El Gobierno impugnará el 9-N para “proteger la democracia y los derechos de los catalanes”
El Gobierno de Rajoy está dispuesto a llevar hasta el final la batalla legal contra el 9-N. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes impugnar ante el Constitucional el proceso participativo que prepara el Govern catalán como plan B de la consulta soberanista del 9 de noviembre, después de que el Consejo de Estado emitiera un informe en el que avala la impugnación por unanimidad. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el recurso tiene como objeto “proteger la democracia y los derechos de los catalanes”, además de a los funcionarios a los que, según entiende, “la Generalitat no ofrece cobertura legal”.
El Consejo de Estado detectó los mismos visos de incostitucionalidad en el nuevo plan para el 9-N que en el anterior, aunque con mayor gravedad en esta ocasión puesto que el nuevo proceso “carece de garantías constitucionales”, según el informe elaborado por el máximo órgano consultivo del Estado. El Gobierno central se basará en este documento para tratar de paralizar el 'nou 9-N', un procedimiento que según Sáenz de Santamaría “no tiene cabida” en el ordenamiento constitucional español.
Pese al extenso alegato desgranando las razones jurídicas de la impugnación al proceso participativo, la número dos no ha detallado las competencias y acciones jurídicas que piensa recurrir el Ejecutivo. Sáenz de Santamaría ha señalado que si bien no hay un decreto concreto de convocatoria, sí acciones encaminadas a realizar la consulta, por lo que el objeto de impugnación sería “cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en favor del 9-N”.
El Alto Tribunal decidirá el martes en una reunión ordinaria si admite a trámite el nuevo recurso, lo que pararía automáticamente todos los preparativos de la administración catalana para el 9-N. El Govern de Mas aseguró tras conocer el informe del Consejo de Estado que seguiría adelante con sus planes al menos hasta que el Constitucional no adoptara nuevas decisiones, momento en el que, según deslizó el conseller Homs, podría convocarse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
