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CATALUNYA

La PAH: 8 años de lucha colectiva

Durante estos ocho años hemos denunciado la estafa hipotecaria y las complicidades de los diferentes gobiernos y administraciones y hemos hecho propuestas de cambios legislativos, pero también hemos tenido que actuar de urgencia para garantizar nuestros derechos

Aún no hemos conseguido las tres demandas iniciales de cambios legislativos que llevó la PAH al Congreso a través de una ILP: dación en pago, moratoria de los desahucios y alquiler social

La PAH protesta ante la sede del PP en Barcelona. /CARMEN SECANELLA

La PAH protesta ante la sede del PP en Barcelona CARMEN SECANELLA

Eran alrededor del año 2008 y el gobierno negaba el estallido de la burbuja inmobiliaria y la mal llamada crisis económica. Activistas por el derecho a la vivienda, con experiencias previas diversas, empiezan a pensar como organizarse con las familias que no podrán continuar pagando su hipoteca y serán sometidas a una legislación injusta que las condenará a un desahucio y una deuda de por vida. Con el telón de fondo de la burbuja inmobiliaria, un paro que comenzaba a crecer exponencialmente y una legislación injusta y anómala que conllevaría el desahucio de cientos de miles de familias, empieza a caminar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En febrero del 2009, la Casa de la Solidaridad, en el barrio del Raval de Barcelona, abrió sus puertas para acoger la primera asamblea de asesoramiento colectivo de la PAH. Poco después fue el centro social autogestionado Magdalenas quien nos acogió, pasamos por el centro social Éxito y continuamos en la Federación de Asociaciones de Vecinas de Barcelona (FAVB). Otro nodo de la PAH comenzó a trabajar en Murcia, después en Terrassa y así hasta llegar a las 236 asambleas en todo el Estado. Pero este crecimiento no se puede entender sin la aparición del 15-M. De hecho, la historia de la PAH no se puede entender sin la alianza del tejido asociativo existente, sin el apoyo mutuo de nuestras asambleas pero también el de muchísimos otros colectivos y entidades sociales.

Durante estos ocho años hemos denunciado la estafa hipotecaria y las complicidades de los diferentes gobiernos y administraciones y hemos hecho propuestas de cambios legislativos. Pero también hemos tenido que actuar de urgencia para garantizar nuestros derechos. Insistimos, lo hemos hecho de manera colectiva. Así, colectivamente, hemos sido capaces de desactivar el estigma de la pobreza y activar valores como la solidaridad y el apoyo mutuo. Todas las PAH acumulamos miles de pequeños momentos que lo hacen palpable: la vecina que nos ve en la puerta parando un desahucio y se detiene a desobedecer una ley injusta y evitar el desahucio de su vecina, aunque no la conocía. El restaurante que nos lleva una paella mientras estamos ocupando una oficina bancaria para conseguir que una familia se libere de una deuda de por vida. La mujer de 80 años que, junto con un colectivo del barrio, apoyan a la PAH cuando recuperamos un edificio vacío de un banco para realojar a familias que provienen de procesos de desahucio. O el millón y medio de personas que se detuvieron a firmar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsamos en 2013 para legislar la dación en pago, el alquiler social y para poner fin a los desahucios.

Acumulamos muchas pequeñas grandes victorias: miles de desahucios parados, miles de familias que han logrado liberarse de una deuda de por vida, miles de personas realojadas recuperando pisos vacíos de las entidades financieras... Pero también grandes victorias, como conseguir transformar el imaginario colectivo y pasar de "las personas desahuciadas estiraron más el brazo que la manga" a "la estafa hipotecaria", aprobar la ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética en el Parlament de Catalunya, impulsar una ley en la Asamblea Regional de Murcia o incidir en la ley del Valencia. Todo esto a la vez que hacemos presión en los municipios, hacemos propuestas y fiscalizamos el trabajo hecho. Todo ello, al mismo tiempo que 236 asambleas abren cada semana sus puertas para hacer asesoramiento colectivo sobre el derecho a la vivienda, sea hipotecario, de alquiler o ocupación. Todo ello a la vez que nos organizamos para actuar y autotutelar nuestros derechos.

A pesar de valorar el trabajo realizado y los logros conseguidos durante estos años, somos conscientes de que todavía no hemos conseguido las tres demandas iniciales de cambios legislativos que llevó la PAH en el Congreso a través de una ILP: dación en pago, moratoria de los desahucios y alquiler social. Es una propuesta que el gobierno de la banca, el PP, bloqueó, pero que el resto de partidos políticos dijeron que apoyaban. Pues bien, con la actual distribución de fuerzas en el Congreso, debemos ser capaces de forzar este cambio legislativo tan necesario. Un clamor que ya no es sólo de la PAH, sino también de la ciudadanía organizada e incluso de algunos jueces nacionales. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado ya ocho veces la legislación hipotecaria como anómala e ilegal en la Unión Europea.

Pero aquí no acaban los retos de la PAH en relación a la situación actual del derecho a la vivienda: no podemos plantear medidas para abordar la emergencia habitacional que no alcancen las realidades que encontramos en nuestras asambleas. Es decir, la inseguridad y la falta de alquileres asequibles, que acumula más de la mitad de desahucios en todo el Estado, y la precariedad y la criminalización que sufren miles de familias que se han visto obligadas a ocupar viviendas vacías como consecuencia de la falta de respuesta de la administración. También es imprescindible garantizar los suministros básicos: un hogar no es sólo un techo, hay que tener agua, gas y luz garantizados.

Tenemos por delante la opción y la obligación de conseguir que todos los pequeños gestos que hacemos cada día, como poner nuestro cuerpo para detener un desahucio, recuperar un piso vacío de la banca u ocupar una oficina bancaria para conseguir liberar una familia de la deuda, cojan el empuje suficiente para convertirse en derechos que se aplican a todas. Tenemos que ganar el pulso a la banca y los gobiernos que le obedecen y conseguir que la vivienda sea un derecho y no una mercancía. Es decir, tenemos el reto de conseguir los cambios legislativos que garanticen una segunda oportunidad a las familias, la dación en pago retroactiva, poner fin a todos los desahucios y hacer del alquiler una opción estable, segura y asequible. También tenemos que ampliar el parque público de alquiler social y garantizar los suministros básicos. Esta tarea, como todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo tenemos que hacer en red con todo el tejido asociativo del Estado, con la complicidad de nuestras vecinas y con el apoyo de muchas otras compañeras que están luchando por una educación y una sanidad pública y de calidad, con los iaioflautas, con las que luchan por los derechos de las mujeres... Si algo hemos aprendido en estos ocho años es que juntas, sí se puede!

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