Dejando de lado la excepcionalidad política que vivimos en Catalunya y su traslación presupuestaria, cuando el Govern plantea los presupuestos para 2017 nos está diciendo varias cosas.
La primera tiene que ver con la situación de emergencia social que vivimos. El Govern surgió de un Parlament que se planteó hacer un pleno excepcional sobre la pobreza donde adquirió el siguiente compromiso: estudiar la aplicación de nuevas figuras fiscales y a mejorar las ya existentes, tales como el impuesto de sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio y el tramo autonómico del IRPF, entre otros, que permitan incrementar los niveles de ingresos y garanticen un sistema fiscal más progresivo. ¿El Govern puede presentar unos presupuestos donde no modifica ninguna de las figuras anteriormente mencionadas y esperar unanimidad y aprobación por parte del resto de fuerzas políticas y de la ciudadanía?
La segunda tiene que ver con la gravedad de la situación social. Un 10% de los catalanes viven con ingresos inferiores al 40% del salario medio, entre el 2011 y el 2014, en España ha aumentado un 26,3% el número de contribuyentes que declaran más de 150.000 euros y el número de multimillonarios (patrimonio superior a 30 millones de euros) ha aumentado un 44% desde el 2011. ¿Con este escenario, hay que confiar todo el crecimiento de los ingresos a la mejora económica y a la rebaja de los intereses que pagamos por la deuda, como hace la actual propuesta de presupuesto? ¿O quizás tendríamos que aprovechar esta mejora económica para pedir a quien más tiene que nos ayude a superar la situación actual?
¿No valdría la pena abordar de una vez por todas el establecimiento de una Renta Garantizada de Ciudadanía, propuesta a la que también se comprometió el Parlament pero que ni se huele en la actual ley de acompañamiento de los presupuestos? Desde 2010 la Plataforma per una fiscalidtat justa, ambiental i solidària viene sosteniendo que hay que explorar con valentía el margen de progresividad que tienen las actuales políticas fiscales en nuestro país.
Como Plataforma seguimos creyendo que hay que aprovechar la capacidad normativa que ofrece el Estatut para incrementar los ingresos públicos y dotarnos así de los recursos necesarios para hacer frente a la actual situación de crisis social. Hay que mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal asegurando que pague más el que más tiene. Debemos incrementar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida potenciando la actividad inspectora y los recursos de la Agència Tributària Catalana.
Hay que recordar que en una economía mixta de mercado, la disminución de las desigualdades, es decir, lograr una distribución más equitativa de la renta y la riqueza, es una de las funciones del sector público y por lo tanto no puede desentenderse. Las propuestas están ahí, y del margen de mejora en la progresividad fiscal se ha hablado mucho. Ahora está en manos de las fuerzas políticas llevarlas a cabo. Y también está en manos de las bases de los partidos llamados de izquierda presionar y reclamar que estos cambios se produzcan, y demostrar así que realmente somos un país preocupado por la equidad y la pobreza.
¿De otra manera, aquel que no es capaz de demostrar que en el mientras tanto comienza ya a aplicar lo que sueña para el futuro cercano, cuando tenga todas las herramientas a su alcance, qué hará? La respuesta es clara.
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