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CATALUNYA

Las recetas anticorrupción de un juez y del fiscal que desveló el 3% de Convergència

El director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, y el fiscal Emilio Sánchez Ulled debaten sobre cómo reducir al mínimo las prácticas corruptas

El fiscal Sánchez Ulled tilda de"timorata" la regulación de las puertas giratorias en España

Gimeno y Sánchez Ulled, durante el debate

Gimeno y Sánchez Ulled, durante el debate PALAU ROBERT

Pese a la mejora objetiva de los últimos años en lucha contra la corrupción, la percepción entre los ciudadanos sigue siendo que las prácticas corruptas están extendidas a lo largo y ancho de la geografía española. Pocas horas después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de uno de los exbanqueros más importantes del país, dos pesos pesados de la lucha contra la corrupción en Catalunya han debatido y mostrado sus recetas para reducir al máximo cualquier tentativa de corrupción.

El debate entre Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC y ahora director de la Oficina Antifraude de Catalunya, y el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que consiguió condenar a Convergència en el caso Palau y ahora es consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la UE, ha sido el último acto alrededor de la exposición 'Corrupción, revuelta ética' que alberga el Palau Robert de Barcelona para conmemorar el décimo aniversario de la Oficina Antifraude de Catalunya y que se puede visitar hasta el 24 de noviembre.

Además de repasar el problema de las puertas giratorias y de la financiación de los partidos, Sánchez Ulled y Gimeno han puesto el foco en la manera en cómo se prestan los servicios públicos. El fiscal ha abogado por analizar "caso por caso" si la prestación de servicios públicos por agencias y empresas públicas al margen de la propia administración supone una mejora o si, como sucede en varios casos, implica una reducción de los controles que provoca "un campo abierto" a la corrupción.

Es en este último supuesto cuando, en palabras de Sánchez Ulled, "aparece la tentación de la corrupción". Y si esta falta de filtros internos se mezcla con las "ansias y el uso perverso de la administración" por parte de los partidos políticos el resultado es un "cóctel demoledor", ha alertado el fiscal. En este sentido, Sánchez Ulled ha afeado a los partidos que empleen la administración para colocar a militantes "no por una afinidad para implementar determinadas políticas sino para buscar su sumisión y que actúen al dictado del partido por motivos no necesariamente confesables".

Fiel a su estilo incisivo, Sánchez Ulled ha tildado la financiación de los partidos políticos de "monstruosidad", y ha valorado la regulación de las puertas giratorias en España como "pecata y timorata". "Existe un riesgo y una tentación estructural de corrupción por el llamado 'capitalismo de connivencia': el poder político moviliza cantidades de dinero muy grandes y a cambio recibe del poder económico dinero, ya sea a los partidos o a las personas, o salidas profesionales para el político", ha diagnosticado el fiscal.

Por su lado, Gimeno ha afirmado que si bien de forma "menos grosera" y "más sutil" que hace unos años, el sistema económico y político todavía cuenta con posibilidades para "conseguir que primen los intereses particulares a los públicos". Para intentar acabar con estas prácticas, Gimeno también ha pedido aumentar el nivel de "profesionalización" en la administración pública, ya que ha constatado la "pérdida de conocimiento" dentro de las administraciones debido a la fuga de funcionarios al sector privado debido a sus mayores remuneraciones.

"Ningún plan anticorrupción funcionará si no se evalúa posteriormente, debemos identificar los obstáculos y los riesgos para poner las alertas correspondientes y evitar que se produzca el daño", ha aseverado Gimeno. Y respecto a la figura del alertador de la corrupción, en cuya regulación están trabajando Antifraude, el Congreso y el Parlament tras la aprobación de la directiva europea, Gimeno ha reclamado la necesidad de aprobar cuanto antes la ley para garantizar la protección de los alertadores cuando pasan a ser testigos en una causa judicial.

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