El 1 de julio de 2017 se cumplen dos años de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Las dos reformas han sido criticadas por organizaciones como Amnistía Internacional por representar una restricción innecesaria e injustificada de los derechos a la libertad de reunión, expresión e información.
Ya quedan para el recuerdo colectivo las escenas vividas en el Congreso, cuando un grupo de diputados se amordazaron como señal de protesta o cuando los miembros de un coro fueron expulsados de la cámara por cantar “La canción del pueblo” del musical Los Miserables. Dos imágenes que representan muy bien qué nos caía encima: el intento de silenciar y limitar la protesta social.
La protesta es una forma de participación ciudadana en los asuntos públicos. Según el derecho internacional, el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión es fundamental para garantizar la participación de la gente en el debate y el diálogo público con sus representantes.
Entonces, ¿por qué limitar estos derechos? Para entender la orientación de la reforma es importante tener en cuenta el contexto de crisis económica. Las medidas de austeridad impuestas por los Gobiernos generaron un aumento de la protesta social que se expresó a través de numerosas manifestaciones. Ante los drásticos recortes de derechos sociales (salud, vivienda o educación), el rechazo de la gente fue cada vez más organizado y continuo.
Entre los años 2011 y 2014 muchas de las las protestas estuvieron encabezadas por movimientos sociales como el 15M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A pesar de que se produjeron algunos incidentes violentos, la mayoría de las protestas resultaron pacíficas. Sin embargo, muchos de estos movimientos y algunos de sus líderes fueron objeto de duras críticas por parte de responsables políticos y de la policía.
Es en este escenario de aumento de la movilización social cuando el Partido Popular impone su mayoría para aprobar las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal. Los dos textos contaron con la oposición del resto de partidos políticos al Congreso y de la ciudadanía en la calle. Incluso, en el ámbito internacional, varios expertos de Naciones Unidas expresaron su preocupación denunciando que algunos preceptos en los textos podían representar una restricción desproporcionada de los derechos a la libertad de reunión, expresión e información.
La ley amplía el número de infracciones relacionadas con actividades de protesta. Las fuerzas de seguridad tienen más poderes para sancionar comportamientos o interferir de manera desproporcionada en su ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Pero no sólo se han ampliado las sanciones, sino que también ha habido un cambio sustancial en su tramitación. Las faltas que antiguamente se tramitaban por la vía penal ahora son sanciones administrativas. Dos procedimientos judiciales diferentes que tienen consecuencias a la hora de reivindicar derechos y demostrar la inocencia de los cargos de los que se pueda acusar alguien.
A pesar del temor que nos pueda producir la vía penal, puesto que implica la posibilidad de imponer penas de prisión, este régimen tiene más garantías de protección de los principios de un juicio justo que la vía administrativa.
No es que el procedimiento administrativo no reconozca la presunción de inocencia, pero a la práctica es un sistema más complejo y menos garantista con los derechos de los investigados. Prueba de esto es que la administración es juez y parte del procedimiento sancionador. También el testigo policial se convierte en la principal prueba del proceso, y por lo tanto, cuando no hay testigo que rebata su versión, la defensa tiene pocas posibilidades de éxito. Además, los costes de la asistencia jurídica de letrado y procurador son elevados.
Estas dificultades y la posible rebaja del coste de la multa en caso de pagarla durante el periodo voluntario, están provocando que muchas personas no recorran judicialmente y acaben pagando multas que limitan su ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley ha otorgado más poderes a las fuerzas de seguridad para imponer sanciones, mientras que la ciudadanía se encuentra más indefensa para hacer valer sus derechos en el ámbito judicial.
En 2016 se impusieron 197.947 sanciones por infracciones relativas a la Ley de seguridad ciudadana. Muchas personas han sido detenidas y sancionadas como consecuencia de sus acciones de protesta y defender sus derechos. Los activistas reconocen que se sienten vigilados y han adoptado una mayor precaución al llevar a cabo o proponer acciones de protesta por miedo a una posible sanción. La reforma de las leyes está teniendo un efecto desmovilizador entre muchas personas activistas y colectivos.
Pero la reforma de la Ley no ha afectado únicamente a activistas y colectivos sociales, también a periodistas que han visto limitado su derecho a la información. La ley establece que se podrá sancionar el uso no autorizado de imágenes o datos personales de agentes policiales que puedan poner en peligro su seguridad personal o familiar. Este precepto no supone una prohibición absoluta para grabar a un agente policial, pero la interpretación de algunos agentes ha provocado que periodistas e informantes hayan sido sancionados mientras realizaban su tarea diaria de informar.
El miedo a ser multado provoca que algunos periodistas acaben por autocensurarse. Este hecho supone un grave retroceso para la libertad de información y la defensa de los derechos humanos, porque, tal y como ha destacado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la importancia de los periodistas y fotógrafos es fundamental por desvelar y documentar violaciones de derechos humanos que se puedan producir en el contexto de manifestaciones y concentraciones.
La Ley de Seguridad Ciudadana y algunos aspectos del Código Penal representan una amenaza al derecho a la protesta pacifica y de la libertad de información. Las fuerzas de seguridad cuentan con más poderes y capacidad de decisión para aplicar sanciones de forma desproporcionada, mientras que la ciudadanía ha visto limitadas las garantías para defender sus derechos, y es por eso que activistas y colectivos se ven bajo el punto de mira de las autoridades.
Sin embargo, ante esta situación donde las instituciones legitiman los recortes de derechos humanos en nombre de la seguridad, es necesario que la ciudadanía se empodere y reivindique sus derechos de forma colectiva a través de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos.
En estos tiempos de amenaza para las libertades, las de todos y todas, la solidaridad, el activismo y la movilización social son más importantes que nunca.
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