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El Govern eligió la víspera de la victoria de Colau de entre 61 fechas para desalojar el Banc Expropiat

Mossos apartan contenedores durante la manifestación del Banc Expropiat

Arturo Puente

El departament de Interior del Govern catalán eligió para el desalojo del Banc Expropiat el día 23 de mayo, víspera del aniversario de la victoria de Ada Colau en Barcelona, de entre 61 fechas posibles dentro del plazo que había dado la jueza que ordenó la intervención. El desalojo se efectuó además solo dos horas antes de la rueda de prensa conjunta entre la alcaldesa y el máximo responsable de la Guardia Urbana para presentar el nuevo plan director de la policía municipal. Los oposición municipal de Convergència había cerrado varias entrevistas con el exalcalde Trias para el día 24 por la mañana, donde cargó contra la gestión de Barcelona en Comú en temas de seguridad.

Según la resolución judicial a la que ha tenido acceso Catalunya Plural, el juzgado nº 57 de Barcelona daba a las fuerzas policiales catalanas un amplio plazo entre el 15 de abril y el 15 de junio para desalojar el local donde estaba instalado el Banc Expropiat. Fuentes de Interior confirman este plazo, de 61 días, y explican que la decisión del día concreto se efectuó en base a “criterios técnicos”, como el hecho de que el 23 fuera un lunes, día en que cierra el mercado que está enfrente del local ocupado.

Esa misma explicación dio el director general de Mossos, Albert Batlle, en su comparecencia parlamentaria del pasado miércoles en el Parlament, cuando justificó con criterios técnicos la elección del día de la semana y la hora elegida por su departamento para efectuar el desalojo. Sin embargo entre el 15 de abril y el 15 de junio hay 9 lunes, 8 de ellos fuera de la campaña electoral de las generales. Tampoco el Departament ha querido entrar a informar a este medio sobre cómo se produjo la toma de esta decisión, ni ha aclarado si fue tomada a raíz de una propuesta hecha desde el cuerpo o desde los cargos políticos.

El desalojo no solo coincidió con la víspera del aniversario de la victoria de Barcelona en Comú, sino también con otros dos hechos de relevancia policial. En primer lugar, la filtración de una supuesta “coacción” de Jaume Asens a la abogada de la Urbana, publicada por el diario El País el domingo. En segundo, la presentación por parte Colau del nuevo plan director de la Urbana, fijada para el lunes. Entre estos dos eventos, se llevó a cabo la actuación de Interior en Gràcia, que dio lugar a los incidentes de la noche.

El calendario de la tormenta política quedó marcado desde el desalojo y, a este compás, se adaptó perfectamente la oposición municipal de Convergència. El exalcalde Xavier Trias tenía concertadas dos entrevistas en medios de comunicación el 24 por la mañana, una en El Matí a Ràdio 4 y otra en Els Matins de TV3. Solo unas horas después de los disturbios y cargas policiales en el barrio de Gràcia, el excalcalde los puso como ejemplo para criticar duramente al gobierno municipal, responsabilizando a Colau de los alborotos. El mismo 24 de mayo, la federación barcelonesa de Convergència emitió una nota de prensa en la que reclamaba la dimisión de Jaume Asens por el caso de la llamada a la abogada, que quedó en nada unos días después.

“Los incidentes del desahucio del Banc en Gràcia demuestran la incapacidad de Colau de negociar y hacer maniobra para solucionar el conflicto”, aseguró Trias en Twitter, donde también lanzó una serie de tuits en los que llegó a mostrarse de parte de los okupas al asegurar que “son queridos por la gente del barrio de Gràcia porque hacen labores humanitarias y sociales”. Este tuit fue posteriormente borrado. “Un tuit anterior puede llevar a confusión sobre mi posición en relación a la violencia del movimiento okupa”, justificó poco después el exalcalde, tras lo cual explicó que siempre había condenado “la violencia que generan grupos antisistema y okupas”, pese a lo cual “en el Banc Expropiat de Gràcia actuamos para evitar disturbios”. Unos días después la Fiscalía abrió diligencias contra Trias por posible malversación de fondos debido a los pagos hechos al propietario del local ocupado.

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