Abogados catalanes acumulan información para presentar denuncias por las cargas policiales del 1-O
El “aluvión de denuncias”, en palabras del magistrado de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O en la capital, tendrá réplicas en juzgados de toda la geografía catalana. Colectivos de abogados de Girona, Vic, Lleida, Tarragona y las Terres de l'Ebre acumulan información, vídeos, fotografías, partes médicos y denuncias ante los Mossos d'Esquadra para enfocar la acción jurídica en los tribunales contra la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El objetivo de los letrados es recopilar todo el material posible, incluso identificar a los agentes con su número policial si es posible, antes de llevar las denuncias ante el juez. Así buscan no dilatar en exceso las diligencias y evitar que a las primeras de cambio la causa se archive por autor desconocido, como ya ha pasado con una denuncia contra la policía por lesiones interpuesta en un juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Los distintos colectivos de letrados del territorio catalán coinciden en señalar que, en un primer momento, las denuncias se limitarán a un presunto delito de lesiones por las cargas policiales, aunque algunos abogados apuntan que, en función de la investigación, se podrían solicitar imputaciones por más delitos.
El abogado Albert Carreras, coordinador de los letrados de Girona que estuvieron en los colegios electorales el 1-O y que ahora organizan la respuesta jurídica de los votantes, explica que solo en la capital gerundense han recibido 80 denuncias de lesionados por la actuación policial en una decena de los colegios de la ciudad, a las que hay que sumar, como mínimo, otra veintena de heridos entre las poblaciones vecinas de Sant Julià de Ramis –el colegio donde tenía que votar Puigdemont– y Aiguaviva.
La querella en Girona, apunta Carreras, se está ultimando y podría presentarse esta próxima semana. El letrado remarca que, si bien en un primer momento la investigación debe centrarse en las lesiones, la práctica de distintas diligencias también pretende identificar con qué criterio se ordenaron las cargas policiales.
En este sentido, Carreras sostiene que las cargas policiales contravinieron la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) para impedir el referéndum. “Nada decía el TSJC de actuar sobre personas, al contrario, remarcaba que la intervención policial no debía alterar la normal convivencia ciudadana”, asevera.
Estas acciones buscan seguir los pasos de las diligencias que ya ha pedido el juez de Barcelona que investiga las cargas en la ciudad. El magistrado ha encargado sendos informes a la Policía y a Delegación del Gobierno sobre instrucciones “orales y escritas” dadas a los cuerpos de seguridad, los criterios que guiaron las cargas policiales en Barcelona y los números de identificación de los agentes que intervinieron en los colegios de la capital catalana.
Violencia para cerrar colegios
En toda la geografía catalana se produjeron actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para cerrar colegios. Un total de 92, aunque en decenas de ellos el cierre vino acompañado de cargas policiales. En la mayoría de casos, el primer cuerpo policial actuó en poblaciones más pequeñas, mientras que el segundo se encargó de las ciudades.
En la demarcación de Lleida, donde abogados como David Gil estuvieron presentes en el 90% de los colegios, ya han acumulado un centenar de denuncias, explica el letrado, y han dejado abierto el plazo para recopilar toda la información hasta finales de mes.
“Los policías estaban muy interesados en el censo, las urnas eran importantes pero secundarias”, añade Gil, que explica que todavía no conocen ningún caso en que la policía levantara acta tras actuar el 1-O y que los agentes tampoco tuvieron en cuenta a los letrados identificados para hacer de mediadores entre votantes y policías.
La prioridad en Lleida será que los lesionados de los distintos municipios –Menarguens, Artesa de Segre, Ponts....– se tengan que desplazar lo mínimo posible, por lo que las denuncias se presentarán en el juzgado más cercano a cada municipio donde hubo heridos: Balaguer, Mollerussa, y las demás capitales comarcales. Por su lado, el Colegio de Abogados de Vic y el de Tortosa también han ofrecido asistencia jurídica gratuita para presentar una lluvia de denuncias individuales a los lesionados el 1-O.
Si los jueces aceptan el aluvión de denuncias que presentarán los colectivos de letrados, se sumarán a las diligencias por denuncias de particulares por lesiones el mismo 1-O que, además de Barcelona, mantienen abiertas juzgados de Mataró, Manresa, Mollet, Amposta, Tarragona, Lleida y Puigcerdà, según el último recuento del TSJC. “Nosotros pensábamos que nuestro trabajo se acabaría el 1 de octubre, pero tenemos para rato”, concluye Carreras.
