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El TSJC notifica al Parlament que el Constitucional investiga la resolución por el referéndum
El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado este martes a los miembros de la Mesa del Parlament que, a petición de la Abogacía del Estado, ha empezado a investigar si la resolución sobre un referéndum unilateral de independencia aprobada en octubre por el Parlament contradice sus sentencias.
Hasta la fecha, sólo la presidenta, Carme Forcadell, estaba bajo investigación por permitir el debate y la votación de la conclusiones de la comisión del proceso constituyente. Tras el Debate de Política General, el abogado del Estado vio en la resolución independentista visos de ilegalidad, al considerar que también desarrollaba la resolución del 9 de noviembre de 2015 anulada, y el TC abrió un nuevo expediente de ejecución que implica a los miembros de la Mesa que permitieron que se llevara al pleno.
Al margen de Forcadell, los miembros que permitieron esa tramitación fueron el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) –votando a favor– y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), que se abstuvo.
El documento entregado a los componentes de la Mesa explicita que se trata del expediente de ejecución sobre la resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016. “Les advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal en que puedan incurrir en caso de incumplimiento” de lo que ordena el TC, señala la notificación.
La notificación de “apercibimiento y requerimiento” también les pide que emitan un informe en 20 días hábiles sobre las actuaciones que dieron lugar a la aceptación a trámite de la resolución.
“Hasta tal punto llega la obsesión del Gobierno que pretende anular las resoluciones parlamentarias. Los miembros de la Mesa queremos dejar claro a la Abogacía del Estado que seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es garantizar que todos los diputados que representan la pluralidad de este país puedan expresarse”, ha respondido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
