Tal y como se han sucedido las cosas no sería incorrecto hablar de “La maldición de la Cruz de Sant Jordi”. No hay año en que la concesión de esta distinción en reconocimiento de los méritos contraídos por catalanes ilustres no venga acompañada de algún desliz sonrojante.
Normalmente, los errores se detectan “a posteriori”, pasados unos meses o años. Es el caso del insigne Fèlix Millet, que la recibió de manos del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el año 1999, y le fue retirada diez años después por el rencoroso tripartito. Y el de Enric Marco, que fue presidente de la asociación de víctimas del nazismo “Amical de Mathausen”, que la recibió el 2001 y la devolvió el 2005, antes de que se la quitasen oficialmente, al descubrirse que se había inventado su detención en el campo de concentración de Flössenburg.
No se la han retirado, pese a que los colectivos de defensores de los derechos de gais y lesbianas lo pidieron reiteradamente, al dirigente de Unió Democràtica Josep Antoni Duran Lleida. Sus afirmaciones homofóbicas comportaron que en el mismo acto en el que él recibia la Cruz, el dirigente del movimiento gay Jordi Petit renunciase a recoger la suya.
Pero hace unos días se ha superado la velocidad con que se suelen detectar los errores en la concesión de este galardón. Estaba el conseller de Presidencia, Francesc Homs, anunciando los galardonados de esta edición y los periodistas le interpelaron sobre el hecho de que uno de ellos estaba implicado en un caso de evasión fiscal. Se trata del empresario Josep Maria Bosch Aymerich, que aparece en la lista de ciudadanos españoles con dinero en Suiza no declarado, aportada por el ex-empleado del banco HSBC, Hervé Falciani.
Homs dijo que lo estudiaría. Sigue haciéndolo.
Vistos los precedentes, quizás sería prudente que la lista de galardonados con la Cruz de Sant Jordi tenga, cada año, un par o tres de suplentes. Por si acaso.
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