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Condenan a pagar 16.875 euros a un exgerente de carreteras del Govern que aceptó 35.000 en sobornos

Condenan a una multa a un exgerente de GISA que aceptó sobornos de una constructora

EFE

Barcelona —

La Audiencia de Barcelona ha condenado este lunes a una multa de 16.875 euros a un exgerente de carreteras de la antigua GISA, empresa que gestionaba la obra pública de la Generalitat, por recibir 35.000 euros en sobornos de una adjudicataria de proyectos de la administración catalana durante el gobierno del tripartito.

El ex alto cargo Jordi Vergé, así como dos directivos de la constructora Rubau Tarré, han aceptado la pena de multa que pactaron con la Fiscalía Anticorrupción, con lo que han logrado evitar ser juzgados por un jurado popular del delito de cohecho que se les imputa.

Una vez los acusados han reconocido los hechos y aceptado la pena pactada, la magistrada de la Audiencia de Barcelona que debía presidir el jurado popular ha condenado a penas de multa a los tres procesados, en una sentencia “in voce” que es firme, dado que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por GISA ya han anunciado que no la recurrirán.

En un comunicado, el exalto cargo de GISA -actualmente, denominada Infraestructuras.cat- ha explicado que ha aceptado ser condenado ante la “incertidumbre” de enfrentarse al veredicto de un tribunal popular, “posiblemente condicionado por la situación de sospecha permanente para cualquier persona que actúa en torno a las adjudicaciones públicas”.

Concretamente, Vergé ha aceptado una pena de 16.875 euros por aceptar 35.000 euros en dádivas de directivos de la constructora Rubau Tarrés, una de las que figura entre las empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalitat, por un delito de cohecho impropio.

Por su parte, los directivos de la constructora Josep Rubau y Joan Mozo se han conformado con penas de 33.750 y 10.125 euros, respectivamente, por otro delito de cohecho, mientras que la sentencia acuerda el decomiso de los 35.000 euros recibidos por el exalto cargo.

Ocho obras públicas bajo sospecha

La sentencia pactada concreta que, entre los años 2005 y 2011, la empresa GISA adjudicó ocho obras públicas a Rubau Tarrés, presupuestadas en más de 70 millones de euros, y que en todos los concursos públicos en que se acordó la concesión Jordi Vergé figuraba como secretario de la comisión técnica.

Según la sentencia de conformidad, en diciembre de 2010 Vergé se reunió con Joan Mozo en las proximidades de su lugar de trabajo, situado en la calle Vergós de Barcelona, y recibió del directivo y apoderado de la empresa Rubau Tarrés un total de 35.000 euros.

Esa entrega, sostiene el escrito de la Fiscalía que han suscrito los acusados, “le fue efectuada en consideración a su condición de gerente de obras de carreteras de la provincia de Girona”.

Vergé y los empresarios Joan Mozo y Josep Rubau fueron investigados por la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, en una pieza derivada de una causa iniciada en 2010 sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Girona en la época del gobierno tripartito.

La juez ordenó intervenir el teléfono de Mozo, consejero delegado de la constructora Rubau Tarrés, y de esas conversaciones se desprendieron indicios de presuntos pagos de sobornos a Vergé, que en 2011 fue detenido por la Guardia Civil por su presunta relación con las irregularidades que se investigaban en la pieza principal.

En su comunicado, Vergé, que fue destituido del cargo que ocupaba desde el año 2000 al destaparse el caso, asegura que en los cinco años de instrucción de la causa ha estado “aportando pruebas, justificantes y argumentaciones” en distintos recursos, pero en la mayoría de casos se acordó que estas serían debatidas en el juicio con jurado popular.

Vergé recalca en su comunicado que el delito de cohecho por el que ha sido condenado -el 426 del antiguo Código Penal- se refiere a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

“Acto no prohibido legalmente, no se puede calificar de otra manera, ya que como se ha demostrado en el sumario y en las noticias aparecidas en los medios de comunicación (...), los técnicos no tienen ningún poder decisorio en las adjudicaciones”, añade el comunicado que Vergé ha entregado a los medios.

El ex alto cargo recalca que la propia GISA, personada como acusación particular, “manifestó en la instrucción del caso que no había encontrado ninguna irregularidad en las adjudicaciones”.

Los directivos de Rubau Tarrés están siendo investigados también en la causa principal que instruye el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, junto a responsables de otras constructoras, por presunta alteración de precios en concursos públicos para hacerse con obras públicas de la Generalitat.

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