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CATALUNYA

La advertencia penal del Constitucional irrumpe en la pugna entre los independentistas por la investidura de Puigdemont

El auto que veta preventivamente la investidura a distancia llega tras una semana de fricciones entre JxCat y ERC sobre la posibilidad de saltarse el reglamento

El Constitucional advierte a los miembros de la Mesa del Parlament de las consecuencias penales de no respetar su veto sobre la investidura de Puigdemont

La presión vuelve a la mesa de Torrent, que deberá decidir si aplazar el pleno, buscar un candidato alternativo o desobedecer al Alto Tribunal

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Torrent mantiene la investidura de Puigdemont y exige "respeto" al Gobierno

El president del Parlament, Roger Torrent, durante su comparecencia tras el anuncio del recurso EFE

El independentismo ha pasado el sábado en el que se cumplían tres meses de la declaración de independencia de Catalunya esperando al Tribunal Constitucional. La batalla entre JxCat y ERC por la investidura estaba en buena medida a la espera de la decisión del TC. El  resultado se ha conocido poco después de las 21 horas y "perplejidad" ha sido la palabra utilizada por fuentes independentistas para explicar su reacción.

El Constitucional ha aplazado la decisión sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno. No obstante, ha dictado unas medidas cautelares que impiden a Puigdemont ser investido a no ser que se entregue antes a la justicia española. El Alto Tribunal ha advertido además a los miembros de la Mesa del Parlament de que se puede abrir contra ellos la vía penal si permiten la investidura a distancia de Puigdemont. Un aviso indispensable para que la Fiscalía pueda presentar una querella por desobediencia si Roger Torrent desoye al TC.

El apercibimiento penal irrumpe en la batalla entre los independentistas por la investidura de Puigdemont y complica las negociaciones entre ambos partidos, que hasta este sábado habían logrado el consenso sobre ir al debate de investidura con Puigdemont como candidato. Cómo se desarrollaría la sesión prevista para el próximo martes estaba aún por concretar.

La providencia dictada este sábado vuelve a poner toda la presión sobre el presidente del Parlament, Roger Torrent. Será finalmente él quien deba decidir si aplaza el pleno, busca un candidato alternativo o desobedece al TC. Ahora con consecuencias penales seguras. El independentismo había anunciado que llevaría a instancias europesa todo lo que no fuera un rechazo del recurso del Gobierno, pero ahora el TC abre un plazo para que el Parlament presente alegaciones, un trámite que debe agotarse antes de cualquier salto jurisdiccional.

Ante la nueva amenaza penal sobre los miembros de la Mesa, el primer paso de Puigdemont será pedir permiso al juez Pablo Llarena para poder acudir a España sin ser detenido y que su investidura sea presencial.

Suspicacias entre ERC y JxCat

La semana comenzó con la designación, el pasado lunes, de Carles Puigdemont como candidato a la investidura. El anuncio de Torrent, que se produjo días antes de fijar la fecha del pleno de investidura, despertó algo más que suspicacias entre sus socios, que entendieron que ERC maniobraba para obtener una suspensión previa del pleno. Para tratar de evitarlo, JxCat retiró la petición de voto delegado de Puigdemont para la investidura y fantaseó con la idea de que el candidato podría volver a la Cámara.

El retorno del president cesado, sin embargo, es menos que poco probable. Por eso, para investir a un Puigdemont ausente, la Mesa debería saltarse el reglamento. Es más, si los partidos no logran que al menos tres de los diputados de Bruselas dejen su acta, la Mesa debería saltarse el reglamento dos veces, una para permitir el voto delegado y otra para votar a un candidato incompareciente.  

Los republicanos no desean comenzar la legislatura con un acto de desobediencia abierta que deje a sus primeras espadas a merced de la acción de la justicia. Sobre todo cuando, de producirse, la investidura de Puigdemont sería inmediatamente recurrida y suspendida, quién sabe si incluso anulada antes del nombramiento.

Puigdemont no será el president de la Generalitat, sostienen en ERC, y no tiene ningún sentido "inmolarse" en una operación así. No solo por las posibles consecuencias penales para los miembros de la Mesa sino porque entienden que una investidura fallida deja la puerta abierta a que la suspensión de la autonomía mediante el 155 se convierta en indefinida.

En el partido de Junqueras llevan semanas intentando que JxCat acepte una negociación sobre el sustituto de Puigdemont para la presidencia. Es una obviedad que, de abrirse esta conversación, el nombre del líder encarcelado sería puesto sobre la mesa, en tanto que Junqueras era el vicepresidente y por tanto el recambio natural. Pero ERC ya ha dado muestras de que no se negará a valorar otros nombres, también de diputados de JxCat.

La CUP sólo quiere a Puigdemont

Por si no fueran suficientes las disputas entre ERC y JxCat, la CUP ha avisado de que sólo participará en un debate de investidura que tenga a Puigdemont como candidato. El diputado cupaire Carles Riera ha dejado claro que quieren que los partidos independentistas sigan con la vía de la desobediencia al TC.

La eventual ausencia de los cuatro diputados de la CUP en la investidura de un candidato alternativo a Puigdemont dejaría además tocada la mayoría independentista, que se reduciría a 66 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. En segunda vuelta el president puede ser investido por mayoría simple, aunque en este supuesto los cupaires también pueden ser decisivos mientras no se aclare si los diputados independentistas en Bruselas renuncian al escaño.

"El plan A, el B y el C es Carles Puigdemont", cerró con siete candados el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, el pasado viernes. En la formación postconvergente la vía legitimista les ha dado un inesperado buen resultado electoral, y no quieren ni oír hablar de dejarla atrás proponiendo un nuevo candidato a la investidura. Tanto es así que en las conversaciones mantenidas con ERC el partido ya ha dejado caer que prefiere volver a elecciones que aceptar que la perseguida "restitución del Govern legítimo" es inviable.

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