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CATALUNYA

ATLL, la privatización fallida que pondrá a prueba la unidad de Junts pel Sí

El programa de Junts pel Sí no menciona a Aigües Ter Llobregat, la mayor privatización de la Generalitat, en ninguna de sus 121 páginas ni especifica si la gestión del agua tendría que ser pública o privada

El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, criticó la privatización de ATLL cuando era eurodiputado de ICV

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Oriol Junqueras, Artur Mas i Raül Romeva a l'acte de Junts pel Sí / SANDRA LÁZARO

Oriol Junqueras, Artur Mas y Raül Romeva en el acto de inicio de campaña Junts pel Sí / SANDRA LÁZARO

¿Qué votará Raül Romeva, ex eurodiputado de ICV y cabeza de lista de Junts pel Sí, cuando la oposición ponga sobre la mesa revertir la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) la próxima legislatura? Es una de las incógnitas del Parlament que saldrá de las elecciones del próximo 27 de septiembre, proceso soberanista aparte. No resulta una incógnita el consenso entre todas las fuerzas parlamentarias, incluida ERC pero excepto CiU, para definir la privatización de ATLL como una chapuza.

Romeva llevó la privatización de ATLL, la más grande de la historia de la Generalitat, al Parlamento europeo el año 2013. Durante la jornada europea del agua como bien común,  el entonces eurodiputado de ICV se comprometió a "revertir los procesos de privatización del agua", como el de ATLL, que consideró contrario a las directivas europeas.

En 2013, la privatización aún se encontraba en la fase de recursos entre la Generalitat, Acciona -la compañía que ganó la concesión de ATLL- y Agbar -la multinacional que la perdió. No ha sido hasta el verano de 2015 cuando el TSJC ha comenzado a cerrar la carpeta de la guerra del agua, anulando toda la adjudicación de ATLL. La Generalitat, Acciona y el banco de inversión brasileño BTG Pactual recurrieron al Tribunal Supremo.

Entre los recursos y el pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión, ERC y CiU han votado conjuntamente en el Parlament para evitar que el conseller de Economía e ideólogo de la operación, Andreu Mas-Colell, asumiera responsabilidades políticas por la privatización. Ambos partidos también han impedido que ATLL volviera a ser pública, la última vez el 19 de junio de este año. Pero el pasado día ocho, ERC firmó, junto con el PSC, Catalunya Sí que se Pot y la CUP, el Compromís per l'Aigua a Catalunya, que insta a intentar que ATLL vuelva a ser pública. Junts pel Sí, como candidatura, no lo firmó.

"Privatizar es una decisión ideológica neoliberal que sólo beneficia a la empresa privada. A nadie más", afirma Jaume Solà, director de la Agència Catalana de l'Aigua y presidente de ATLL entre 2004 y en 2006, que recuerda el efecto de posición dominante en el mercado que produce cualquier privatización.

Los 795 millones de deuda, para la Generalitat

Un informe sobre ATLL publicado por la Sindicatura de Comptes ha certificado que la Generalitat se quedó con 795 millones de deuda de ATLL antes de privatizarla. El elevado endeudamiento de la compañía fue la excusa del Gobierno para vender ATLL, pero, sin embargo, la Generalitat se quedó con el pasivo de la compañía.

Además, la privatización se consumó con el Govern en funciones, pocos días después de las elecciones del 2012. La Sindicatura también señala que el valor de los bienes y derechos de ATLL cuando se privatizó era de 1.569 millones. La Generalitat la vendió por 1.000 millones.

Pero la Generalitat no sólo se lo puso fácil a las empresas licitadoras quedándose la deuda de ATLL. Semanas antes de que se formalizara la privatización de ATLL en 2012, el consejo de administración de la empresa pública aprobó un incremento del 70% en el canon del precio del agua que suministraba a los ayuntamientos ya otras compañías de distribución. El recibo del consumidor final se encareció hasta un 30%, dependiendo de los recursos hídricos propios que cada territorio pudo aportar para equilibrar el gasto.

Solà recuerda que, aparte de los argumentos económicos, la gestión pública del agua es exigible porque la red de agua de ATLL predetermina las posibilidades de actuación política en la ordenación del territorio y, en particular, por su influencia en el desarrollo urbanístico.

Además, Solà destaca que entregar la gestión de un servicio público como ATLL a manos privadas significa dar a una empresa el mando del agua en alta, y, por lo tanto, de la adopción de decisiones sobre el reparto y asignación de las dotaciones de agua disponibles en cada momento en cada municipio o grupo de poblaciones conectados a la red. De hecho, casi cinco millones de catalanes del área metropolitana de Barcelona dependen de ATLL.

Junts pel Sí, sin ATLL en el programa

El programa de Junts pel Sí no menciona ATLL en ninguna de sus 121 páginas. Y, sobre la gestión del agua, ¿qué dice el programa de Junts pel Sí? ¿Debería ser pública o privada? Ni una cosa ni la otra. El programa de la lista de CDC, ERC y las entidades soberanistas se limita a calificar como "imprescindible" una gestión del agua "sostenible y adaptada al nuevo contexto de cambio climático", sin especificar la titularidad.

El apartado de medidas del programa indica que la candidatura promoverá un Pacto Nacional sobre el Agua para definir "cómo debe ser la planificación y la gestión hídrica a largo plazo". En el camino hacia la independencia, un derecho básico como el agua pondrá a prueba las costuras de la transversalidad de Junts pel Sí.

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