Condenan a la Generalitat a indemnizar a un menor por el fallo del localizador GPS de su agresor sexual
La Audiencia de Barcelona ha condenado a la Generalitat a indemnizar con 5.350 euros a un menor víctima de un agresión sexual. El motivo es que el pedófilo, que ha sido condenado a ocho años de cárcel, estaba en libertad vigilada cuando agredió a la víctima pero la pulsera localizadora GPS que llevaba no tenía batería, por lo que la Generalitat incumplió su obligación de controlarlo.
Los hechos ocurrieron en febrero del año pasado en el barrio barcelonés de Sarrià. El condenado, en libertad vigilada tras pasar tres años en la cárcel por otro delito de abuso sexual a menores, agredió sexualmente a un niño en el portal de su casa. El menor contó inmediatamente la agresión a su padre, que le trasladó a un centro médico.
La particularidad del caso –uno de las decenas de juicios por abusos sexuales que se celebran cada día en la Audiencia de Barcelona– es que el agresor, reincidente, estaba en libertad vigilada y la Generalitat tenía una orden judicial para tenerle localizado mediante un dispositivo electrónico. El condenado, en concreto, debía tener los movimientos controlados y tenía prohibido acudir a determinados lugares además de no poder acercarse a menores.
No obstante, la pulsera GPS del pedófilo no tenía batería en el momento de la agresión, “extremo que conocían el Servei Obert de la Direcció General de Serveis Penitenciaris y el Servei de Mesures Penals Alternatives dependientes de la conselleria de Justicia de la Generalitat”, recoge la sentencia.
“Los organismos públicos no actuaron con la diligencia debida –reprochan los togados a la Generalitat– para ordenar de forma efectiva y eficaz las medidas de control acordadas para el seguimiento y localización de J.R.G durante todos los días que tenía colocada una pulsera de control telemático GPS como una de las medidas de libertad vigilada impuestas”.
La sentencia de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona revela además que el dispositivo GPS del agresor estuvo quince días sin batería pese al alto riesgo de reiteración delictiva que constaba en el pedófilo tras decretarse su libertad vigilada. “Ningún funcionario, persona u organismo encargado de visualizar en el ordenador del Serveis Penitenciaris la conexión del aparato localizador emitió ningún informe ni acordó lo pertinente para resolver la ausencia de control en el seguimiento”, resaltan los magistrados. La sentencia es recurrible ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
