Meritxell Borràs alega que las urnas por las que la Fiscalía se querelló contra ella podrían no usarse para el referéndum
El objetivo de la compra de urnas por la que la Fiscalía se querelló contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, puede no ser el referéndum. Así lo sostiene la defensa de la consellera en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el que solicita a la sala que revoque la admisión a trámite de la querella que acordó la semana pasada.
En un escrito de alto contenido político en algunos tramos, la defensa de Borràs, ejercida por los letrados Pau Molins –abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos– y Juan Segarra, puntualiza, no obstante, que las urnas “pueden llegar a ser necesarias en situaciones muy diversas”, no necesariamente relacionadas con el referéndum.
Así, la defensa argumenta que las urnas que la Generalitat quiere adquirir se podrían usar en de todo tipo de comicios (locales, autonómicos o estatales) o también en elecciones sindicales de la administración catalana, los consejos escolares, AMPAS, claustros universitarios o cámaras agrarias. “Los usos a los que se destinarán las urnas son hipótesis futuras”, remarca la defensa de Borràs.
El escrito dedica un apartado a negar el delito de malversación –que eventualmente podría comportar penas de cárcel– y que, junto a al de desobediencia y prevaricación, incluyó la Fiscalía en su querella. A su juicio, en la licitación de urnas no puede haber malversación porque adquirirlas no supone un perjuicio al patrimonio de la Generalitat. Además, los letrados de Borràs retan a la Fiscalía a querellarse “inmediatamente” contra el resto de gobiernos autonómicos, como el andaluz, que han abierto concursos públicos similares para comprar urnas.
El escrito también contiene una referencia a Podemos, aunque no lo menciona expresamente. La defensa alega que la consulta “ahora supuestamente ilegal” se podría celebrar “algún día dentro del marco constitucional” si terminan gobernando partidos políticos favorables a la misma que ahora cuentan “con importante representación parlamentaria”.
“¿En qué posición quedará la Administración de Justicia si procesa penalmente a la Sra. Borràs por comprar unas urnas que finalmente se acaban utilizando en una consulta autorizada dentro del marco constitucional?”, se preguntan los letrados Molins y Segarra.
La línea de defensa adoptada, de momento, por Borràs, se asemeja a la empleada por Artur Mas en la causa del 9-N. En resumen, consiste en negar la responsabilidad penal de los hechos que le atribuye la Fiscalía pero al mismo tiempo reivindicarlos políticamente.
“Uso preventivo del derecho penal”
El contenido más político del recurso se encuentra en la crítica que se realiza contra la Fiscalía por presentar la querella y contra el TSJC por admitirla. Ambos hechos son, según la defensa, “absolutamente prematuros y precipitados”, y constituyen un “uso preventivo del derecho penal” que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De hecho, el escrito considera que, si el TSJC termina instruyendo la causa, el Estado se expone a una condena similar a la del caso Atutxa, por la que la justicia europea consideró que la justicia española había vulnerado el derecho a la legalidad penal del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Sería triste que el TSJC, para el que esta representación siente el máximo de los respetos –concluye el escrito– pasara a formar parte de las páginas menos brillantes de los repertorios de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. El TSJC decidirá sobre el recurso en los próximos días.
