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CATALUNYA

La salud, el negocio de la vida

Las privatizaciones son la principal arma de destrucción masiva que utilizan las élites y sus ejecutores –gran parte de los políticos, no todos– contra la población y sus derechos sociales.

“Cuando los mecanismos de tutela de los derechos han fallado, cuando los mecanismos que los poderes públicos deberían haber establecido han fallado, cuando los mecanismos de respuesta secundarios que deberían haber ofrecido tribunales y jueces han fallado, es la propia sociedad, son las afectadas y afectados quienes establecen mecanismos de autotutela de derechos, acción fundamental de garantía de derechos, especialmente en un momento como el que vivimos”. Marco Aparicio, profesor de Derecho Constitucional en el documental ‘La Plataforma’.

Derechos fundamentales y derechos constitucionales

Marco Aparicio se refiere al derecho a la vivienda pero no tengamos ninguna duda que la sentencia es aplicable al derecho a la salud, derecho reconocido en la Constitución pero que no se considera derecho fundamental, como tampoco lo es la vivienda. ¿Deben ser o no un derecho fundamental el trabajo, la alimentación, el medio ambiente, la educación, la sanidad, la vivienda…? Y qué decir de la información, el agua, las necesidades básicas… Ahora mismo no lo son. Son tan solo derechos reconocidos en la Constitución pero considerados en la práctica como secundarios, no obligatorios.

El actual sistema político no tiene ninguna intención de legislar en favor de estos derechos. El Poder aspira –y trabaja sin pausa ni compasión– a convertir los derechos constitucionales, derechos inalienables, en un negocio. No importa el futuro, ni el individual, ni el de la sociedad, ni el del planeta. Tan solo acumular. Acumular por desposesión. Sí, nos están desposeyendo. Nos están desplumando.

La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Quiere decirse que no es tan solo un derecho a satisfacer a través de la sanidad, sino que la negación o la ausencia por inacción de los derechos sociales para todos –respirar, nutrir, sanar, guarecer, educar, trabajar...-, daña la salud del conjunto de la población. Y crea desigualdades, diferencias en el derecho a la salud que son innecesarias y evitables, además de ser injustas. Y muertes prematuras a gran escala. La peor epidemia.

La salud pública pues, depende de la Política y es la política quien atenta contra la salud de todas. Porque cuando hablamos de salud lo hacemos de las condiciones en que la gente crece, vive, trabaja, envejece y de los factores políticos, sociales y económicos que modelan estas condiciones: la clase social, la procedencia, el sexo, el trabajo, la alimentación, el medio ambiente, la educación, la vivienda, la sanidad...

En la sanidad: ‘Pagar por Vivir’

Las privatizaciones son la principal arma de destrucción masiva que utilizan las élites y sus ejecutores –gran parte de los políticos, no todos– contra la población y sus derechos sociales. Privatizar significa mercantilizar, poner en el mercado. Transformar derechos en mercancía. Comerciar con las personas: si quieres vivir, paga. En definitiva, ‘Pagar por Vivir’.

Los privatizadores quieren convertir la sanidad –el eslabón más evidente por inmediato en la lucha por la preservación de la vida– en un negocio. Y lo están consiguiendo.

Dicen la Plataforma por el Derecho a la Salud, la FAVVC y la CONFAVC, en su último comunicado:

“Los responsables de salud están planeando cerrar más camas de hospitales, más quirófanos y más Centros de Atención Primaria (CAP) y durante más tiempo que en años precedentes, con la excusa de que en verano baja la demanda sanitaria.

Afirman que lo hacen para ahorrar dinero del Sistema Público pero y por el contrario, como las necesidades del sistema público de salud continúan, aumentan las transferencias de dinero público a los centros privados que hacen negocio con lo salud. Este año 2014, formalmente, el Servei Català de la Salut tiene el mismo presupuesto que en 2013. En realidad es menor porque hay que restarle el déficit que arrastra del año anterior. Por si no fuera suficientemente grave, se anuncian nuevos recortes por un importe alrededor de los 120 millones, para antes de final de año.

Esta situación se añade al recorte sostenido de los presupuestos del Departament de Salut desde 2010. En 2011, Salud disponía un presupuesto de 9.874 millones de euros y en 2013 era de 8.289 millones, esto es, 1.585 millones menos, que significa un recorte del 16% en tres años.

Deberíamos saber que mientras que a los hospitales públicos propios del ICS y a los concertados sin ánimo de lucro, se les ha recortado entre un 10 y un 15% el presupuesto, a los concertados con ánimo de lucro, como los tres de IDC/CAPIO (General de Catalunya, Sagrado Corazón, y Clínica de Sabadell) se les ha aumentado el concierto de 71,1 millones a 127, esto es un incremento del 78,6%.

Las listas de espera, por tanto, crecerán este verano y aumentarán sus malas consecuencias, lo que agravará las patologías y comportará sufrimiento, dolor e incapacidad. Y continuará la derivación de pacientes hacia los centros privados que buscan el beneficio, derivación financiada con los presupuestos públicos.

Los ciudadanos, titulares del Sistema Público, estamos cada vez más preocupados e indignados por su degradación, su futuro y las repercusiones sobre nuestra salud”.

Y exigen:

  • Que la sanidad sea 100 x 100 pública, universal, de calidad, y gestionada públicamente de manera transparente y con participación de las personas que la utilizan que son las propietarias.
  • Que funcione al 100 x 100 de su capacidad. Es decir, sin camas, quirófanos, consultas y servicios cerrados.
  • Que el dinero público se utilice al 100 x 100 para financiar centros públicos y no para centros privados que hacen negocio con nuestra salud.
  • Que durante el verano los centros y servicios sanitarios funcionen al 100 x 100.
  • Que las listas de espera generadas por los recortes no sean la excusa para derivar intervenciones y pruebas a la privada.

El Negocio: ‘Draps Bruts’ (trapos sucios)

En nuestras manos está pues, conseguir que no se destruya la sanidad, evitar su privatización, defender la titularidad ciudadana de todos los derechos, impedir que el Poder se apodere de ellos, que hagan negocios, que corrompan, que nos menosprecie. Ya no es suficiente influir, ya no se trata de convencer al Poder de la maldad que supone privatizar la sanidad y  privatizar los derechos. El Poder no atiende a razones aunque sean de la mayoría, tan solo persigue sus objetivos: asegurarse el dominio, perpetuarse, tener el mundo – humanos y recursos – a su disposición y servicio para llevar a cabo sus negocios. Al Poder no le importan las víctimas que queden en el camino: cuantos menos seamos menos bocas a alimentar, piensan.

Es necesario establecer mecanismos de autotutela de derechos y garantizarlos con la acción, como ha hecho la PAH. Como lo está haciendo una pluralidad de asociaciones de defensa de la sanidad pública que inevitablemente deberán confluir. Es el momento de la sociedad, de la ciudadanía organizada, atrevida, que supera el miedo y exige, lucha, recupera y ejerce sus derechos, que son suyos y no del Poder. Es el momento de la acción y la insumisión. Momento de desobediencia civil. La defensa de los derechos sociales, la lucha por la Salud, ha de ser responsabilidad, objetivo y compromiso de Todas.

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