del nuevo CIE de Algeciras: “Sin perder de vista la solidaridad, porque tenemos que ser humanitariamente muy comprensivos con la situación (...) pero sobre todo la cantidad de personas que serían víctimas del tráfico de seres humanos”. 

De esta manera, y en un giro que hay que reconocer estratégico, la legalidad y el humanitarismo aterrizaban en el discurso del control migratorio que, hasta ahora, era blanco fácil para los defensores de los derechos humanos. ¡Despreocupaos, activistas, los CIE son reformables! ¿Cuál es el problema? ¿Los malos tratos? ¿La falta de asistencia legal o médica? ¿Las muertes…?

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Las calles volverán a ser de todos

Marea blanca en la plaza de Sant Jaume

Advierto que el título del artículo no tiene mucho que ver con lo que vendrá a continuación. Es un simple e ingenuo desiderátum para la Cataluña de los próximos años, en la que me gustaría que se dejara de hablar en términos tan excluyentes como los “nosotros” contra los “vosotros” que a menudo escuchamos en la calle y en los medios. Nosotros, los buenos, los del mandato popular, y vosotros, los agresores, los del 155, los colonizados, los represores, los golpistas. O nosotros, los buenos, los del respeto a la legalidad, y vosotros, los abducidos, los iluminados, los adoctrinadores, los golpistas.

Aventuro que nos espera una campaña crispada y dolorosa. De hecho, ya han empezado los primeros vómitos y delirios, en forma candidato amorrado a un surtido de alcachofas, y hasta el día 22 la fiebre no dejará de subir. Aconsejo a todo el mundo que se vacune contra el cólera. Una campaña no es momento para el deshielo, sino todo lo contrario, y por eso, y porque no volveré al teclado hasta pasadas las elecciones, prefiero olvidarla y centrarme en el día después.

Querría que a partir del 22 se empezaran a descolgar las banderas de los balcones (tengo la sensación de que algo de eso está ya sucediendo), y que sólo reaparecieran el 11 de septiembre o el 12 de octubre, según gustos. La mía estuvo saliendo al balcón puntualmente cada Diada durante treinta años o más. Ahora hace unos cuantos que reposa en un cajón y confieso que después de todo esto me costará rescatarla algún día.

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La locura de las finanzas mundiales explicada razonablemente

Pantallas en la bolsa de Madrid

El articulista del Financial Times John Kay no es ningún agitador, es un economista británico de larga trayectoria en empresas, organismos públicos y escuelas de negocios. En su libro recién traducido El dinero de los demás (RBA Economía) hace una radiografía de la carrera alocada y nociva del mundo financiero. Escribe desde la primera página: “Los directivos que trabajan en estos despachos de lujo ganan más en un mes que la mayoría de la gente en toda la vida. Pero, ¿qué hacen? A una escala mucho más allá de lo imaginable, comercian entre ellos”.

La banca tradicional cumplía cuatro funciones: asegurar el sistema de pagos a través del que recibimos el salario o compramos con tarjeta, poner en contacto e prestamistas con prestatarios, gestionar las finanzas personales de los depositarios y, finalmente, gestionar los riesgos económicos de los usuarios a través de los seguros. El valor de este sector financiero era el del servicio que ofrecía, no el de sus beneficios internos.

Desde hace cuarenta años aquellas funciones de la banca ya no dominan el mundo financiero. Ahora el grueso de las finanzas se basa en el mercadeo a gran escala de “derivados”, una sofisticada multiplicación informática de derechos derivados de otros títulos sobre activos más o menos concretos (propiedades, ingresos, beneficios). El valor de los derivados en circulación triplica el de todos los activos materiales  del mundo. Del mismo modo, el mercado de divisas, el juego de compra-venta a gran escala según las oscilaciones de cada una, es casi cien veces superior al valor del comercio mundial de bienes y servicios.

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