La salida del sector de Gordó del PDECat pone en jaque el legado de los gobiernos de Artur Mas

El escándalo político generado por Germà Gordó, a raíz de la imputación del diputado de JxSí y su posterior resistencia a abandonar el escaño, aumenta de dimensión día tras día. Este miércoles ha sido Teresa Pitarch, actual presidenta del Instituto Catalán de Mujeres (ICD) y mano derecha del exconseller de Justicia, quien ha roto el carné del partido para seguir a Gordó. Mientras, su corriente interna, Nova Convergència, se emplaza a un reunión el día 17 de junio para decidir si se escinde en un nuevo partido.

Junto a la del propio Gordó, la salida de Teresa Pitarch y la amenaza de escisión representa una verdadera debacle para la Convergència que formó gobierno bajo el mando de Artur Mas entre los años 2010 y 2016. Por mucho que el partido haya intentado formar un cinturón de seguridad en torno al expresident y que desde el PDECat hayan intentado aislar la crísis desvinculándose de la antigua Convergència, la caída de Gordó es un golpe que empaña irremediablemente el legado de los últimos gobiernos.

Ascendente en varias consellerías

El apartado de nombramientos del Boletín Oficial de la Generalitat es testigo de cómo el sector de Gordó controló algunos de los puestos claves en la administración de la Generalitat en los años de masisme. Algunos tan sensibles como la Dirección General de Contratación Pública, adscrita al departament de la Presidència dirigido por Francesc Homs, y que la propia Pitarch dirigió desde 2011 hasta el final de la segunda legislatura.

El ascendente de las personas reunidas en torno a la plataforma Nova Convergència en los gobiernos de Mas no acaba ahí. Gordó dirigió el departament de Justícia a partir de 2013, con directores generales de su confianza, como Pere Soler al frente de Servicios Penitenciarios desde el mismo año. Antes que eso, desde 2011, Gordó había sido secretario del Govern, es decir, mano derecha del president Mas.

Desde aquel puesto de enorme relevancia en la fontanería del Palau, el democristiano colocó a personas de su confianza en puestos clave, como Jordi Miró, encargado de la Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions y ahora una de las personas enmarcadas en Nova Convergència, además de director general en el departament de Enseñanza.

Gordó, capaz de cambiar la lista de JxSí

El poder del sector de Gordó queda patente en la forma en la que se incorporó a la lista de JxSí por la demarcación de Barcelona. Durante el proceso de confección de la candidatura, la mayoría de los consellers de Convergència se daban por descartados. De hecho, en un primer momento se anunció que solo irían en la lista la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y la vicepresidenta Neus Munté. En el caso de la primera, se entendía como una muestra de apoyo ante la querella interpuesta contra ella por la consulta del 9-N, que acabó convirtiéndose en condena. Sobre la segunda, se subrayaba el papel que Mas quería otorgarle en el partido, como también se demostró después.

Sin embargo, el 30 de julio de 2015, día en que Convergència debía ratificar los nombres propuestos para ser incluidos en la lista de JxSí, el nombre de Gordó volvió a sonar. Ocurrió después de una conversación mantenida entre ambos, en términos que las fuentes no detallan. Por la noche, tras el Consell Nacional del partido, Convergència había colocado de forma inesperada al exconseller en un lugar de salida en la candidatura, como número 20 por Barcelona.

La anécdota ilustra el poder que Gordó ha ejercido, además de sobre el Govern, sobre los órganos de dirección del partido y sobre el propio Artur Mas, a quien acompañó en sus años de oposición como gerente de Convergència. Es decir, una de las pocas figuras a quien responden los tesoreros de un partido, además del máximo dirigente, que en este caso era el propio Mas. Por esta razón no rechina que el expresidente pusiera en marzo pasado “la mano en el fuego” por el ahora imputado. Desde que se conociera la investigación, en cambio, Mas no ha abierto la boca.

Objetivo: mantener el escaño

El nombre de Gordó no solo ha resonado en las paredes gubernamentales por su conocido –y a veces temido– poder. También ha sido una de las personas señaladas recurrentemente en los diversos casos de corrupción con los que Convergència ha debido bregar. Una de las últimas ocasiones fue en la declaración de Jordi Montull, saqueador confeso del Palau de la Música, quien aseguró haberse reunido con el entonces gerente de Convergència, aunque no para hablar de dinero sino de “política y fútbol”.

Los hechos que ahora se juzgan relativos al Palau habrían ocurrido mientras Gordó era gerente y Artur Mas secretario general. Sin embargo, la imputación del ex titular de la cartera de Justicia viene por otro caso: el del 3%. Los investigadores de la Guardia Civil colocan a Gordó directamente en la cúspide de la presunta trama. Según sostienen, serían él y el tesorero Andreu Viloca las personas que cerrarían o abrirían el grifo de los contratos públicos, en función de si las empresas privadas accedían a pagar donaciones.

Ante la imputación, Gordó accedió desde el primer momento a apartarse de la presidencia de la comisión de Justicia en el Parlament, pero no así del escaño, provocando una batalla campal entre sectores del PDECat. Manteniendo el acta de diputado conseguida el lejano 30 de julio de 2015 gracias a la intercesión de Mas, Gordó conservaría su aforamiento, consiguiendo que sea el TSJC quien instruya su pieza. Pero, además, se blinda de una eventual detención, como las que ya les ocurrieron a Viloca y a otros miembros de Convergència, ya que a los diputados solo se les puede detener en flagrante delito.