Catorce solares públicos de Barcelona están a punto de ser cedidos a diferentes entidades de la ciudad. Algo impensable pocos años atrás cuando las propuestas más innovadoras y atrevidas (ya sea por parte de asociaciones vecinales o de ayuntamientos) para dar un uso temporal a espacios urbanos eran reconvertir solares en aparcamientos. Más allá de la obviedad de que la crisis conlleva una parálisis en la construcción, tanto privada como pública, y que los solares cerrados aportan sólo problemas, en el Plan BUITS (Buits Urbans amb Implicació Social i Territorial / Huecos Urbanos con Implicación Social y Territorial) del Ayuntamiento de Barcelona se puede entrever algo más que la voluntad de evitar la degradación de determinados espacios urbanos.
Si hasta ahora los instrumentos urbanísticos para hacer ciudad se han basado, en mayor o menor medida, en la capacidad de generar plusvalías económicas, un experimento orientado a extraer plusvalías sociales debería ser recibido, como mínimo, con optimismo. Nueve de las catorce propuestas ganadoras destinarán su solar a cultivar frutas y verduras. En este sentido, el Plan Buits no es un experimento tan nuevo: el área de medio ambiente del Ayuntamiento gestiona desde finales de los años 90 la Red de Huertos Urbanos, con 12 huertos que, divididos en pequeñas parcelas, son adjudicados a personas mayores de 65 mayores y a personas con riesgo de exclusión, mediante una cesión temporal por cinco años. A estos espacios se les deben sumar las numerosas iniciativas comunitarias de creación de huertos sociales que han ido proliferando en la ciudad y que han recibido un renovado impulso a partir de la eclosión del 15M. El huerto indignado en la Plaza de Cataluña ya era una declaración de intenciones que se ha concretado en diferentes espacios de huertos en los barrios. Entre los precedentes se puede citar el huerto del CSO la Vakeria, en L'Hospitalet a principios de los 90, y por su larga trayectoria, arraigo en el territorio, proyecto socioeducativo y decidida apuesta por la permacultura, es obligatorio destacar los huertos periurbanos de Can Masdeu. Algunos ejemplos de cómo iniciativas reprimidas por parte de los poderes públicos son finalmente asumidas y desarrolladas, a su manera, por las propias administraciones.
La principal diferencia del Plan Buits respecto a sus precedentes es que ha habilitado un espacio, en el sentido tanto simbólico como geográfico, de encuentro entre las iniciativas ciudadanas y el Ayuntamiento para la reapropiación colectiva del espacio urbano. Así, los usuarios no son personas individuales como en el caso de la Red de Huertos urbanos, sino entidades sin ánimo de lucro, especialmente aquellas ubicadas en el barrio en cuestión. Tampoco se restringe el uso a la agricultura urbana, a pesar de haber sido la propuesta estrella, sino que la convocatoria ha sido abierta a propuestas de usos educativos, deportivos, recreativos, artísticos, sociales o cualquier combinación de éstos. En una cultura del planeamiento urbano basada en la determinación del uso del suelo y en una cultura política basada en la desconfianza respecto al ciudadano, esta apertura e indeterminación respecto a los usos supone una innovación por parte del Ayuntamiento. Así, tras el acuerdo de cesión, la gestión del espacio quedará en manos de la entidad o entidades ciudadanas que hayan ganado el concurso (principalmente asociaciones de vecinos y/o entidades del tercer sector), en la línea de la gestión ciudadana de equipamientos públicos que, contradictoriamente, nunca se ha impulsado decididamente por parte del gobierno local, tal y como denuncia la plataforma de entidades para la gestión ciutadanía.
Sin embargo, se trata de una “apertura” más que controlada, especialmente en cuanto al proceso de selección previa de los solares que se han puesto a concurso. No están claros cuáles son los criterios que se han seguido desde el Ayuntamiento, más allá de la explícita distribución por distritos y la implícita coincidencia con reivindicaciones vecinales de determinados solares, como es el solar de Germanetes. Un reavivado tejido vecinal a la izquierda del Eixample (también de la mano del 15M) que se ha aglutinado en torno a Recreant Cruïlles, será oficialmente el encargado de dar vida a cerca de 600m2 del espacio, sólo una pequeña parte de los 5.500 m2 reivindicados por el movimiento urbano. Seguro que a estas alturas el Ayuntamiento tendrá un inventario de solares de propiedad pública en toda la ciudad y pondría la mano en el fuego de que son más de los diecinueve puestos en liza en el Plan Buits. Aparte de dar respuesta a procesos de reivindicación del espacio público ya en marcha, quizás sería más lógico empezar por aquí: que fueran los propios vecinos y vecinas, conjuntamente con la administración, los que valoraran que espacios infrautilizados son los más adecuados, por ejemplo, en función de las características del espacio, las necesidades del territorio o de las potencialidades del tejido sociocultural para darle actividad. Que haya quedado desierta la cesión de cinco de los solares es un síntoma de que las lógicas topográfica y tecnocrática aún no conectan del todo con la compleja lógica socioterritorial y las necesidades situadas de los habitantes.
Se trata, pues, de una iniciativa interesante pero también pusilánime. No sólo por el reducido número de espacios, sino también por la autolimitación a solares municipales. ¿Por qué no ciertos edificios municipales o propiedad de otras administraciones, en vez de malvenderse, se ponen a disposición del tejido social? ¿O incluso solares, locales y edificios privados en desuso? Es evidente que el hecho de que la propiedad sea pública facilita el proceso, pero las administraciones públicas, si quieren, tienen suficientes herramientas e incentivos para hacer cumplir la función social de la propiedad, recogida en el artículo 33.2 de la Constitución Española. Un par de ejemplos que pueden ser inspiradores en cómo desbordar el actual Plan Buits: el Ayuntamiento de Milán, ahora encabezado por un gobierno de izquierdas, ha impulsado un ambicioso plan de reutilización de espacios abandonados abandonados que no sólo incluye solares municipales, sino también edificios públicos y privados en desuso (al menos en la fase de diagnóstico). Así, se han cartografiado de forma abierta y colaborativa cientos de espacios en desuso o infrautilizados en todos los distritos de la ciudad, y los resultados se han hecho públicos. Entre todos los espacios inventariados, a partir de diferentes foros territoriales se ha seleccionado uno para impulsar allí una prueba piloto, con el objetivo de que estas experiencias contaminen toda la ciudad. La potente política de la ciudad de Ámsterdam de reutilización de edificios y espacios en desuso para convertirlos en espacios de trabajo compartido podría ser otro ejemplo. Una ciudad que no se entendería sin la potencia histórica del movimiento okupa y la complicidad pública, al menos hasta hace poco, para evitar la existencia de viviendas y locales vacíos.
La problemática de los espacios, edificios y viviendas en desuso no puede ser transferida sin coste hacia la ciudadanía. Como nos muestran los países escandinavos, una sociedad civil vital no es contradictoria con unos poderes públicos potentes, sobre todo cuando estos últimos actúan en beneficio de lo común. Al inicio del plan, la gestión de los solares incluidos en el Plan Buits preveía el mínimo coste para las arcas municipales y así se recogía en el baremo de puntuación de las propuestas. Aquellos proyectos más autosuficientes económicamente recibían una mayor puntuación. Sin embargo, la autogestión no tiene porque significar desresponsabilización por parte de los poderes públicos, tampoco en el ámbito presupuestario, y es evidente que la adecuación de los solares requiere cierta inversión, que debería ser asumida, en buena parte, por la administración. Por citar una experiencia más cercana, el pionero programa “Esto no es un solar”, en el centro histórico de Zaragoza, ha tenido un coste de un millón de euros para acondicionar 14 solares. Podemos hablar de urbanismo low-cost, pero no a coste cero. Las entidades sociales, culturales y vecinales también sufren los efectos de la crisis, ya sea por vía de las aportaciones voluntarias como por la disminución de las subvenciones públicas. La falta generalizada de recursos se deberá suplir, además, con la colaboración entre los poderes públicos, los propietarios, las comunidades y/o los emprendedores que quieran (re)apropiarse de los espacios urbanos en desuso. Iniciativas como la custodia urbana, inexplicablemente menospreciada por la administración, van precisamente en esta dirección.
Para mal y para bien la crisis está cambiando muchas cosas. El urbanismo de hoy ya no pasa ni por grandes eventos, ni para grandes proyectos urbanos, ni por arquitectos estrella. Ni siquiera por construir, lo que pone en jaque tanto la arquitectura como disciplina como la lógica del planeamiento urbano basada en el crecimiento ad infinitum. El urbanismo más innovador pasa por el reciclaje, la rehabilitación, la reparación, la reconstrucción y la reapropiación de lo que es de todos. Microactuaciones colaborativas que, sumadas, favorezcan un cambio más profundo sobre cómo vivir en la ciudad. Poner atención no sólo en la forma, sino también en cómo fluyen las relaciones sociales, en las percepciones, los usos y sobre todo en las necesidades de nuevos espacios para la sociabilidad, la creatividad y la producción. El Plan Buits apunta tímidamente en esa dirección, pero aún queda la duda de si es flor de crisis o bien algo más profundo en la manera de hacer ciudad.
