No es aceptable la utilización de argumentarios y datos no contrastados, falsos o destinados a convencer a la ciudadanía de que apoye con sus votos propuestas políticas tan importantes como la independencia de Catalunya. Y hacerlo aprovechando el desconocimiento por una gran parte de la población de algunos temas, que de tan reiterados adquieren categoría de verdad. Argumentos y relatos que pueden llegar a sustituir la percepción de la realidad y condicionar emociones. Hasta el punto de bloquear la razón y hacernos aceptar el sacrificio de los principios democráticos con la cabriola de pasar de ser un partido amigo de los negocios a la insumisión. Y después, a la búsqueda desesperada de acuerdos con formaciones que defienden directamente la salida de Europa.
Nada se puede objetar a los que por convicción personal defienden la independencia de Catalunya y mantienen esta posición aunque de ella se derive un Estado en unas condiciones peores que a las de resto de España, porque este no es el fundamento de sus razones. Josep Borrell y Joan Llorach reconocen en su libro ‘Las cuentas y los cuentos de la independencia’ que un nuevo Estado es viable, pero, ¿es esta la pregunta? Debemos plantearnos si es posible dialogar, contraponer posiciones y argumentar cuando la información utilizada no es consistente o no refleja la realidad. Es posible y necesario contrastar y rebatir las opiniones más diversas, pero las razones deben sustentarse siempre en datos e informaciones consistentes, contrastados y veraces.
En consecuencia, en primer lugar identificaremos algunos de los falsos argumentos citados por Borrell y Llorach, cuya utilización comporta deslealtad respecto a los ciudadanos, especialmente en el argumentario que hace referencia a la Unión Europea, a la viabilidad económica y al expolio fiscal. En segundo lugar, es necesario evaluar cuál ha sido el resultado de las políticas indiscriminadas de austeridad del gobierno de CiU, con el apoyo de los impulsores de la independencia, cómo ha afectado en ámbitos como el empleo, la sanidad o las desigualdades, y cómo a partir de este desastre sus responsables se nos ofrecen como garantes de la salida de la crisis. Y en tercer lugar, aportar propuestas para el necesario retorno a la realidad.
Sobre el reconocimiento de Europa, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) afirma: “Si Catalunya quiere formar parte de la Unión Europea, formará parte.” ¿Podemos deducir de esta afirmación que aunque las normas de la Unión Europea lo impidan, Catalunya igualmente formará parte de la Unión Europea? Jordi Sánchez, aún siendo el Presidente de la ANC, no lo ve tan claro (La Vanguardia: 26 de agosto de 2015): “Catalunya quedaría transitoriamente fuera de la Unión Europea”, y comparte sus dudas con Artur Mas. The Economist estima la transición en cuatro o cinco años. Un tratado de asociación comercial como propone la ANC implica, en cualquier caso, estar fuera de la Unión Europea.
Algunos países europeos ya se han manifestado. Borrell y Llorach citan en el libro que Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia ya han manifestado que no apoyarán un proceso de independencia para Catalunya. Por otra parte, el 30 de octubre de 2015, Ban Ki Mun, Secretario General de Naciones Unidas, declaraba que “Catalunya no está en la categoría de territorios con derecho a la autodeterminación”.
También citan algunos ejemplos de lo que dice Europa: el artículo 52.1 del Tratado de la Unión exigiría, para el ingreso del eventual estado catalán en la Unión, la unanimidad del Consejo Europeo y en la ratificación de cada uno de los estados miembros, sin excepción.
En marzo de 2014 la Comisión Europea acordó que “cuando un territorio de un Estado deje de formar parte de este Estado, porque se convierta en Estado independiente (…) desde el día de su independencia se convertirá en tercer Estado en relación a la Unión Europea y los tratados ya no serán de aplicación en su territorio”.
En sentido similar se pronuncia el Comité de las Regiones de Europa, en el dictamen del 12 de abril de 2015: “… en el caso de que una región europea obtuviese la independencia, debería solicitar la adhesión como cualquier nuevo Estado que quisiera ser miembro de la Unión Europea” y esta requiere un acuerdo unánime difícil de conseguir.
De forma sorprendente, Jordi Sánchez se enfrenta a esta realidad y lanza una advertencia a Europa (El País: 22 de noviembre de 2015): “Europa es enormemente pragmática y, si seguimos reforzando mayorías sociales, mantenemos el pulso con el Estado y forzamos la legalidad, Europa terminará interviniendo”. Aunque no aclara en qué sentido prevé que será aquella intervención.
Es cierto que la independencia de Catalunya es económicamente viable. Pero incluso aunque generase déficit, no sería motivo para no defender un nuevo estado independiente. La pregunta que es necesario formularnos es si este es el futuro que queremos para Catalunya. Y especialmente: ¿Se puede construir un nuevo Estado sobre una base de argumentos falsos y escondiendo información a los ciudadanos?
Antes de comentar el denominado expolio fiscal son necesarias dos consideraciones: la primera es que Catalunya tendría un déficit inferior, si contribuyese en proporción a su renta como indicador de capacidad y recibiera en proporción a su población como indicador de necesidad. La segunda es la difícil justificación de la excepcionalidad de los sistemas forales.
Cuando se dice que Catalunya padece un expolio fiscal se hace referencia a la diferencia entre los impuestos que pagan los catalanes y lo que reciben a cambio, que para unos cuantos se concreta en la simpleza de afirmar que “España nos roba”. En la cuantificación de este déficit la ANC dice que es de 16.000 millones de euros, Junts pel Sí habla de 15.000 millones de euros. En ambos casos, son cifras que no contemplan los gastos que debería asumir un nuevo Estado independiente. Cuando se computan estos gastos la cifra se reduce substancialmente, de forma que el Conseller d’Economia i Coneixement ha llegado a cuantificarlas en 2.402 millones de euros.
Un ingreso anual suplementario de 16.000 millones de euros equivaldría a que durante los primeros 10 años Catalunya vería incrementados sus recursos en un importe equivalente al PIB de un año de países como Irlanda, Finlandia, Portugal o Grecia, y que su PIB por habitante sería superior al de Italia, igual al del Reino Unido y próximo al de Francia, es decir uno de los más elevados del mundo. Es un argumento que nos traslada directamente del mundo creíble al mundo de la magia.
El déficit fiscal calculado por la ANC y Junts pel Sí sería equivalente al 8% del PIB, el doble de los landers alemanes, dicen. Curiosamente, en Alemania no se han publicado las balanzas fiscales. Borrell y Llorach lo documentan: Reinhar Silberger, embajador de Alemania en España, el 23 de diciembre de 2103 explicó que “después de haber consultado todas las fuentes legales, no hemos podido encontrar que exista el límite del 4,5% para el déficit de los lander”. Este argumento tampoco resiste una visión comparada. El déficit calculado para New Jersey (USA) es del 8%; en Alberta (Canadá) el 7%; en Valonia (Bélgica) el 7%; en Lombardía (Italia) el 11,5% y en Estocolmo (Suecia) el 7,6%.
Las normas de financiación se deben modificar, pero las que se están aplicando responden a la legalidad vigente y al actual Estatuto de Autonomía que se cerró con un acuerdo global entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero en enero de 2006.
No hay que olvidar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el RDL 12/2012 de amnistía fiscal se aprobaron con el voto de CiU. Y que el 1 de junio de 2011, CiU, con los votos del PP, decidió la eliminación del impuesto de sucesiones y que el 2013 se acordó eliminar el impuesto sobre bebidas con alto contenido en azúcar. Por otra parte, no son ajenas a los déficits las consecuencias de la gestión del proceso de las privatizaciones de Aigües Ter-Llobegat, de la venta de activos públicos (Túnels de Vallvidrera y del Cadí).
En su conjunto, la gestión de CiU ha incrementado la deuda pública de la Generalitat desde 34.700 millones de euros en 2010 a 64.800 millones en 2014. Todo ello son ejemplos que ilustran la incompetencia de los que se presentan como valedores de las soluciones para nuestro país.
Es el resultado de cinco años de una misma política con socios diferentes, primero con el PP y después con ERC. Ahora se pretende lo mismo. Con el acuerdo con la CUP, nos quieren engatusar una vez más. Pretenden un intercambio con la CUP de la Presidencia de la Generalitat por un “plan social”, comprometiendo competencias que no existen. Las políticas se dejan intactas, y por lo tanto se mantendrá el crecimiento de la desigualdad, de la precariedad y el aumento de la exclusión social a cambio de un minuto, o de un segundo de gloria de la CUP.
Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat del Gobierno de Artur Mas , decía el 15 de diciembre de 2014 en el diario Ara: “Sin el relato en clave nacionalista, no se habrían podido soportar los ajustes de más de 6.000 millones de euros”. Se trata tanto de esconder la acción de la mayoría de gobierno como de esconder sus consecuencias.
La mentira y los falsos argumentos que Artur Mas recriminaba al Gobierno del Estado (en un discurso en el Círculo de Economía, Sitges 2011): “Nos falta credibilidad, porque piensan de nosotros que no decimos la verdad”. Mas reclamaba “flexibilidad para asegurar el valor de las políticas de austeridad” y aseguraba que “no subir los impuestos y bajar los gastos es el contrapunto a los excesos, la algarabía y la demagogia de la izquierda”.
Ejerciendo de precursor en España de las más duras políticas de austeridad y ajuste fiscal, el 17 de junio de 2014, Artur Mas visita a Pat McCroy, Gobernador de Carolina del Sur, considerada por New York Times como “el laboratorio global del Tea Party”. Pat McCoy se congratulaba de “las similitudes de sus políticas” con las de Artur Mas.
Las políticas de austeridad, que Anton Costas califica para la eurozona de destrucción masiva, y la reforma laboral de 27 de junio de 2012 aprobada con los votos de CiU y de PP, han producido un efecto devastador en el empleo en Catalunya. Desde el 2010 han desaparecido el 4,6% de las empresas con asalariados, y el 21,3% en relación a 2009. Se ha destruido el 5% del empleo. En el sector público la reducción ha sido del 12%, un 34% superior a la media de España. Especialmente grave ha sido en la población entre 16 y 24 años, que ha perdido el 44% de los puestos de trabajo.
La población activa ha bajado en 177.100 personas, el 4,5%, al mismo tiempo que los nacionales catalanes entre 15 y 64 años residentes en el extranjero han aumentado el 65,49%. En los jóvenes de entre 15 y 24 años el incremento de residentes en el extranjero asciende al 84,15%, llegando a 157.900 personas. La precariedad en el empleo no deja de crecer, la tasa de temporalidad ha pasado del 18,9% en 2010 al 20,5% en 2015, afectando al 66,7% de las personas entre 16 y 24 años.
La tasa de paro en el tercer trimestre de 2015 es del 17,5% de la población activa. Si se ajusta la tasa de paro de la EPA al descenso de la población activa desde 2010, al incremento de la población residente en el extranjero y al incremento de la contratación temporal y a tiempo parcial, la tasa de paro sería del 23,1% en 2010 y del 28,2% en 2015. Según los datos de Eurostat referidos a 461 regiones europeas, ordenadas por la tasa de paro, de mayor a menor, Catalunya ocupaba el año 201 el puesto 228 y ha subido al puesto 53 el año 2014.
Con estos datos se muestran cómo se ha secuestrado el futuro de los jóvenes, pero también el futuro de las personas en paro de más de 45 años, y el de los parados de larga duración que representan el 58,9% de los parados, cerca del doble de la tasa europea. Son parados cuyo horizonte inmediato sólo es la prestación de desempleo, que en Catalunya únicamente cubre el 46.65% de las personas en paro.
Los recortes han desmantelado el ‘Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)’, un instrumento para la política de empleo y para dar soporte a la búsqueda de empleo. Según un estudio de Joan Antoni Aluja, se ha reducido un 30% el personal del SOC, quedan 1.342 empleados para atender a 506.306 personas, se gestionan solo el 29,5 % de las ofertas de trabajo. El resto de la gestión se ha privatizado.
El gobierno de CiU es el precursor en España de los recortes indiscriminados en el gasto sanitario público, del copago con el euro por receta y de las privatizaciones. Solo posteriormente los gobiernos del PP han generalizado estas políticas. El resultado: en 2012 el gasto sanitario público en Catalunyaera el 14,65% del total de España, mientras que los recortes eran el 21,75% del total. Y después se reclamaba la aplicación generalizada de estas políticas al modelo sanitario español (Mas Colell, 2011).
Una de las muchas consecuencias de los recortes en sanidad ha sido el crecimiento de las listas de espera de cirugía, que han pasado de 56.670 pacientes en diciembre de 2010 a 160.000 en febrero de 2015 (Servei Català de la Salut). Sin inmutarse prometen crear ‘Un país sin listas de espera’. Deben pretender eliminar las listas, pero no la espera.
No puede ser de otra forma cuando Boi Ruiz, Conseller de Sanitat del gobierno de la Generalitat, declaraba en 2011: “La salud es un bien privado que depende de uno mismo, no del Estado” y aseguraba que “no existe un derecho a la salud porque esta depende del código genético que tenga la persona”. Es conveniente considerar el entorno en el que se aplica esta política: en Catalunya el gasto sanitario privado por habitante era en 2010 el 30 % del total, la media de la UE era el 28,8%, España el 26,4%, Bélgica el 24,4%, Francia el 22,9% e Italia el 20,4%.
Los precursores de un Estado independiente se comprometen a aumentar las pensiones por jubilación en un 10%. Dicen que lo financiarán con cargo al superávit de 24.774 millones de euros de la seguridad social en Catalunya, acumulado entre 1995 y 2010. Quizá fuera posible en 2010, antes del gobierno de CiU, pero desafortunadamente después del gobierno de CiU las cifras no son las mismas. En la última liquidación, la de 2012, el superávit se ha convertido en un déficit de -8.051 millones de euros. La prudencia es necesaria al ofrecer a la población pensiones que no existen. Con razón son cuestiones a tratar en pactos de Estado. La utilización demagógica es una falta de respeto a las personas jubiladas y alas personas en paro. Las angustias y las dificultades de los ciudadanos no se pueden utilizar con finalidades políticas
Al ser el gobierno de la Generalitat el último recurso para los colectivos más afectados por la crisis, el recorte del 15% en el gasto de bienestar social (educación, sanidad y protección social) del gobierno de Artur Mas ha causado efectos devastadores sobre la desigualdad y ha roto la cohesión social.
En 2104 el 20,9% de la población -con tendencia ascendente- vivía por debajo del umbral de la pobreza, según los datos del Institut d’Estadística de Catalunya. El 12% de los hogares tenían baja intensidad en trabajo, y el 12% estaba en situación de privación material severa. La tasa AROPE (Alt Risk of Poverty and Exclusión) que mide el conjunto de estos efectos, ha pasado del 23 % de la población en 2013 al 26% en 2014. Las desigualdades también se manifiestan en la distribución de las rentas, el índice S80/20 que mide la relación entre el 20 % de la población con más renta y el 20% de la población con menos renta, ha pasado del 5,9% en 2010 al 6,5% en 2014.
Según UNICEF, el 2012 el 17,5% de la población de Catalunya menor de 18 años estaba en riesgo de pobreza severa (menos del 40 % de la renta media). Una proporción que representa el triple de la media de la Unión Europea. En 2010 el 9,5% de la población vivía en hogares en los que todos sus miembros estaban en el paro. La proporción se ha incrementado hasta el 11,9% en 2015. Con una reducción de -11% de los beneficiarios de la Ley de Dependencia entre 2012 y 2015.
Ante este desastre social la Mesa del Tercer Sector forzó el año 2014, con el apoyo de PSC, ICV y la CUP, la única sesión del Pleno del Parlament en cuatro años en que ha tratado de la pobreza y la desigualdad.
Como si no fuese con ellos, los responsables de este “cataclismo conducido maravillosamente” (Victor Hugo, con referencia a la derrota de Waterloo) ,los que presumen depioneros de la radicalidad enlas políticas de austeridad y los que les apoyan, ahora se presentan como garantía en la creación de un nuevo estado. Un estado en el que aspiran a gobernar y donde, dicen, no pasará lo que ellos han provocado, y donde, afirman, no tendrán cabida las políticas que han aplicado. Es como si quisieran llevarnos al país de Nunca Jamás.
Nos han dejado en el peor de los escenarios posibles para la política, aquel que pone obstáculos al diálogo y a la negociación. Dos elementos indispensables para hacer probable realidad aquello que solo es una posibilidad. Pero con falsos argumentos y la subasta del proceso hemos pasado de la apelación al derecho a decidir al juego de casino. Y mientras, el país sin gobernar.
Pretenden atraparnos, sin éxito, entre el irresponsable –el problema no existe y ya lo resolverán los tribunales- y el aventurero –solo se arreglará con un nuevo estado-. Quieren levantar paredes y obstáculos para impedir alcanzar los cambios necesarios en el ámbito de la financiación y la gobernabilidad territorial que nos lleven a un Estado federal, entendido como el resultado del intercambio y la negociación desde posiciones diferentes.
El nacionalismo catalán y español se retroalimentan y cuando se enfrenta, como dice López-Burniol, la primera víctima es la verdad. Esto nos devuelve al principio de este texto, al lenguaje. Y ahora a la extensión preocupante de expresiones tecnológicas propias de las redes: desconexión, click, pasar pantalla… que como dice Pérez Oliva se crían en la carencia de relaciones reales y tangibles.
Por descontado que el retorno a la realidad no es fácil y que la salida política es muy compleja. La política siempre es difícil, por alguna razón dicen que Freud la situaba entre las tres actividades humanas imposibles. Pero podemos avanzar algunas consideraciones.
Primera: señalar las falsedades del relato independentista no comporta aceptar como bueno el actual encaje territorial de España. El actual modelo autonómico ha cumplido un tránsito temporal importante, y es indiscutible que con él se han conseguido los más altos niveles de autogobierno en Catalunya, pero se ha agotado. Es necesaria y urgente una reforma, especialmente en los aspectos que afectan a una mayor equidad y solidaridad interterritorial, acentuando las referencias federales, en tanto que constituyen una de las mejores formas conocidas de hacer frente a estos retos. Los países avanzados aplican soluciones federalistas.
Segunda: recuperar el diálogo y la política. Sólo la racionalidad y la sensatez pueden evitar el deterioro de la convivencia y sus consecuencias, y lo que todavía es peor, que sea cual sea el resultado de este proceso quedarán establecidas las condiciones para la fractura social.
Tercera: el proceso de la independencia, de forma irresponsable, ha deteriorado las instituciones de representación política. Es necesaria la recuperación institucional de los agentes políticos, empresariales y sindicales.
Cuarta: la recuperación de la actividad económica, para que sea posible y sostenible, debe sustentarse en la certeza y la seguridad institucional, que hoy las propuestas independentistas no garantizan.
Quinta: recuperar los espacios de concertación social, política y económica imprescindibles para asegurar una salida inclusiva de la crisis, que recupere los instrumentos de concertación laboral y que no deje a nadie en el camino.
El sociólogo alemán Ulrich Beck fue interpelado en relación al proceso de independencia al final de una conferencia en Barcelona el 14 de enero de 2013. Respondió con un diagnóstico y una recomendación. Calificó el proceso de anacrónico, por considerar que la creación de naciones-estado forma parte del pasado, y aconsejó que, en cualquier caso, no se debe hacer excesivamente el ridículo. ¿Llegaremos a tiempo?
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