Miquel Roca Junyent ya quiso “salvar” a España en los ochenta con su osada “operación reformista”. Casi treinta años después, el antiguo número dos y portavoz de CDC en el Congreso vuelve a la escena pública para socorrer a la Corona y apuntalar el Estado frente a una seria amenaza sistémica. El fichaje del abogado Roca por la Casa Real para defender a la infanta Cristina y levantar el último cortafuegos del caso Urdangarín es un evento de gran relevancia política que trasciende con creces el perímetro del escabroso affaire de corrupción que implica a la hija menor del monarca.
El regreso de Roca a la primera línea de la vida pública de mano de la Zarzuela se proyecta de modo inevitable sobre la formidable encrucijada institucional, política, económica y social que España vive actualmente. Se podría decir que Roca es la pieza de grueso calibre que ha movido la Zarzuela en el alucinante tablero español, ante el jaque al Rey suscitado en la batalla judicial que dirige el irreductible juez de Palma José Castro.
Ambiciones frustradas
Como es sabido, Roca aspiró a mediados de los años ochenta nada menos que a la presidencia del Gobierno de España o, en su defecto, a una cartera determinante en el segundo mandato de Felipe González. Pese al estrepitoso fiasco de la llamada “operación Cambó” en las legislativas de 1986, el veterano portavoz de CDC volvió a arriesgar y se estrelló definitivamente casi diez años después en la nueva aventura encomendada por Jordi Pujol, decidido a quemar todas las naves para arrebatar la alcaldía de Barcelona a Pasqual Maragall.
Fue en vano. Sacrificado en dos frentes y descartado también como sucesor del propio Pujol, en un rudo forcejeo con Duran i Lleida, Roca ha sido políticamente un perdedor absoluto, aunque también buen fajador y con sentido del fair-play. No es, pues, de extrañar que en 1996 se pasara con armas y bagajes al por entonces pujante sector privado, iniciando de este modo una exitosa carrera de negocios al frente de un rutilante despacho de abogados con sede en Barcelona.
El vuelco del caso
A pesar de todo, Miquel Roca mantiene hoy casi intacto su aura de político de Estado por su decisivo papel como padre de la Constitución en representación del nacionalismo catalán conservador. Su tribuna semanal en La Vanguardia da fe de su medido activismo en el debate público y de la evolución de sus suposiciones políticas ante los grandes contenciosos que sacuden el país, en especial la fractura entre Catalunya y España. Ni qué decir tiene que coincide con Jordi Pujol en asumir la deriva soberanista de CDC ante la degradación de las relaciones con el poder central del Estado.
Negociador y pactista reconocido, arropado por una abrumadora cartera de contactos y clientes, Roca es todo menos un técnico ceñido estrictamente a la tarea de ganar un pleito y cobrar los honorarios. Sobre todo si, como es el caso, su cliente real es el mismísimo Rey, aunque la defendida sea la hija. A la espera de nuevos acontecimientos procesales, la sola irrupción de Roca en un asunto que amenaza con desestabilizar la institución monárquica confirma el vuelco del affaire en dirección a las máximas esferas del Estado. La contundencia del giro ya fue perceptible con la insólita reacción de la Zarzuela, al declararse “sorprendida” por el “cambio” del juez. Pero todo está por ver.
Escenarios
Efectivamente, cabe la posibilidad de que el flamante abogado de la infanta Cristina no llegue a entrar en materia propiamente, ya que la Audiencia de Palma podría ratificarse en su doctrina y dar la razón al fiscal rechazando la imputación lanzada ahora por el juez ante la acumulación de nuevos indicios. De ser así, el instructor, el ministerio público y la Audiencia podrían aparecer formalmente como cumplidores de su función, cada uno en su papel, con el resultado de que la infanta no sería finalmente imputada.
Pero todo esto son meras hipótesis. Lo único cierto es que el equipo de la Zarzuela –en definitiva, el Rey– ha decidido echar mano de forma explícita de la potencia simbólica de la institución monárquica para intentar poner a salvo a la familia real. Eso incluye la presencia activa y en primera línea de uno de los principales artífices del actual sistema constitucional, implicado históricamente, por otro lado, en la modernización y cohesión de España bajo el signo del pacto y la diversidad, al amparo de la monarquía parlamentaria.
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