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Anna Gabriel y Mireia Boya piden al Constitucional que el TSJC asuma la causa por el procés
El Constitucional ha recibido un recurso de amparo de las exdiputadas Anna Gabriel y Mireia Boya (CUP) en el que se pide que la causa por rebelión en la que está implicada ante el Supremo, en relación con el 'procés' hacia la Independencia, sea asumida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no por el Supremo.
El alto tribunal deberá decidir ahora sobre la admisión a trámite del recurso, que presenta una base similar a la que ya plantearon la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, actual diputada de ERC en la Cámara catalana, y la exsecretaria primera de la Mesa Anna Simó.
Gabriel y Boya señalan que como diputadas del Parlament de Catalunya están aforadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Por tanto, ese es el tribunal competente para la causa en la que ella está implicada, al menos en lo que a los parlamentarios autonómicos catalanes respecta.
Actualmente, ese proceso está siendo instruido en el Tribunal Supremo por el magistrado Pablo Llarena, quien investiga el 'procés' hacia la Declaración Unilateral de Independencia. El recurso pide que este tribunal ceda la competencia al TSJC.
Aunque es pronto para aventurar ningún resultado sobre el fondo del asunto, fuentes del Tribunal Constitucional (TC) han avanzado a Efe que el criterio del alto tribunal en causas similares es que el momento de plantear la competencia del Supremo debería ser después de que se produzcan los autos de procesamiento.
Una vez concluido el sumario los imputados dispondrán de varias vías, entre ellas su propio escrito de defensa frente al auto de procesamiento, para poner en cuestión el tribunal competente en la causa, consideran a priori las fuentes del TC consultadas, que insisten en que, en todo caso, el alto tribunal no ha estudiado el asunto y no hay ninguna propuesta de resolución al respecto.
En otros recursos similares al de Gabriel y Boya, las también imputadas en la causa Forcadell y Simó piden al Constitucional que ordene remitir el sumario al TSJC alegando que así tendrán derecho a una segunda instancia y para dar una mayor apariencia de “independencia e imparcialidad”.
