El Parlament tira balones fuera sobre la quiebra del modelo catalán de cajas
El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles el dictamen de la comisión de investigación sobre entidades financieras, con los votos favorables de CiU y ERC, cerrando así la investigación que comenzó el año pasado sobre los responsables del hundimiento del modelo catalán de cajas. La comisión ha acordado llevar su documentación ante la Fiscalía y la Agencia Catalana de Consumo para que sea incorporada a los procesos judiciales abiertos.
El dictamen ha sido aprobado por CiU y ERC, que han votado a favor de todos los puntos, y PSC, que ha apoyado muchos de ellos. En contra de la mayoría de apartados se han pronunciado ICV-EUiA y CUP. El pleno ha refrendado un texto que culpa del hundiemiento de las entidades a la mala gestión, al pinchazo de la burbuja del ladrillo, a una inadecuada expansión territorial y a la falta de supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cambio la comisión pasa de puntillas sobre las responsabilidades de la Generalitat y las instituciones catalanas en un desastre financiero que supuso la inyección de 12.000 millones de euros de dinero público solo en ayudas al conglomerado de Catalunya Caixa.
La comisión exculpa a la institución de la que es parte al asegurar que “las autoridades de la Generalitat hicieron una labor de control del sistema financiero de Catalunya en términos ajustados a las competencias limitadas que les correspondían”, sin citar que las diputaciones provinciales tenían el control de algunas de esas cajas o que con frecuencia fueron cargos políticos –uno de los más conocidos el exministro socialista Narcís Serra– quienes las presidieron o se sentaron en sus consejos de administración hasta ser traumáticamente rescatadas entre 2010 y 2011. Lo cierto es que la Generalitat sí tenía algunas competencias, si bien compartidas, sobre el control y organización de las entidades financieras, tal como recoge el artículo 120 del Estatut.
La posible responsabilidad de las instituciones catalanas en la falta de control antes y durante la primera fase del colapso aparece con cuentagotas en el dictamen, pese a que depurar las responsabilidades de la Generalitat era uno de sus objetivos. Por el contrario sí acusa de malas prácticas al Banco de España, quien a partir de 2011 se hizo cargo de las cajas pactando con la Generalitat fusiones hasta convertir a las entidades de ahorro en conglomerados de basura financiera insalvable. También cita de pasada la influencia de los partidos a la hora de nombrar cargos en los consejos de administración.
Tras analizar todas las entidades de ahorros absorvidas y que han recibido ayudas públicas, la comisión expone entre los motivos del desastre la excesiva exposición al ladrillo, la fiebre por expandirse a otros territorios, la dependencia del capital internacional, la concesión de hipotecas con pocas garantías y la escasa formación de los directivos, que además, observa, recibían retribuciones excesivas no sujetas a los resultados.
Hubo estafa en la comercialización de preferentes
La comisión dictamina además que hubo “una práctica que puede calificarse como estafa” en la comercialización de participaciones preferentes por parte de las entidades catalanas. “Las cajas”, concluye la comisión, “actuaron con ausencia de criterios éticos y con falta de transparencia” durante la emisión de productos híbridos como las participaciones preferentes.
La comisión asegura que no se informó a los clientes de preferentes de forma adecuada y que se convirtieron depósitos de ahorro en productos de riesgo. La comisión señala que “algunas entidades financieras” incurrieron en estas prácticas de forma “premeditada”.
En cuanto a la supervisión, son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre quienes vuelve a recaer la responsabilidad por la falta de control sobre las preferentes, al entender la comisión del Parlament que no garantizaron la correcta comercialización de los productos ni la información necesaria a los pequeños inversores. “El canje por otros títulos que realizaron muchas entidades a partir del año 2012 fueron en buena parte de los casos en detrimento del consumidor”, apunta el texto aprobado.
