El fiscal da por terminada la instrucción del caso ITV, que investiga a Oriol Pujol por soborno

La Fiscalía Anticorrupción ha dado por finalizada la investigación del caso de las ITV, por la que el exdiputado de CDC Oriol Pujol está acusado de favorecer a empresarios de su entorno a cambio de comisiones ilegales, y queda pendiente de que la magistrada instructora envíe la causa a juicio.

Según fuentes judiciales, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona han declarado este miércoles los tres últimos empresarios propuestos como testigos por la Fiscalía, quienes han confirmado que Oriol Pujol intercedió ante ellos en proyectos que beneficiaban al empresario Sergi Alsina, amigo íntimo suyo.

Con las declaraciones de este miércoles, el fiscal Fernando Maldonado da por cerrada la investigación del caso de las ITV que, después de más de tres años de instrucción, está a punto de ser enviado a juicio, con Oriol Pujol imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

En caso de que la juez le envíe finalmente a juicio, Oriol Pujol sería juzgado por un jurado, ya que los delitos de cohecho y tráfico de influencias corresponden ser enjuiciados por un tribunal popular. La causa, iniciada a raíz de unas escuchas telefónicas intervenidas en el “caso Campeón”, fue instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mientras Oriol Pujol, que dimitió como número dos de CDC a raíz de su imputación, tenía la condición de aforado por ser diputado.

La investigación comportó en 2012 la detención de varios empresarios y del exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital catalana, que remitió el caso al TSJC para que imputara a Oriol Pujol por aprovechar su influencia política para favorecer presuntamente negocios de personas de su entorno en el sector de la ITV.

Cuando la causa ya estaba siendo instruida por el TSJC, la Fiscalía Anticorrupción abrió otra línea de investigación en la que acusó de un delito de cohecho a Oriol Pujol, acusado de cobrar comisiones ilegales de un empresario amigo a través de su esposa, Anna Vidal, a cambio de favorecer operaciones industriales en que este intervenía, entre ellas deslocalizaciones.

Concretamente, la juez sospecha que Anna Vidal cobró medio millón de euros de la empresa Alta Partners de Sergi Alsina a cambio de la mediación del diputado de CDC en varias operaciones industriales, entre ellas la creación de un parque de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) o la deslocalización de las plantas de Yamaha y de Sony, por las que el amigo de Oriol Pujol cobró 6,8 millones por trabajos de asesoramiento.

A raíz de su imputación por el TSJC en el caso de las ITV, Oriol Pujol delegó en marzo de 2012 sus responsabilidades en CDC, pero siguió como diputado hasta julio de 2014, en que abandonó la política días antes de que su padre, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, confesara su fortuna oculta.

Los testigos que hoy han declarado han coincidido en admitir que Oriol Pujol se puso en contacto con ellos en relación con las operaciones industriales en que intervino la empresa de su amigo. Uno de los testigos que hoy ha declarado es el directivo de CIRSA Manuel Lao, que ha explicado a la juez que Oriol Pujol le llamó para interesarse por la reconversión industrial de la empresa Sharp y advertirle de que Sergi Alsina -que asesoraba a esta firma- se pondría en contacto con él.

De hecho, en una de esas conversaciones intervenidas, el exdiputado de CiU comenta a su amigo: “Sergi, ya he hablado con Manel Lao hijo. También he hablado con Mas y podría ser que llame a algunos de los dos Lao”. El testigo, que ha afirmado que es la primera vez que recibía una llamada de un diputado del Parlament, ha reconocido que es habitual que se reúna con Mas por su condición de presidente de la patronal del sector del juego en Cataluña y que es posible que en uno de esos encuentros abordara el tema de Sharp, pero no lo recuerda.

También ha declarado hoy el exdirector general de Relaciones Laborales de la Generalitat Ramon Bonastre, que ha reconocido que habló con Oriol Pujol sobre la operación de reconversión industrial de Yamaha -en que también asesoraba Alsina-, pero ha precisado que no vio en él otro interés más allá del político.

Bonastre ha asegurado que mantuvo una reunión “tensa” con Oriol Pujol, porque el exdiputado convergente le apremiaba para que se hiciera pública la absorción de Yamaha por el Grupo Sesé, a lo que el exdirector general se resistía a la espera de que el acuerdo de reconversión industrial fuera firme.

Otro empresario que hoy ha declarado es Miquel Salaet, que ha reconocido que intercambió llamadas con Oriol Pujol en relación con la construcción de un parque de proveedores para Seat en Martorell (Barcelona), proyecto que finalmente no llegó a buen puerto.