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CATALUNYA

La Fiscalía pide reabrir la causa sobre el presunto espionaje político de los Mossos

El ministerio público quiere seguir investigando si los documentos que la policía catalana iba a quemar recogían seguimientos por motivos políticos a constitucionalistas

La Audiencia de Barcelona tendrá que decidir sobre los recursos de la Fiscalía y los 17 querellantes, entre ellos líderes sindicales de Mossos y políticos de PP y Cs

Los Mossos iban a quemar documentos sobre seguimientos a dirigentes del PP

Incineradora donde los Mossos quemaron los documentos el día antes de la DUI EFE

La Fiscalía no está de acuerdo con el carpetazo a la investigación del presunto espionaje por motivos políticos cometido por los Mossos d'Esquadra. El ministerio público ha recurrido el sobreseimiento de la causa que decretó el juzgado de instrucción 22 de Barcelona, han informado a eldiario.es fuentes fiscales, que han declinado precisar el contenido del mismo para no "perjudicar la posición" de la Fiscalía en la causa y el objetivo de que se reabra el procedimiento. 

Las mismas fuentes han explicado que el recurso se ha presentado directamente en apelación ante la Audiencia de Barcelona. El titular del juzgado de instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vila Mayo, archivó la causa relacionada con la tentativa de quema de documentos que los Mossos d'Esquadra realizaron el 26 de octubre de 2017, un día antes de la DUI. Según la Policía Nacional, estos documentos mostrarían que los Mossos llevaron a cabo tareas de investigación y seguimiento a destacados políticos y representantes del constitucionalismo precisamente por su posición contraria a la secesión, tesis que ha rechazado de plano el instructor.

Tras un año de investigación, el juez concluyó que la policía catalana sí mantuvo abiertas informaciones o investigaciones sobre algunas personas, pero descartó que fueran por motivos políticos, prohibidos por la legislación. El instructor dio veracidad total a lo aducido por el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, Manel Castellví, que en su declaración como testigo alegó que se recabaron datos abiertos sobre distintas personas "con el fin legítimo de garantizar el orden público frente a posibles alteraciones", algo que el juez tildó de "necesario en una sociedad democrática".

"No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y por lo tanto no son una desviación de poder", zanjó el juez, que de esta forma restó credibilidad a los informes de la Policía Nacional, que habían alimentado la causa contra los exjefes de los Mossos, entre ellos el exmajor Trapero, en la Audiencia Nacional. 

El recurso de la Fiscalía se sumará al de los 17 presuntos espiados, entre los que se encuentran líderes sindicales de los Mossos o periodistas como Albert Castillón, así como el exdetective de Método 3 Julián Peribáñez, el exlíder de Sociedad Civil Catalana José Ramón Bosch y los políticos de Ciudadanos y el PP David Heredia y Sergio Santamaría.

En su recurso, el abogado José María Fuster-Fabra, que firma como afectado y también como representante del resto de afectados, sostuvo que los Mossos "trataron de alterar derechos tan fundamentales como el derecho de defensa, el derecho a la información, el derecho a la libre circulación sin ser vigilado, observado y espiado".

En el recurso, Fuster–Fabra calificó las explicaciones que dio el comisario Castellví de poco precisas, y aseguró que había incurrido en su declaración en "falsedades". "Nunca, jamás se ha producido un hecho similar en la Europa democrática, el seguimiento y el control sobre personas exclusivamente por defender la legalidad vigente y por supuesto no siendo sospechosas de delito alguno", argumenta Fuster-Fabra.

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