La transparencia de las instituciones públicas es una de las principales garantías de la calidad democrática. La gestión pública y el uso del dinero público deben estar sometidos al escrutinio de los ciudadanos. Y la obligación de la prensa, del periodismo, es velar para que sea así. Para que la Administración haga un uso correcto del poder y de los recursos que los ciudadanos han puesto en sus manos. Y para que los ciudadanos tengan el máximo de información.
La falta de transparencia de las instituciones y la renuncia al espíritu crítico por parte de la prensa explican, precisamente, la corrupción sistémica que ha sufrido este país. A raíz de la indignación provocada entre los ciudadanos, la Administración se ha dotado de nuevas herramientas de transparencia y buena parte de la prensa ha tomado conciencia de su papel de control cívico del poder. Pero esta es una batalla que se libra cada día. Porque nada está ganado.
En Catalunya Plural estamos viviendo una de estas batallas. Hace ahora un año que solicitamos información sobre el coste de los altos cargos de una de las principales empresas públicas de Cataluña, la TMB, la empresa de Transportes Municipales de Barcelona. Y lo hicimos porque es la compañía que gestiona un servicio esencial para la ciudadanía y porque no sólo se financia con lo que pagan los usuarios, sino también con dinero público.
Desde el primer día, la compañía optó por el silencio o la opacidad. Solicitamos la intervención de la Comisión de Garantías de Acceso a la Información, uno de esos instrumentos con los que se ha dotado la democracia para velar por su calidad. La Comisión dictaminó que TMB tenía que dar la información, pero un numeroso grupo de directivos recurrió a la Justicia ordinaria para evitarlo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó medidas cautelares durante un tiempo, hasta que las levantó. El grupo de directivos volvió a recurrir la decisión. Ahora con unos argumentos que atentan directamente contra el derecho a la información. Y han conseguido, de nuevo, que el TSJC vuelva a frenar la información.
En su recurso, los directivos acusan en Catalunya Plural solicitar esta información para “conseguir titulares”, “captar jugosas cifras de lectores” y “por un trasfondo político”. Nada de eso. Solicitamos la información porque es nuestro deber. Y lo hacemos en nombre de los ciudadanos. De su derecho a saber. Somos una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, que busca lectores a partir del ejercicio de un periodismo independiente, libre y crítico. Y no tenemos otro interés político que contribuir a la calidad democrática.
El recurso argumenta que “los intereses de los particulares [los directivos] deben estar por encima del interés periodístico”. No es así en el caso de una empresa pública que debería informar de los nombres y sueldos de sus directivos, tal como establece la resolución de la Comisión de Garantías de Acceso a la información. Resolución que TMB lleva un año incumpliendo. La información que reclamamos no afecta “al honor, la intimidad y la propia imagen” (artículo 20 de la Constitución) y por consiguiente debe prevalecer “la libertad de información”. Si no, el ciudadano tendrá toda la legitimidad a la hora de preguntarse cuáles son las verdaderas razones para ocultar estos datos.
Nosotros seguiremos cumpliendo nuestro deber. A la hora de reclamar transparencia en TMB y en todas las demás empresas públicas e instituciones del país. Es nuestra obligación como periodistas.
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