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CATALUNYA

El juez deja libres sin cautelares a los cinco últimos detenidos por el desvío de fondos de la Diputación

Los cinco investigados por el presunto fraude con los fondos de cooperación al desarrollo se acogen a su derecho a no declarar ante el juez

Pasan a disposición del juez cinco de los 30 detenidos por la red que desvió fondos

Pasan a disposición del juez cinco de los 30 detenidos por la red que desvió fondos EFE

Los 29 detenidos este jueves en la operación por el presunto fraude en la Diputación de Barcelona han quedado en libertad. Tras pasar a disposición judicial este viernes, el juez de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los cinco únicos arrestados que han pasado la noche en comisaría.

Se trata del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas; exdirector de relaciones internacionales de la Diputación, Jordi Castells; el actual diputado provincial y alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia; el jefe de la oficina de cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba; y el director de la patronal Pimec hasta 2014, Joaquim Ferrer.

Todos se han acogido a su derecho a no declarar en una causa que permanece parcialmente secreta y que está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones. El juez Aguirre investiga el presunto desvío de un mínimo de dos millones de euros en los fondos de cooperación al desarrollo de la Diputación hacia fundaciones, empresas y particulares afines a Convergència.

Las pesquisas sitúan a Castells, a día de hoy alto cargo de la Generalitat, como el presunto responsable máximo del desvío de dinero público. Según Anticorrupción, los fondos de las subvenciones de la Diputación de Barcelona "transitaban de forma anómala" entre las cuentas bancarias de las fundaciones Igman, CATmon y la empresa Discatimat SL, "para sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama".

El juez investiga 28 expedientes por un valor de unos dos millones euros, que contendrían las irregularidades en la gestión de los fondos de la Diputación de Barcelona a la cooperación con los países menos desarrollados, como Honduras, Colombia, Perú, Chile Marruecos o Bosnia.

El juez, entre los indicios recogidos, aporta actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero. La "mayoría" de informes técnicos de los proyectos, además, son "copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet", sostiene Aguirre. La técnica del copiar y pegar también se habría utilizado en las memorias de los proyectos, que presentan "copias literales de artículos realizados por otras entidades y que pueden ser hallados en internet".

Asimismo, algunos de los implicados en la trama justificaron su participación en los proyectos con billetes de avión cuyas fechas y horarios no les permitían estar en el país donde se realizaban las actividades recogidas en la justificación oficial del proyecto. "En otros casos –abunda el juez–, se justifica con el programa de una actividad de un día y facturas de hoteles en ese mismo país de más de diez días y facturas de una agencia de viajes que no son aceptadas".

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