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Un juez de Lleida envía a la Audiencia Nacional su investigación sobre la “deliberada actitud pasiva” de los Mossos el 1-O

Antidisturbios de los Mossos, que no actuaron el 1-O

elDiario.es Catalunya

El titular del juzgado de instrucción 4 de Lleida ha enviado a la Audiencia Nacional la causa que tenía abierta por desobediencia en relación a la “deliberada actitud pasiva” de los Mossos d'Esquadra el 1-O. Entiende el juez que la supuesta inacción de la policía catalana en la región no puede desligarse y guarda relación con instrucciones provenientes de la cúpula de los Mossos, por lo que manda la investigación a la causa que sigue la jueza Carmen Lamela contra el exmajor Josep Lluís Trapero.

El juez de Lleida ha enviado la causa a la Audiencia Nacional tras recibir un informe de la Guardia Civil, adelantado por El Periódico de Catalunya, en el que el Instituto Armado detalla el rastro que dejaron algunos agentes y mandos de los Mossos en Lleida para facilitar el 1-O, en el que se detallan datos sobre un alcalde de ERC “de confianza” de Marta Rovira.

Según el juez leridano, hay suficientes indicios para sostener la existencia de “un plan organizado desde la dirección” de los Mossos d'Esquadra encaminado a favorecer la celebración del 1-O y dificultar que Policia y Guardia Civil pudieran cumplir con la orden del TSJC del 27 de septiembre que obligaba a los tres cuerpos policiales a impedir el 1-O.

Por contra, los Mossos de la región policial de Ponent, añade el juez, tuvieron el 1-O una “deliberada actitud pasiva, planificando un servicio que aparentase el cumplimiento de las órdenes judiciales pero claramente insuficiente”. El magistrado sostiene que la policía catalana mantuvo “una actitud proactiva favorecedora de la realización de la consulta”.

Y concluye el magistrado indicando que la pasividad de los Mossos en Lleida es extensible al resto de las regiones policiales catalanes, de lo que se deduce la existencia de un “patrón común” destinado a facilitar el 1-O que fue presuntamente organizado, ordenado o planificada desde la prefectura del cuerpo y ejecutado por los mandos de las diferentes regiones policiales. De ahí que el juez envíe la causa a la Audiencia Nacional, que investiga al exmajor Trapero, a la intendente Laplana y a antiguos mandos políticos de la conselleria de Interior por sedición.

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