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Un juicio al 9-N y a la democracia

Josep Carles Rius

El juicio del 9-N es un despropósito. Un grave error del Estado. Y va mucho más allá del ámbito judicial o político. Porque es visto por una parte importante de los catalanes como una afrenta, como un intento de humillar su voluntad de soberanía. El juicio contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau, despierta la indignación no sólo del independentismo, sino de la mayoría social que reclama el derecho a decidir. Incluso, aquellos que fueron críticos con la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014 creen que este juicio no tiene ningún sentido.

El juicio significa un paso más en la ceguera del Partir Popular respecto a Catalunya. Ceguera o mala fe. Porque es evidente que lo que hace más trascendente la consulta del 9-N es precisamente que el expresidente de la Generalitat, y dos miembros de su Govern, se sienten en el banquillo de los acusados. No sabemos qué lugar ocupará este episodio en la historia del proceso que vive Catalunya, pero seguro que será relevante.

Desde el primer momento, las dos partes en litigio midieron cada paso que daban ante la mirada de instancias internacionales. El Estado y el independentismo sabían que no podían cometer ninguna equivocación grave que les restara legitimidad. Como en una partida de ajedrez, la clave estaba en ejecutar movimientos, observar los del contrario, y evitar cualquier jugada que pudiera llevar a la derrota. Por el camino han caído muchos peones, pero ahora la partida comienza a afectar a piezas importantes. Y el juicio del 9-N pone la partida en un instante crucial. Porque uno de los jugadores, quien mueve los instrumentos del Estado, ha cometido un error.

En esta partida de ajedrez, parece que el PP, con el apoyo de parte del PSOE y de Ciudadanos, considera que puede ganar por jaque mate. Cuando, si conocieran la realidad catalana, sabrían que sólo pueden aspirar a quedar en tablas. A dejar la partida sin solución. A bloquear una salida política a un conflicto democrático. Porque una amplia mayoría social siente que forma parte de una nación y quiere ejercer su derecho a decidir. El juicio del 9-N no hace otra cosa que reafirmar esta voluntad. Las tablas tendrían un alto coste para Catalunya, pero también para España porque representarían el enquistamiento de su primer problema político.

La única solución pasa por dejar el ajedrez simbólico e ir a la democracia real. Catalunya aprobó en las urnas un Estatuto que fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Y por las maquinaciones de quienes, desde los poderes centrales, no estaban dispuestos a aceptar ningún avance en las aspiraciones catalanas. El resultado fue un conflicto democrático de primer orden. La voluntad popular expresada en un referéndum, derrotada por decisiones judiciales y políticas. Un conflicto que sólo puede ser resuelto, tal como empezó, con las urnas. Nunca con tribunales. Por ello, más allá de la reivindicación de la independencia, lo que está en juego con el juicio del 9-N es la defensa de la democracia.

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